EscucharLas renuncias de la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Guiselle Cruz Maduro, y de la viceministra académica, Melania Brenes, la noche de este domingo, no generó tranquilidad en la Asamblea Legislativa, pese a que horas antes un bloque de oposición había solicitado la salida de la jerarca.
Al contrario, los congresistas aseguraron que el daño ya está hecho en los estudiantes de quinto grado que respondieron a la solicitud de información personal en el polémico cuestionario en las pruebas FARO, por lo que prometieron llegar hasta las últimas consecuencias hasta conocer, según dijeron, al verdadero responsable.
“Es lo mínimo que podían hacer al cometer la mayor falta posible en sus cargos en contra de la niñez de Costa Rica”, aseguró Jonathan Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República, sobre la salida de las funcionarias.
“Llama la atención que el presidente, al final del comunicado, les agradece por su trabajo, evidenciando que no le pesa lo más mínimo lo sucedido. La pruebas FARO son una falta gravísima que no vamos a pasar por alto y no dejaremos que quede en la impunidad. Sin duda, en la Asamblea Legislativa iremos hasta las instancias finales para saber quién es el verdadero responsable de esta catástrofe”, prometió el fabricista.
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Pablo Heriberto Abarca, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló como evidente la responsabilidad política de la ministra. Sin embargo, considera que aún queda pendiente conocer sobre la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas sobre el problema.
“Aún hay muchas preguntas que contestar y me parece que en esto hay que llegar hasta el fondo del asunto. También está pendiente de ver la responsabilidad del Consejo Superior de Educación (CSE)”, evaluó el socialcristiano.
Antes de su renuncia, la viceministra Brenes había declarado a La Nación que Cruz no había revisado el polémico cuestionario de las evaluaciones. “Es realmente un tema tan técnicamente específico que no es un área en que ella (la ministra) esté velando porque tiene equipos técnicos en los que se confía”, descargó Brenes.
La jefa de bancada del PLN, María José Corrales, alegó que era insostenible la continuidad de Cruz en el cargo. “La renuncia es un paso necesario pero jamás debe interpretarse como una resolución del tema. Al contrario, existen muchas dudas e interrogantes sobre las verdaderas intenciones del gobierno para realizar este tipo de preguntas”, manifestó.
Ana Lucía Delgado, legisladora liberacionista, también martilló que las salidas no resuelven “la grave vulneración que sufrieron nuestros niños y sus familias, con la prueba FARO, las cuales de paso fueron financiadas con el dinero todos los costarricenses”.
“Este gobierno no ha entendido la gravedad de recoger, manipular y procesar datos sensibles y confidenciales al margen de la ley y nunca lo entendió. Tener a nuestros niños por horas, sin descanso ni alimentación, extrayendo información confidencial, es grave y por supuesto inaceptable”, calificó Delgado.
En opinión de la verdiblanca, los nublados del tema deben ser aclarados. “A ello se suma la inacción de la Prodhab (Agencia de Protección de datos de los Habitantes) frente a esta grave vulneración, en el marco de sus obligaciones que le otorga la legislación para proteger los datos de las personas. Las responsabilidades no se delegan ni se extinguen con la renuncia”, sentenció Delgado.
Eduardo Cruickshank, vocero de Restauración Nacional (PRN), sostuvo que “no podía continuar en su cargo la ministra Guiselle Cruz ante la ausencia de liderazgo y el abuso al que sometieron a los estudiantes”.
Mileidy Alvarado, también restauracionista, consideró que la salida de las funcionarias debió ocurrir desde que se conoció el contenido del cuestionario, lo cual calificó de “atropello” a dichos estudiantes.
“Como jerarca debió asumir su responsabilidad y apartarse del puesto. El daño ya está hecho. Espero que, en lo que resta a esta administración, la cartera se asuma con la seriedad que corresponde. Esto no tapa el grave error cometido”, sentenció Alvarado.
Este domingo, el PLN, PUSC, Nueva República, Integración Nacional (PIN), el PRN y parlamentarios independientes habían solicitado la renuncia de la ministra. El bloque, excepto Restauración Nacional, impulsaba al mismo tiempo una moción de censura.
