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Los diputados Ariel Robles y Francisco Nicolás, del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), calificaron como “procesos amañados” y “maniobras encubiertas” la forma en que el Sinart otorgó un contrato a la empresa de Christian Bulgarelli Rojas, quien fue descrito por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
Los cuestionamientos surgen a partir de un oficio suscrito por la asesora jurídica del Sinart, Mariana Fernández Sequeira, quien relató que, a finales del 2022, el expresidente de esta empresa pública, Allan Trigueros Vega, le dio la orden directa de contratar a la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut. El contrato fue otorgado sin efectuar un concurso público.
“Hay un interés político por instrumentalizar contratos, fondo públicos, y dirigirlos a personas en particular. Estas personas tienen vínculo directo con el Gobierno de la República, son asesores de comunicación del Gobierno de la República”, expresó Robles.
En criterio del legislador, suponen un posible tráfico de influencias tanto la situación descrita por la funcionaria como las revelaciones de las últimas semanas respecto a la elección de la empresa de Bulgarelli, como beneficiaria de un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
“Lo que nos dicen todos los hechos es que todas las contrataciones fueron amañadas y que fueron dirigidas a las personas que querían (que fueran escogidas)”, expresó.
Según relató la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, en una entrevista con La Nación, Bulgarelli y el asesor de imagen presidencial, Federico Cruz, participaron en el diseño de los términos de referencia de la consultoría por $300.000 con el BCIE.
El legislador del Frente Amplio adelantó que, en los próximos días, estaría remitiendo el oficio a la Fiscalía, para que pueda indagar lo sucedido.
Por su parte, Francisco Nicolás señaló que hay una intención de “manipular” al Sinart, y a su agencia de publicad, para adquirir servicios de comunicación que favorezcan la imagen de la administración y repagar favores en campaña.
“A través de una maniobra encubierta, hacia oscuros destinos de campaña, que ellos quieren armar páginas, troles, bots e influencers para decir todo lo que el Gobierno quiera”, expesó.
Ambos legisladores se manifestaron a favor de aprobar una moción, impulsada por la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para crear una comisión especial legislativa, que investigue la legalidad de los contratos otorgados por instituciones públicas al Sinart.
“Creo que cada pieza de información lo que nos deja claro es que teníamos razón de crear una comisión investigadora y que esa comisión debe llevar adelante su labor, rápidamente y emitir rápidamente una conclusión y observaciones (...) para ser oportuna y verdaderamente tapar algunas grietas, fisuras o huecos, contrarios a la ley que se puedan dar”, indicó Castro.
Las jefaturas de fracción decidieron este jueves, en su reunión semanal, someter la moción a discusión y votación, en la sesión de plenario del próximo martes 12.
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