Diputados de diversos partidos le respondieron al rector de la UNA, Francisco González, que las universidades públicas pueden usar el ahorro que genere el proyecto de reforma al empleo público para mejorar la educación superior en el país.
Así reaccionaron luego de que González, quien también es presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), afirmara que, en el caso de las universidades, la aplicación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público no le generará ningún ahorro al Estado, pues las casas de enseñanza se quedarán con el dinero que se logre ahorrar.
Así lo afirmó el jerarca de la Universidad Nacional (UNA) este jueves, durante una manifestación al frente de la Asamblea Legislativa, cuando representantes de las universidades públicas exigieron a los diputados no avanzar con los trámites finales de esa iniciativa, o bien, sacar a la educación superior pública del ámbito de acción del proyecto.
En declaraciones reproducidas por el semanario Universidad, González calificó como una contradicción del expediente 21.336 que, si bien el Estado pretende generar ahorro al aplicar un salario global a los trabajadores públicos, incluyendo los universitarios, en realidad el ahorro generado en los presupuestos universitarios no se les va a devolver a las arcas estatales.
“Las universidades no pueden devolver ese dinero al Ministerio de Hacienda”, dijo el presidente del Conare, quien alegó que existe una obligación constitucional del Gobierno de financiar la educación superior y arguyó que sería inconstitucional devolver lo que no se utilice.
Vía telefónica, el rector dijo a La Nación que la transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), establecida por mandato constitucional del artículo 85 de la Carta Magna, tiene sus propias condiciones, por ejemplo que no puede ser menor a la transferencia del año anterior.
“Si la Ley de Empleo Público plantea algún nivel de ahorro, ese dinero les queda a las universidades”, comentó González.
Ante lo dicho por el rector, la jefa de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, reconoció que el Gobierno debe seguir girando el FEES como lo manda la Constitución, pero entonces las casas de enseñanza tendrán espacio para potenciar su servicio educativo.
“Con la reforma al empleo público, todo lo relacionado con salarios y pluses tiene que disminuirse. Todo ese ahorro que va a haber, debería ir para personas que lo necesiten: estudiantes, programas de investigación, mejoras de infraestructura”, remarcó la legisladora.
Rodríguez insistió en que el ahorro debería destinarse a incrementar la inversión en educación. “Esa es la parte que ellos no están diciendo y que queremos ver con el proyecto”, dijo.
En tanto, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, considera que González mezcla dos discusiones diferentes, relacionadas con la eficiencia y la priorización de la atención a los estudiantes.
“Ellos mismos aceptan que hay que hacer un mejor redireccionamiento de los recursos. Otra cosa es que el Estado, como un todo, tiene que generar un ordenamiento de los regímenes de empleo”, comentó el oficialista.
Enrique Sánchez dijo que no tiene claro si se pueda devolver el FEES o no, pero que bien se puede invertir en infraestructura universitaria, becas, programas de atención social y de extensión docente.
“Nunca puede ser una mala inversión. En buena hora que vaya a existir más recursos para temas centrales como ese”, dijo.
Este mismo jueves, durante la sesión del plenario, el jefe de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, usó la palabra para dirigirse a los estudiantes universitarios, precisamente para decirles que esa mayor holgura en los presupuestos de los que habla el rector de la UNA precisamente les beneficiará a ellos.
“El espíritu es tratar de arreglar y eliminar esas gollerías que han hecho a nivel administrativo, beneficiando a diferentes funcionarios. No es hacerle un daño a los estudiantes, no es quitarles condiciones de becas, ni desmejorar la educación”, indicó.
Peña enfatizó que, más bien, la idea es economizar y redirigir a “ustedes, los estudiantes universitarios, que tengan mejores condiciones”.
El socialcristiano añadió que todas las decisiones legislativas sobre ese proyecto van en el sentido de mantener dentro del ámbito de acción al proyecto, para eliminar los abusos administrativos.
“No es, estimados estudiantes universitarios, nada contra los derechos de ustedes, ni los beneficios que tienen, la preocupación nuestra es que los miles de millones que les llegan a las universidades públicas se quedan en la parte administrativa, no les lleguen a ustedes”, sentenció.
Aunque el rector de la UNA adujo que las autoridades de las universidades públicas están convencidas de que tienen que hacer ajustes en las estructuras salariales, la discusión contra el proyecto de empleo público “no se reduce a un tema salarial”.
Afirmó que ya la ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estableció límites muy claros en las estructuras salariales, y que eso se está aplicando en la estructura del empleo universitario.
Como ejemplo de la supuesta inconstitucionalidad de devolver recursos al Estado, Francisco González recordó que la donación que se hizo a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por la pandemia tuvo que hacerse por la vía de la excepción.
“El Ministerio de Hacienda no puede recibir de vuelta ese dinero, los fondos públicos no se pueden utilizar de esa manera”, acotó.
González reconoció que el 2020 tuvieron “cierta holgura” que utilizaron para ampliar la cobertura de becas de la población universitaria, tanto en la UNA como en otros centros que pudieron hacerlo.
“Hay una contradicción en el proyecto de ley que pretende generar unas condiciones de ahorro, pero que son ya inherentes a la universidad, le son propias”, insistió.