Diputados acuerdan tope de 1,94% a anualidades y subir impuestos a salarios más altos

Entre las modificaciones más relevantes, están estas dos:

-1. Limitar a un 1,94% del salario base el pago adicional que reciben los empleados públicos por cada año laborado, incentivo conocido como anualidad. Actualmente, algunas instituciones pagan más del 5%.

Según el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), este techo regiría en adelante tanto para empleados viejos como nuevos de todo el aparato estatal, porque considera que la anualidad no es un derecho adquirido. Sin embargo, no aplicaría para los funcionarios de entidades públicas en donde, mediante una convención colectiva, se haya fijado un monto mayor, pues las convenciones colectivas tienen rango de ley.

-2. Cobrar un impuesto de renta del 20% a los salarios que oscilen entre ¢2,1 millones y ¢4,2 millones, y un 25% a los que superen los ¢4,2 millones. Actualmente, estos salarios pagan un 15% de impuesto de renta. Ese 15% se mantendría, al igual que hoy, para los sueldos que van de ¢1,2 millones a ¢2,1 millones.

Aunque en la mañana de este martes también se aprobó una moción para cobrar un 15% de impuesto de renta a las cesantías que sobrepasen los ocho años establecidos en el Código de Trabajo, es decir, ocho salarios, por la noche fue anulada por los diputados.

Hay entidades que pagan 25 años de cesantía, por ejemplo. El impuesto se pretendía cobrar sobre el exceso a partir de los ocho años.

El Gobierno había descartado meter nuevas escalas del impuesto sobre la renta a los salarios, pero Ottón Solís convenció a los demás legisladores de retomar esa modificación.

Según Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, solo el 3% de la población gana un salario de más de ¢2,1 millones mensuales, lo que equivale a unas 58.800 personas dentro de una fuerza laboral de 1,9 millones.

En cuanto a las anualidades, el proyecto original establecía que tendrían un techo de 2,56% para los empleados que recibieran una calificación excelente, y un 1,94% para los que fueran calificados como muy buenos. La moción de Ottón Solís pretende unificar el pago a este último porcentaje.

La propuesta recibió en la mañana de este martes el apoyo de cinco de los ocho congresistas: Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Alexandra Loría, de Restauración Nacional; Maureen Fallas y Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN).

En contra, estuvieron los compañeros de partido de Solís, Steven Núñez y Marco Redondo, así como el frenteamplista Edgardo Araya.

Tal como explicó Solís cuando se discutió su moción, el mediodía, hay anualidades que hoy llegan al 5%, 6% o 7%, pero que su idea es limitar el plus y que “no todo el mundo se gane esa anualidad”.

“Que los malos sean castigados salarialmente o se hagan buenos, esos que son malos empleados, vagabundos, irresponsables. No podemos hacer política salarial con la anualidad”, explicó Solís a los miembros del foro fiscal.

El fundador del PAC adujo que ese incentivo que hoy se paga por el buen desempeño le cuesta al país más de ¢400.000 millones. “Podemos poner un límite, pero aún así, mantener la idea de premiar al que está trabajando bien”, dijo.

Otra moción referida a la cesantía, establece que en ninguna de las instituciones públicas se permitirá que el máximo de años de cesantía supere los 20, para aquellos casos en que por convenciones colectivas sean mayores a los ocho años fijados por el Código de Trabajo.

Topes a sueldos de jerarcas

Ottón Solís, y Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), propusieron una moción para que el pago a los jerarcas de instituciones u órganos que operen en competencia no pueda superar los ¢8,01 millones, o sea, 30 veces el salario más bajo de la administración pública.

Una moción aprobada por mayoría, también de Piszk y Solís, establece que no se podrá pagar ningún tipo de incentivo a los sueldos públicos por “discrecionalidad y confidencialidad”.

“No procede la creación, incremento, ni el pago de remuneración por concepto ‘discrecionalidad y confidencialidad’, ni el pago o reconocimiento por concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio distintos a las anualidades o antigüedad”, indica el texto aprobado.

La otra moción del oficialista y la liberacionista que recibió el apoyo de la Comisión fue la de imponer una contribución solidaria a las pensiones que reciben los expresidentes o las que heredaron familiares de exmandatarios.

En ese caso, se trata de un porcentaje que, sumado a las otras cargas, por renta y seguro social, que ya pagan esas jubilaciones, no supere el 50%.

Edgardo Araya afirmó que esas mociones son un “claro ejemplo” de lo injusta que, a su criterio, es la reforma fiscal que se tramita en el Congreso bajo el expediente 20.580.

“Se le sigue cargando a las personas trabajadoras de este país el aumento de impuestos, pero se negaron a gravar cómo se debe a la gran riqueza de este país, que no está en esas personas trabajadoras", alegó.