La legalización de la marihuana para consumo recreativo no desaparecerá el tráfico ilícito de estupefacientes, advirtió este martes en la Asamblea Legislativa el director de la Policía de Control de Drogas (PCD), Stephen Madden.
La PCD es un organismo del Ministerio de Seguridad.
En sesión ante los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso, el jerarca emitió una serie de observaciones técnicas sobre el proyecto del Gobierno para legalizar la producción y consumo de esta droga en Costa Rica.
“Lo que determina la existencia de ese mercado es la necesidad de consumo y las exorbitantes ganancias económicas. Mientras existan consumidores y la posibilidad de generar ganancias, ese mercado va a permanecer”, dijo.
Madden evitó hacer una valoración subjetiva, de si la PCD se opone o avala la propuesta, pero sí advirtió de que los problemas que hoy existen para el control del narcotráfico tienen que ver con falta de coordinación y problemas legales y no se van a solucionar con la iniciativa, sino con mejor coordinación.
A raíz de una consulta de la diputada Rosalía Brown, de Nueva República (PNR), el jerarca de la PCD negó que esta policía haya participado en la construcción del expediente legislativo, pese a ser un órgano especializado en la represión del comercio ilícito de drogas.
“El aumento de consumidores y narcotráfico obedece a diversos factores, entre ellos la cantidad ilimitada de recursos económicos, tecnológicos y logísticos con que cuentan los grupos del crimen organizado para el desarrollo del narcotráfico, lo que les permite reclutar miembros en todos los niveles y extractos sociales”, dijo Madden.
El director de la PCD también cuestionó la mora judicial en la resolución definitiva de los casos sometidos a los tribunales de justicia, “lo cual da una sensación de impunidad de dichos delitos, que no logra desincentivar que las personas se dediquen a estas actividades”.
Igualmente cuestionó la atención inoportuna de las diligencias de investigación requeridas y la intervención de la Fiscalía y jueces en la etapa preparatoria, que se encuentran sobrecargados de trabajo y con agendas saturadas, así como la falta de personal para atender las denuncias.
Con la exposición de motivos del proyecto, solo coincidió en que hay un aumento de los consumidores de droga.
El director de la PCD dijo que el Estado tiene pocos recursos para la represión del narcotráfico, además de que hay poco impacto de los programas preventivos sobre el consumo de estupefacientes, así como falta de articulación interinstitucional con cooperación internacional.
El jefe policial apuntó que la Convención de 1961 sobre las drogas, en su espíritu, se dirigía a que si un país no tiene la capacidad de fiscalizar y controlar todas las actividades derivadas del cultivo e industrializacion de las principales plantas con efecto psicoactivo, el último recurso es la prohibición.
También, Madden advirtió de que la legalización implicaría desarrollar capacidades de control y fiscalización, tanto en el Ministerio de Salud como en el de Agricultura y Ganadería, porque hoy “no las poseen”.
Enfatizó en que la única vía para disminuir la rentabilidad del tráfico ilícito es la represión eficaz de las actividades ilícitas, que incentive posicionar la vía lícita como la mejor opción para el consumidor.
El director de la PCD pidió a los diputados verificar que el proyecto no esté permitiendo una desigualdad entre los productores de cannabis con fines medicinales y los de objetivo no medicinal.
“Una sugerencia para evitar esto sería replantear el expediente 23.383 para que sea una reforma a la ley 10.113 (legalización de cannabis para uso medicinal) y que se incluya los usos no medicinales”, dijo.
Entre las observaciones más puntuales del proyecto, recomendó cambiar el nombre de cannabis de uso recreativo por “cannabis psicoactivo de uso no medicinal”.
Prohibir autocultivo de marihuana
El director de la PCD pidió que, al igual que en la ley de cannabis medicinal, en este proyecto se excluya la autorización del autocultivo.
Según Madden, el principal riesgo de esta práctica es que sus fines sean desviados, por la facilidad de ocultar esa actividad en propiedad privada y facilitar la asociación ilícita de personas, así como facilitar el tráfico ilícito.
También, pidió que se prohíba el fumado de cannabis en la vía pública y se permita solo en las cafeterías, clubes sociales de consumo o en el ámbito privado.