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Dos diputados urgen a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a acabar con las barreras que excluyen a trabajadores y patronos del sistema de salud y seguridad social.
Se trata de los legisladores Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pedro Muñoz, subjefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes consideran apremiante flexibilizar la manera en que el Estado cobra las cuotas obrero-patronales.
Los altos costos de estas imposiciones empujan a empleadores y trabajadores a la informalidad, consideran los congresistas.
Por eso, estiman, la Caja debería darles más facilidades; por ejemplo, rebajar a los empleados las cargas laborales con base en la cantidad de horas trabajadas, en lugar de la cuota estándar que se les cobra actualmente.
'No se necesitan leyes’
Tanto Hernández como Muñoz sostienen que mejorar el cobro de cargas sociales para trabajadores y patronos es potestad de la Junta Directiva de la CCSS.
De haber disposición por parte de los miembros de esa cúpula, no sería necesario aprobar leyes en la Asamblea Legislativa, aseguran los congresistas.
“Esto es voluntad de la propia Junta Directiva de la Caja; no necesariamente se requiere de leyes. Para muestra, un botón: lo que se aprobó recientemente para que, de forma escalonada, el aporte del patrono (de una microempresa) se haga por cinco años. Eso fue un acuerdo; no requirió leyes”, argumentó Hernández.
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Según la liberacionista, hay desidia por parte de los altos mandos de esa cúpula de la CCSS.
“Ahí lo que yo encuentro es alguna resistencia del sector que está llamado a hacer esto (los cambios en el cobro de cuotas)”, dijo la diputada.
“No es necesario (aprobar más leyes). La CCSS podría hacerlo, pero no lo hace. Mientras tanto, pierde la oportunidad de atraer a cientos de miles de costarricenses y, más bien, los excluye”, agregó Muñoz.
¿Qué pasa si la Caja no toma decisiones? Es cuando procede la aprobación de normativa por parte de los diputados.
Sin embargo, de poco sirven nuevas leyes si esta entidad apela a su autonomía.
“Cada vez que ha existido un proyecto de ley para intentar cambiar el cobro a la seguridad social, por el tema de la autonomía de la Caja, el proyecto se ha declarado inconstitucional”, recordó Hernández.
Quiere decir que, si la CCSS considera que una ley lesiona su autonomía, es necesario reformar la Constitución Política.
Entonces, la única vía sería una reforma constitucional “donde quede muy claro que la autonomía no impide eso (la aplicación de la nueva ley) y se les dé el derecho a las personas”, agregó Hernández.
Informalidad y exclusión social
Al no formalizarse con la Caja, patronos y trabajadores quedan fuera de la atención en salud y pierden la posibilidad de contar con una pensión, en momentos en que la demografía proyecta una población de adultos mayores tres veces más grande que la de hoy para el 2050.
La más reciente Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que un 46,3% de la población costarricense está compuesta por trabajadores informales.
El segmento informal lo integran aquellas personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social por medio de sus patronos, así como ayudantes no remunerados o trabajadores por cuenta propia. También forman parte de este los empleadores cuyas empresas no están constituidas en sociedad.
“Costa Rica es el único país en la región donde la informalidad sube cuando en los otros ha venido bajando”, enfatiza Hernández, basada en el más reciente estudio para Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Un análisis reciente hecho por La Nación, con base en datos de dos departamentos distintos de la Caja, reveló que 800.000 personas viven sin seguro de salud en Costa Rica.
Tres proyectos de ley en trámite
La fracción del PUSC impulsa tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa con miras a flexibilizar el pago de cargas sociales, y con ello bajar los porcentajes de informalidad. Todos fueron presentados por el diputado Pedro Muñoz.
Uno de estos, tramitado bajo el expediente número 21.434, propone equiparar las cotizaciones de asalariados y de trabajadores independientes.
Actualmente, quienes tienen un patrono aportan a la seguridad social un 10,3% de su salario, lo que incluye el seguro de salud y los aportes para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
En cambio, quienes trabajan por cuenta propia deben desembolsar entre el 10,5% y el 18,5%, dependiendo de su ingreso.
