El director de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica (UCR) sostiene que, para actuar frente a los reportes anónimos de que un profesor de una materia artística habría obligado a sus estudiantes a ver pornografía en clases, se necesita que alguna de las afectadas se atreva a presentar una denuncia formal.

Gustavo Soto Valverde afirmó que la política de su unidad académica es de cero tolerancia ante la violencia contra los estudiantes. No obstante, aseguró que no le es posible tomar acciones si no hay una persona que se identifique y señale directamente al presunto responsable.

“Tiene que comprender que, en el derecho, tanto los acusadores como el acusado tienen derechos, entonces hay procesos. No es encubrimiento, no es porque alguien diga que esto pasó, fue que ya pasó y ya. Hay un debido proceso, como pasa en los tribunales”, dijo Soto.

Las denuncias sobre la presunta acción del docente las reveló el colectivo de alumnas Me Pasó en la UCR, quienes este lunes participaron en una conferencia de prensa en la que exigieron que las universidades públicas tomen acciones contra el acoso y los abusos sexuales que sufren las estudiantes en los campus universitarios.

El grupo asegura que una docena de alumnas les denunció el caso de la pornografía.

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Soto dijo que no había escuchado sobre una situación como la que describen las denunciantes.

“No hemos tenido todavía conocimiento ni de parte de estudiantes, que serían los primeros que tendrían que comunicarse con el director de la unidad académica para que procedamos, ni hemos tenido conocimiento de parte de algún profesor a quien los estudiantes le hayan contado la experiencia para que tengamos nosotros cartas inmediatas en el asunto”, dijo Soto.

Estudios Generales es la Escuela que imparte las materias introductorias que reciben los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuando ingresan a esa casa de enseñanza, como los cursos de Humanidades.

De acuerdo con Soto, el cuerpo docente de la unidad académica lo integran más de 200 profesores, quienes dan clases a aproximadamente 9.000 alumnos por semestre. El académico afirmó que el tamaño de la Escuela y la normativa universitaria imposibilitan que se pueda iniciar cualquier acción de oficio, sin que medie una denuncia.

“Imagínese que tuviéramos que investigar a todos los profes para ver exactamente qué hacen. ¿Ha escuchado alguna vez de la cacería de brujas?”, alegó Soto.

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El director de Generales afirmó que, pese a esa limitación, siempre que un estudiante se acerca a él a denunciar alguna anomalía, él brinda su apoyo inmediato para que la instancia correspondiente –en este caso, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual– atienda el reporte, investigue y dicte las medidas correspondientes.

Soto afirmó que fue a través de ese procedimiento que, en el 2018, se despidió sin responsabilidad patronal a un docente de la Escuela que había sido sancionado por una falta grave años atrás e incurrió de nuevo en una conducta abusiva. Dicho profesor, no obstante, se acogió a su jubilación antes de que el castigo quedara en firme.

“Los motivamos a que se animen a presentar la denuncia, a hablar con las autoridades que correspondan. Eso tiene un marco de confidencialidad importante para que las cosas puedan evacuarse como corresponde, pero dentro de los marcos de la normativa vigente”, dijo Soto.

Sophía Rodríguez, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales, afirmó que tampoco la representación de los alumnos se ha enterado de una situación de hostigamiento como la que reportaron las denunciantes anónimas. No obstante, sí instó a que la universidad elimine algunas contradicciones para que las alumnas sientan mayor seguridad para denunciar a sus agresores.

“Hay dos líneas paralelas. Una en la que te dicen ‘denunciá’, y vas caminando por la universidad y ves los botones de emergencia, carteles de denuncia del acoso, y aparece el número, y luego otra en la que chicas no matriculan un curso con un profesor porque tienen miedo, chicas que se manifiestan y un director dice que es un puro chisme lo que se dice”, manifestó Rodríguez.

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Director de Comunicación investigó denuncia

Otra de las denuncias que de Me Pasó en la UCR señala a un docente que dio lecciones en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.

“El profesor de fotografía me dijo que si le colaboraba como modelo podría eximirme de los trabajos del curso”, reportó la denunciante, según una imagen que publicó el colectivo en enero.

Pese a que la denuncia también fue anónima, el director de esa carrera, José Luis Arce, afirmó que la Escuela realizó una investigación con el fin de esclarecer los hechos.

Arce narró que apenas vio la publicación en las redes sociales, gestionó una reunión con las alumnas del colectivo con el fin de obtener más información. A través de ellas fue como la víctima, siempre en reserva de su identidad, confirmó que el docente al que señaló se había separado de la Escuela desde hacía varios años.

De acuerdo con el director de la carrera de Comunicación, luego de verificar que el implicado ya no tenía contacto con la unidad, la Escuela ofreció su asesoría al colectivo, con el fin de ayudarles a continuar su labor con mayores herramientas.

El docente de Comunicación explicó que decidió iniciar la investigación de oficio, pues considera que su responsabilidad no se limita a los aspectos administrativos de su Escuela.

“Mucho del disgusto viene de que, bajo esa directriz de que no se haga nada hasta que venga una denuncia, no se le daba atención a un problema que tiene que ver con la forma en que se vinculan los diferentes actores dentro de una unidad académica de la universidad, y creo que el tema de la legalidad no impide el diálogo, la puesta en práctica de buenas prácticas de educación y sensibilización. Al final de ahí es de donde salen los cambios, no solo del tema punitivo de que alguien denuncie”, aseveró Arce.