EscucharDiputados de cuatro partidos recibieron con dudas y cautela la propuesta del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de vender tres activos del Estado para reducir el endeudamiento del Gobierno. Voceros de otras dos agrupaciones sí respaldaron la propuesta.
El mandatario, en su informe de los primeros 100 días de Gobierno, anunció que propondrá la venta del Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS), al tiempo que se comprometió a impulsar un proyecto de renta global.
Las ventas del BCR y del INS deben pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa, mediante proyectos de ley.
Kattia Rivera, jefa de fracción del PLN, propuso que la discusión no se limite a lo fiscal. Sostuvo que la venta aportaría poco en comparación con el tamaño del producto interno bruto (PIB), aunque no dio detalles. “La pregunta de fondo es preguntarnos qué roles debe asumir el Estado”, dijo.
Daniel Rojas, vocera del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), declaró que prefiere esperar la propuesta para emitir criterio. “Habría que esperar para ver los detalles del proyecto y los términos en que se daría, ya en el pasado se ha hablado de esta posibilidad; sin embargo, no ha tenido mucha viabilidad. No es tan fácil como decir ‘véndase y mañana lo compran’”, reaccionó Rojas.
Fabricio Alvarado, jefe del Partido Nueva República (PNR), considera que se debe evaluar el costo beneficio. “Vamos a esperar los textos completos de los proyectos para analizarlos, revisarlos con lupa, verificar las sumas de posibles ingresos y beneficios económicos para el país y, luego, tomaremos una decisión.
“Por ejemplo, entendemos que hay mucha duplicidad de funciones entre el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica en cuanto su cartera y recursos, pero debemos verificar si la venta podría aumentar la incertidumbre a los mercados y a la gente que trabaja ahí, que no es poca.
“El BCR tiene una buena cartera y maneja diversos fideicomisos de obra pública como edificios y carreteras, es importantísimo corroborar que efectivamente sean mayores los beneficios, tal como lo dice el presidente. Nosotros hemos sido cautelosos en cuanto a este tipo de venta de activos.
“No tenemos problema en discutir la venta de activos del Estado, pero tenemos que ver números y datos que validen la conveniencia o no de ello. El Estado estratégico facilitador, en el que creemos, se apunta con la privatización solo si es una mejor opción de desarrollo, pero sobre la base de datos y hechos y no de preconceptos ideológicos”, declaró Alvarado.
En tanto, Jonathan Acuña, vocero del Frente Amplio, se opuso rotundamente a cualquier venta de activos.
“Nos oponemos a la venta de instituciones. Daremos una discusión a fondo porque consideramos que vender instituciones que generan o pueden generar utilidades para el Estado es un error”, adelantó el frenteamplista.
Eli Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), y Pilar Cisneros, de la bancada de gobierno, respaldaron la propuesta.
Feinzaig recordó que la venta del BCR y Bicsa es una propuesta suya desde la campaña electoral, con la idea de promover una mayor eficiencia y competencia del sistema financiero nacional, al tiempo que se ayuda a reducir la deuda pública.
“Ambas ventas deben realizarse a instituciones de primer nivel mundial que actualmente no tengan presencia en Costa Rica, de forma que dinamicen la competencia y la innovación mediante nuevos procesos y productos”, recomendó.
Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSS), el plan del mandatario es una reducción grande de la deuda pública que asciende a ¢28,7 billones. “La venta de activos permitirá cumplir esa meta. No podemos progresar ni avanzar cuando hoy más del 40% de nuestro presupuesto se usa solo para atender la deuda. Bajar la deuda requiere acciones valientes y contundentes”, reaccionó la oficialista.
Se oponen a más impuestos
Los diputados también reaccionaron a la propuesta de Chaves de implementar un proyecto de renta global, el cual unificaría los ingresos del contribuyente al momento de tributar.
Rojas y Alvarado adelantaron que se opondrían si este incrementa los impuestos, aunque dijeron que esperarían la propuesta.
En tanto, Acuña añadió: “No apoyaremos si implica aumentar impuestos a las personas trabajadoras y si no incluye mejoras en progresividad”.
