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Los diputados y el Poder Ejecutivo acordaron incluir, en un proyecto de ley de ingreso a la OCDE, una ampliación de opciones para que los bancos públicos puedan financiarse, mediante deuda subordinada, con más tipos de entidades financieras.
La disposición será parte del proyecto de ley que crearía una garantía para cubrir en caso de emergencia, hasta por ¢6 millones, cada depósito de los ahorrrantes en bancos públicos y privados, así como en las cooperativa.
Esto último es un requisito de ingreso del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El consenso lo confirmó Erick Rodríguez Steller, diputado independiente e integrante de la comisión legislativa especial que discute los planes de ingreso del país a esa organización.
El legislador explicó que el acuerdo para ampliar las opciones de endeudamiento de los bancos públicos se consensuó entre las partes tras una semana de negociaciones y fue plasmado en un texto sustitutivo, a pesar de que este aspecto no es requerimiento exigido por la OCDE dentro del proyecto de seguro a los ahorrantes.
“Pero tampoco lo ve con malos ojos”, justificó el independiente.
El texto sustitutivo fue presentado en la corriente legislativa hoy miércoles. Contó con el respaldo de 38 legisladores.
La propuesta provino del Ejecutivo, una vez que este le comunicara a los legisladores, el pasado 18 de noviembre, que desistía de su intención de sacar a la banca pública del grupo de entidades que aportarían recursos al fondo de garantía de los ahorrantes.
Los diputados aceptaron la nueva petición aprovechando ese nuevo impulso en el diálogo con el Ejecutivo.
Con ello, los congresistas decidieron concretar una reforma parcial de hace nueve años al artículo 4 de la Ley orgánica del sistema bancario nacional, que autorizó a la banca estatal a adquirir ese tipo de deuda llamada subordinada.
Esta significa que el ente suscriptor tiene opciones de pagar otros tipos de compromisos antes que al emisor de ese financiamiento, en caso de una liquidación.
Sin embargo, la reforma parcial del 2010 dejó limitadas las opciones de la banca pública en ese componente.
Por ahora, el Banco Nacional (BN) y el de Costa Rica (BCR) solo pueden adquirir deuda de esa forma con entidades multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o con organismos bilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El nuevo proyecto abriría esa posibilidad con otros tipos de entidades financieras.
En marzo del 2012, por ejemplo, el BCR suscribió la primera deuda de tipo subordinada por $30 millones ante la Corporación Interamericana de Inverciones (CII), una filial del BID.
Esos recursos el BCR los dispuso para préstamos a pequeñas y medianas empresas.
Rodríguez explicó que sería publicado en el diario oficial La Gaceta este jueves para que, probablemente el lunes 9 de diciembre, sea dictaminado en la comisión.
“Esperamos dictaminar cuanto antes”, añadió Jonathan Prendas, diputado del bloque Nueva República, presidente de la comisión especial.
Tanto el gobierno como los diputados acordaron introducir en la nueva redacción ampliar la exposición de motivos, para hacer conexo el planteamiento de deuda subordinada. Es decir, que cumpla con el espíritu de la ley cuyo objetivo principal es crear la garantía para los ahorrantes.
Este otro cambio se debe a que el departamento de Servicios Técnicos, de la Asamblea Legislativa, concluyó que el proyecto inicial hacía inconexo ampliar las opciones de endeudamiento de la banca estatal.
El texto sustitutivo también acoge la propuesta del gobierno de eliminar la garantía del Estado a los posibles endeudamientos que pueda adquirir el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), como se le denominará al fondo de respaldo para los depósitos de los ahorrantes.
Diputados de oposición habían planteado en otro texto que el FGD podría contraer deudas a través de líneas de créditos con la garantía del Estado que otorgue el Banco Central con sus propias condiciones.
De igual modo, facultaba al fondo a emitir bonos o títulos garantizados por el Estado con las condiciones que establezca el Ministerio Hacienda. No obstante, en ambos casos el gobierno pidió excluir la garantía estatal.
Los diputados también desecharon incluir en el texto sustitutivo, que sería presentado hoy, flexibilizarles a los bancos públicos el cumplimiento de los controles que impone la Ley de Contratación Administrativa a la hora de hacer contrataciones.
Esta era la tercera peitición del jecutivo cuando desistió de incluir a los bancos estatales del FGD. Tanto legisladores como el Ejecutivo acordaron enviar esa discusión a la comisión especial que tramita una reforma a la Ley de contratación administrativa.
Todo este consenso se finiquitó en al menos tres reuniones en el Congreso. En todas partició la ministtra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, quien es la vocera del proceso de ingreso del país a la OCDE.
En el primer encuentro sostenido con los legisladores el 18 de noviembre participaron por el gobierno Jiménez y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
En una segunda reunión, el pasado jueves, además de Jiménez acudió el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero.
En tanto, la noche del lunes participaron Jiménez, Cubero y Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Como contraparte de las negociaciones en una o en todas las reuniones participaron Prendas y Rodríguez; Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Carolina Hidalgo, del PAC.
También lo hizo Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PUSC); e Ivonne Acuña, congresista de Nueva República.
La creación del FGD es un requisito de la OCDE, la cual precisó que debía incluir tanto a la banca pública como la privada.
La idea es constituir un fondo capaz de cubrir, en caso de emergencia, un monto de ¢6 millones para cada depósito bancario. La finalidad es proteger al 96% de los ahorrantes.
Cada banco tendría que aportar, periódicamente, un máximo anual equivalente al 0,15% de los depósitos ahorrantes que tenga.
En un principio, el gobierno trató de excluir a los bancos públicos del FGD al alegar que ya contaban con la garantía del Estado. Sin embargo, eso en la realidad lo que implica es que, si hay una crisis, los contribuyentes pagarán las consecuencias con sus impuestos.
El gobierno desistió de esas intenciones hace mas de una semana, cuando reinició conversaciones con los diputados.
