Los legisladores Emilia Molina, del PAC, y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, llamaron a sus compañeros de curul a votar cuanto antes el plan de ley que endurece los castigos contra las relaciones sexuales de adultos con niñas.
El llamado se hizo ayer en plenario como reacción a un reportaje de este medio, donde se reveló que padres de familia y encargados de menores sacan provecho económico de la sexualidad de sus hijas.
“El titular de La Nación es reflejo precisamente de una situación que vivimos todos los días y que, a diario, nuestras niñas y adolescentes, que podrían ser nuestras hijas o nietas, están sufriendo en el país”, afirmó la diputada Molina, quien llamó a sus compañeros a votar el plan de ley expediente 19.334.
Ramírez señaló que es urgente tener respuestas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) respecto del tema, y conocer el manejo que se hace para proteger a las menores.
“No podemos dejar pasar esto de reojo; es una preocupación que debemos tomar en serio. Debemos pensar en las niñas que son explotadas sexualmente”, dijo el diputado Ramírez.
Por su parte, la presidenta del PANI, Ana Teresa León, instó a la ciudadanía a denunciar eventuales casos de explotación sexual de menores de edad por parte de sus propios padres.
Según León, este tipo de actuaciones constituyen un delito: “Si padres y madres son permisivos y propician o facilitan el delito, se incurre en proxenetismo, que está penalizado con entre cuatro y diez años de cárcel (es agravado cuando la víctima es ascendiente, descendiente, hermano o hermana). Asimismo, incumplen en deberes parentales hasta el punto de perder el ejercicio de la patria potestad”.
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