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Con tres votos a favor y cinco en contra, la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios dictaminó negativamente el proyecto de ley del Partido Liberal Progresista (PLP) que proponía abrir el monopolio de la producción y distribución de alcohol que, actualmente, está en manos de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
Votaron en contra los legisladores Oscar Izquierdo y Pedro Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y la independiente María Marta Padilla.
A favor se manifestaron la proponente Kattia Cambronero, del PLP; Yonder Salas, del Partido Nueva República (PNR); y Alexander Barrantes, de la bancada de gobierno de Progreso Social Democrático (PPSD).
Luego del rechazo, la diputada Cambronero expresó su descontento, argumentando que la votación refleja la resistencia a las reformas del Estado. Destacó que, durante la discusión en comisión, el proyecto recibió el respaldo de 20 empresas interesadas en elaborar productos relacionados con el alcohol, las cuales se quejaron de la incapacidad de Fanal para proveerles alcohol industrial.
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“Lo que ocurrió en la comisión es la representación del pensamiento poco reformista y la necesidad que tienen algunas fracciones legislativas de mantener monopolios que encarecen los productos para consumidores nacionales. Y, además, inhabilitan la posibilidad de crear empresas”, señaló la proponente.
Entre los argumentos para promover la apertura del monopolio, el PLP destacó el estado financiero de FANAL al 31 de diciembre del 2020, el desarrollo de la industria y la generación de más empleos.
Según la justificación del proyecto, basada en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), la fábrica presentaba deudas por ¢24.141 millones, con un patrimonio negativo de ¢8.948 millones. Además, para esa misma fecha, se reportó una pérdida neta de ¢1.930 millones.
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“Hoy por hoy, Fanal es insostenible para el Estado. La única razón por la que continúa existiendo es porque se ha cargado a los contribuyentes el peso del fracaso y la mala gestión institucional de Fanal”, dice el texto.
Ariel Robles dijo que votó en contra porque informes de la Contraloría General y el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señalaron la ausencia de estudios y sustento económico. Argumentó que aprobar el proyecto sin una comprensión clara, para sus consecuencias, sería irresponsable.
Alcances del proyecto
Además de la apertura del monopolio del alcohol, el proyecto de ley proponía cambios en la distribución de los fondos recaudados mediante el impuesto a los licores, así como un aumento en los impuestos a los licores extranjeros.
También, autorizaba al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a condonar los impuestos adeudados por Fanal, además multas, recargos e intereses.
Del mismo modo, permitía que la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) comercializara alcohol producido por los ingenios nacionales que cuenten con destilerías y utilicen materias primas nacionales.
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Actualmente, los recursos del tributo se canalizan a través del IFAM, que los distribuye posteriormente. El 50% de estos fondos se mantiene en las arcas del instituto, mientras que un 25% se asigna a las municipalidades de todo el país en función de la población de cada cantón.
El 25% restante se divide entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El proyecto de ley propone modificar esta distribución de la siguiente manera: un 40% se destinaría a las municipalidades, priorizando a los cantones con menor Índice de Desarrollo Social para recibir mayores recursos.
Por otro lado, el 60% restante se distribuiría entre el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, los comités cantonales de deportes, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), la ANAI y la Recomm.
El ajuste implicaría la reducción de fondos asignados a la UNGL y la UNED, así como una disminución en el porcentaje destinado al régimen municipal.
“Veo la lucha de conflictos de interés para no restar recursos a instituciones que no aportan nada a los costarricenses como a la UNGL y el IFAM”, aseguró Cambronero.
El expediente pasará al plenario con un informe negativo de mayoría, y otro afirmativo de minoría, según el PLP.
Los diputados Oscar Izquierdo y Carlos Andrés Robles no respondieron consultas de La Nación.
