Los diputados tienen un amplio margen para recortar, mucho más allá de lo que proponen, el dinero que el Estado destinará a financiar las campañas de las elecciones nacionales y municipales de los años 2022 y 2024.

Liberación Nacional (PLN) acaba de presentar un proyecto de ley para reducir el aporte estatal a unos ¢34.500 millones, lo que equivale a un 0,10% del producto interno bruto (PIB). El plan es bien visto por Acción Ciudadana (PAC) y por Restauración Nacional (PRN).

Sin embargo, en los últimos procesos electorales, los partidos políticos nunca han logrado demostrar gastos más allá del 0,7% del PIB.

Para los procesos de los años 2014 (elección nacional) y 2016 (elección municipal), los partidos reembolsaron gastos por un 0,07% del PIB. En tanto, para los comicios de los años 2018 y 2020, apenas demostraron gastos por un 0,06% del producto interno bruto.

Así se desprende de datos suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Si bien la Constitución Política establece que la contribución del Estado para los partidos equivale a un 0,19% del año trasanterior a cada elección nacional, en los últimos periodos los diputados siempre han bajado el aporte a un 0,11% mediante reformas transitorias.

Si los diputados se inclinaran por la propuesta de bajar la deuda política a un 0,10%, generarían un ahorro de menos de ¢3.500 millones.

En cambio, si bajaran a un 0,07% o a un 0,06% del PIB, que es lo que realmente han gastado en las últimas elecciones, podrían ahorrarles a los contribuyentes entre ¢13.800 millones y ¢17.200 millones.

La deuda política podría bajar de casi ¢38.000 millones a poco menos de ¢21.000 millones.

Del 0,11% del PIB destinado a las elecciones en los procesos anteriores, un 0,08% corresponde a los gastos de las elecciones nacionales y un 0,03% a las municipales.

¿Qué pasa con el dinero que no se usa? Los partidos tienen derecho a reembolsar gastos según la cantidad de votos obtenida.

En el caso de las elecciones nacionales, si un partido le cobra al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) menos dinero del que tiene derecho, la diferencia queda a su favor para gastos ordinarios de organización y capacitación, junto con el porcentaje de la deuda política que cada agrupación reserva para ese fin.

Así, por ejemplo, Restauración tiene hoy a su favor más de ¢3.200 millones y el PAC, más de ¢1.600 millones.

El Estado no puede recuperar ese dinero aunque no se utilice.

En el caso de las elecciones municipales, el dinero no cobrado sí es devuelto al Estado.

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Dispuestos a debatir

En la corriente legislativa, hay otro proyecto del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, que establecería destinar el 0,11% para los mismos comicios.

También el socialcristiano Erwen Masís propone que sea del 0,10% para el ciclo electoral 2022-2024 y para las nacionales del 2026.

Las bancadas de los partidos PLN, PAC, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio no le cierran la puerta a iniciar una discusión que permita generar más ahorro de los planteados en esas tres iniciativas de ley.

En tanto, Carlos Avendaño, congresista de Restauración, dijo que su partido se encuentra analizando la propuesta del PLN, al igual que el bloque Nueva República, el cual lo discutiría en reunión de fracción.

Según Enrique Sánchez, jefe del PAC, vale la pena discutir diferentes porcentajes considerando que el aporte se calculará sobre el PIB de este año, el cual tiene una caída del 5% con relación a la del año anterior debido a los efectos de la pandemia, de acuerdo con proyecciones del Banco Central.

En ese debate, él advierte de que, mientras más se reduzca el aporte estatal a las campañas políticas, más dependerían los partidos políticos de aportes privados, lo cual, a su juicio, “necesariamente, no es positivo”.

“La discusión está abierta en cuanto a la necesidad de reducir la deuda. Abrirla a otros porcentajes me parece que es posible, pero por lo menos no lo hemos debatido en la fracción ni en el partido”, finalizó Sánchez.

Rodolfo Peña, jefe del PUSC, indicó: “Claro que se puede rebajar a menos de un 0,10% del PIB, pero creo que la rebaja debe ser proporcional tanto para la campaña nacional como para la municipal”.

Añadió que, de momento, su partido propone que ese 0,10% sea calculado con el tamaño de la economía de este año y aplique para el ciclo 2022-2024 y para las nacionales del 2026.

“Se daría un ahorro mucho mayor que los que proponen ajustes solo para una elección nacional y municipal”, finalizó el socialcristiano.

Villalta pide que el debate no incluya otros planes como lo hace el texto de Viales que acortaría en 25 días el tiempo para reconocer los gastos de campaña.

Agregó que, por lo pronto, le presentaría mociones de fondo para ajustar el porcentaje del 0,11% al 0,10%. Ese texto él lo presento desde finales del 2018 y ya está dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

“Yo estoy dispuesto a que se amplíe la discusión y también del monto de la deuda. Estoy a favor de una reducción mayor siempre que logremos un consenso para que la propuesta camine pronto. Es una reforma que no debe postergarse mucho más pare evitar entrar al ciclo electoral y, además, hay plazos constitucionales para hacer estas reformas”, añadió Villalta.

Luis Fernando Chacón, jefe de bancada del PLN, asevera que su partido está de acuerdo en reducir el porcentaje de deuda política. Añadió que a lo interno de la agrupación, hace dos campañas, se iniciaron recortes a los gastos.

“De tal forma que estamos dispuestos a aprobar un proyecto que venga a reducir la deuda política y veremos con buenos ojos la posibilidad que se reduzcan los plazos de la campaña política que permitan al país tener procesos democráticos en un menor tiempo y con costos mucho menores”, indicó.

Gustavo Viales, quien además es secretario general del PLN, dijo creer que se pueden hacer mayores ajustes a los porcentajes.

No obstante, aseveró que ese tipo de cambios no garantizarían un menor gasto.

“El porcentaje define un monto al que se puede alcanzar, pero para alcanzar ese monto está en al revisión de los gastos. Por ejemplo, en las pasadas elecciones municipales, Liberación Nacional tenía derecho a ¢3.200 millones pero reportó gastos por ¢2.700. O sea, ¢500 millones no se reportaron”, puntualizó.

“Por eso, en el proyecto mío, yo dispongo de menor plazo para que se autoricen gastos. Entonces, los partidos van a tener menos espacio para poder definir sus gastos, generando ahí sí un ahorro efectivo”, aseguró Viales.

Su iniciativa acortaría de cinco meses y medio a cuatro meses y medio el tiempo para reconocer actividades proselitistas con cargo a la deuda política, la cual es tramitada ante el TSE.

Las actividades de los partidos políticos esos primero 25 días, después de la convocatoria a elecciones, pueden financiarse con contribución privada o recursos propios, según explicó el legislador.

Ese texto permitiría reembolsar las actividades partidarias entre el 1° de noviembre del 2021 y hasta el 23 de marzo del 2022, es decir, 45 días después de las elecciones del 6 de febrero de este último año.

Actualmente, el Código Electoral establece que los gastos de campaña empezarán el 6 de octubre de 2021, cuando se hace la convocatoria a elecciones, y se extenderán hasta 45 días después de la elección.