La iniciativa, denominada Ley del Trabajador Independiente, propone que a los cuentapropistas se les cobre el mismo 10,3% que a los asalariados, y que este porcentaje se calcule sobre la renta neta y no sobre la renta bruta.
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No obstante, es un proyecto al que se opone la Caja, por considerar que atenta contra su autonomía.
“(El proyecto de ley) incide directamente en las competencias que de grado constitucional le han sido delegadas a la CCSS, al tratar de regular materia relacionada con la administración y el gobierno de los seguros sociales a su cargo, respecto de la categoría de aseguramiento del trabajador independiente, lo cual se constituye en núcleo central de su especial autonomía y en virtud de la cual ningún órgano o ente externo puede intervenir en esa esfera”.
Así dicta el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la institución de salud, el pasado 18 de julio de 2019, donde los miembros de esa cúpula convienen oponerse al proyecto. El acta es la número SJD-0976-2019.
Consultada por este medio en noviembre, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que aunque serían necesarios unos ajustes, el Gobierno “ve con buenos ojos” la iniciativa de Ley del Trabajador Independiente.
“Este proyecto, como todos, necesitaría un poco más de afinamiento en cuanto a la fuente de financiamiento, pero es clave que para poder reducir ese más de 40% que tenemos de informalidad, esta es una de las rutas.
“Las personas necesitan aseguramiento y mayor seguridad jurídica, y este fue uno de los proyectos que dentro de la estrategia de crecimiento, empleo y bienestar, calificamos como uno de los importantes dentro de la ruta de la formalización y de la reactivación económica”, respondió Garrido.
Una segunda propuesta del PUSC es condonar deudas por mora, multas, sanciones e intereses a trabajadores independientes, trabajadores voluntarios y patronos que adeuden dinero a la Caja, con tal de que se pongan al día.
El proyecto, denominado Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales (expediente 21.522), propone perdonarles las multas e intereses a los morosos, siempre que realicen el pago del monto principal de las cargas sociales.
Según el texto, a mayo de 2019, en el país había 15.553 patronos activos que adeudaban a la CCSS ¢71.000 millones, sin contar intereses, multas y sanciones.
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El tercer proyecto de los legisladores rojiazules para atenuar el impacto de las cargas obrero-patronales es desaparecer la base mínima contributiva, es decir, el monto más bajo con base en el cual los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios deben cotizar a los seguros de salud y de pensión. La propuesta es que se les cobre según el ingreso de cada uno.
Por ejemplo, hoy, las bases mínimas contributivas para estos sectores son de ¢287.350 en el seguro de salud y de ¢268.956 en el de pensiones (IVM).
Nadie puede aportar por debajo de esos montos, sin importar si su ingreso se lo permite o no.
Sobre el seguro de salud, la deducción mensual es del 4,33% sobre la base de ¢287.350, es decir, ¢12.400.
En tanto, para la pensión, la imposición es del 5,16% sobre la base de ¢268.956, o sea, ¢13.800.
El porcentaje total rebajado, tanto por seguro de salud como por el de pensión, es del 9,49%, para un monto final aproximado de ¢26.000.
Esta última es la tarifa mínima que debe pagar hoy, por mes, cualquier trabajador independiente o voluntario que quiera asegurarse por salud y por pensión.
Esta tercera propuesta del PUSC se llama proyecto de Ley de Justicia en la Base Mínima Contributiva para Incentivar el Empleo y es el expediente número 21.437 en la corriente legislativa.
Según explicó Odilí Arias, directora de Inspección de la Caja, se ofrece la alternativa de optar únicamente por el aseguramiento en salud.
No obstante, afirmó la funcionaria, para optar por la jubilación del IVM es obligatorio cotizar para ambos seguros: salud y pensión.
De estas tres iniciativas de la fracción de la Unidad, solo la segunda, Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, fue convocada por el presidente Carlos Alvarado para sesiones extraordinarias en el Congreso, período que concluye el 1.° de abril del 2020.
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