Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que han puesto sangre, sudor y lágrimas en la lucha contra la ola de inseguridad que afronta Costa Rica, pero los mandan a enfrentar criminales sin protección suficiente.
Para el director del OIJ, la necesidad de contar con recursos para combatir el crimen organizado es urgente, pues los recortes del Gobierno Central ha dejado a la Policía Judicial desprotegida y sin herramientas para combatir.
“OIJ y Poder Judicial ya han puesto sudor, han puesto sangre de compañeros que han fallecido y las lágrimas son de las diferentes familias costarricenses que han tenido que sufrir la muerte de un familiar, independientemente de la forma en la que haya fallecido.
“Necesitamos agregar a esa ecuación de Churchill (ex primer ministro británico) el esfuerzo para que ustedes (diputados) puedan encontrar la manera de generar algún tipo de recurso extra, para los cuerpos policiales”, expresó Zúñiga.
Hizo las manifestaciones durante una audiencia en la Comisión de Hacendarios, donde se discute el presupuesto del Presupuesto Nacional para el 2024.
El director del OIJ explicó que la situación que viven se compara con una pelea de boxeadores, donde se enfrentan las fuerzas policiales contra los criminales.
“Imagínese que en una esquina tenemos a la criminalidad, fuerte, ella tiene mucho músculo, cualquier ciudadano si la ve le da miedo combatir a la criminalidad; al otro lado, está la Fuerza Pública, mucho más fuerte, con mucho más musculo y más posibilidades de vencer. ¿Cuál es el problema? Las fuerzas policiales van al ring sin protección, sin guantes –que son las armas–, sin zapatillas –que son los vehículos–.
“Mientras tanto, la criminalidad llega con guantes de acero, se ponen hasta protectores en los guantes. En lugar de usar zapatillas corrientes, utilizan botas con punta de acero”, ejemplificó el jerarca del OIJ.
Además de Zúñiga, este miércoles 11 de octubre, los diputados también recibieron en audiencia a Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema; y a Carlo Díaz, fiscal general.
Escenario llevaría a desatender causas para atender crímenes
Carlo Díaz, fiscal general, anunció a los diputados que, en caso de mantenerse el aumento en los crímenes, el escenario del Ministerio Público se complicaría al punto de tener que suspender el avance de ciertas causas, para priorizar la atención de procesos por crimen organizado.
El fiscal explicó que, de manera conjunta con el jefe del OIJ, se han planteado la necesidad aplicar el criterio de oportunidad, que llevaría a desatender causas para enfocarse en perseguir otros casos.
“El criterio de oportunidad nos permite que desatendamos a las víctimas, por decirlo así, y les digamos: bueno esto no lo vamos a perseguir. Eso nos ayudaría a maximizar el uso de los recursos, pero tendríamos que desatender víctimas. Hasta la fecha no lo hemos hecho, sería una medida extrema.
“Yo desearía no llegar a ese extremo, de tener que decirle a una víctima de delitos informáticos: a usted lo estafaron, pero no vamos a investigar su causa porque ocupamos los recursos para atender crimen organizado, a las víctimas de violación o corrupción. No hemos llegado, sería una medida excepcional, pero si no se nos dota de recursos, tendríamos que llegar a ella”, manifestó Díaz.
Durante la sesión, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, le preguntó al fiscal general sobre las repercusiones del recorte que el Gobierno hizo al presupuesto para protección de víctimas y testigos. Ante eso, Carlo Díaz reconoció que es necesario que se aumenten los recursos, ya que, en zonas como Limón, se dan muchas absolutorias de penas debido a que criminales amenazan a los denunciantes.
“La gente va a denunciar, aun así, lo hace con temor y después para el juicio reciben amenazas y ya prácticamente no van. Si con los recursos que tenemos no estamos dando a basto para darle una protección adecuada a esas víctimas y testigos, con un recorte como el que usted está señalando, vamos a tener menos recursos para atender a la población”, lamentó Díaz.
Plazas para investigadores, fiscales y auxiliares
El Ministerio Público y el OIJ solicitaron a los legisladores dotar de más plazas al Poder Judicial, ya que el aumento del crimen ha llevado a que los funcionarios no den a basto.
Carlo Díaz solicitó a los legisladores que se le apruebe a la Fiscalía general un total de 128 plazas de fiscal auxiliar, 128 técnicos auxiliares y 36 fiscales de juicio.
“La cuesta que llevamos es bastante pesada, la carga es bastante pesada y creo que no vamos a poder seguir sosteniendo este ritmo de trabajo, lo digo sin ánimo de quejarme, pero esa es la situación. Creo que lejos de venir a defender un presupuesto, voy a pedir más recursos”, manifestó Díaz.
Según detalló el fiscal general, tienen mapeadas cerca de 300 bandas criminales, de las cuales solo pueden atender las principales.
Además, agregó que el aumento en las causas ha llevado a que sus 127 fiscales de juicio y 455 fiscales auxiliares atiendan mensualmente cerca de 70.000 expedientes, más las causas de años anteriores que se van acumulando.
Por su parte, el director del OIJ indicó que, aunque los estudios internos señalan la necesidad de 1.080 plazas para sedes regionales, con la aprobación de 680 puestos lograrían dar la lucha.
“Yo estoy pidiendo 680 plazas para jugar contra la criminalidad en un esquema por lo menos 9 a 11, poniéndolo en un escenario de fútbol; con nueve jugadores la sacamos”, agregó Zúñiga.
Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como el Partido Liberal Progresista (PLP) se comprometieron con los jerarcas del Poder Judicial a facilitarles un aumento en los recursos dentro del presupuesto presentado por el Ejecutivo.
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