Dos directoras de departamento de la Defensoría de los Habitantes se desmarcaron de las decisiones que tomó en febrero la jerarca de la institución, Catalina Crespo, cuando entrevistó al mandatario Carlos Alvarado como parte de la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Se trata de Hazel Díaz y Catalina Delgado, jefas de Gobernanza Pública y de Asuntos Jurídicos, quienes formaron parte de la comitiva que acompañó a la defensora de los Habitantes a Casa Presidencial, el 24 de febrero, durante la sesión de trabajo en la que la jerarca interrogó al mandatario.

De acuerdo con las funcionarias, Crespo les indicó que debían participar, pese a que Díaz le advirtió de que la entrevista podía ser “inconveniente”.

Por su parte, Delgado dijo que se le involucró en la investigación aunque esa no es parte de sus funciones, amén de que carecía de conocimiento previo sobre la UPAD.

Así lo narraron en oficios que remitieron este lunes al despacho de la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), en respuesta a consultas que les hizo la legisladora.

Ambas le indicaron a Hidalgo que el domingo 23 de febrero fueron citadas a una reunión en la Defensoría, en la que se coordinó la investigación en Casa Presidencial del día siguiente.

Los testimonios de Delgado y Díaz indican que, en ese espacio, se discutieron las preguntas que se hicieron al día siguiente al presidente Alvarado.

El cuestionario, afirmaron, no fue elaborado por el equipo técnico de la institución, sino por el jefe de Prensa, Ahmed Tabash.

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“Se presentaron una serie de preguntas por parte del comunicador de la institución como sugerencia a realizar al presidente de la República. Pese a que en su oportunidad no me pareció procedente, la jerarca indicó que era información base para discusión”, narró la directora de Gobernanza Pública.

Ella precisó que no vio conveniente entrevistar al presidente, pues consideraba más valioso recibir, por escrito, la información sobre la UPAD que se le había solicitado formalmente a la Presidencia el día anterior.

“La suscrita, en acatamiento a la decisión de la jerarquía y siendo que eran las preguntas que la defensora le haría directamente al presidente, no intervine más al respecto, no sin antes al final de la reunión, darle mis observaciones a la defensora. Asimismo, se indicó que el compañero Ahmed Tabash grabaría la audiencia”, indicó Díaz.

Por su parte, la directora jurídica describió que fue convocada a la reunión pese a que “no tenía absolutamente ningún conocimiento de la UPAD”. Según dijo, por ese motivo, lo único que hizo ese domingo fue advertir que no se debían revisar oficinas, computadoras, ni documentos directamente.

Delgado, además, declaró que la defensora le encargó pedirle el consentimiento a Alvarado para grabar la reunión, aunque no es usual que los funcionarios de su oficina participen en las investigaciones que realiza la institución.

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Añadió que no se le asignó ninguna otra función, por lo que optó por tomar notas de la reunión.

“Durante la reunión en Casa Presidencial, mi rol o propósito de participación fue el mismo que el del resto de compañeros del equipo técnico, de una atenta escucha y acompañamiento a la defensora de los Habitantes, quien hizo las preguntas y condujo el espacio”, declaró la funcionaria.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga la UPAD, el lunes de la semana pasada, Crespo dijo a los diputados que exigió a las seis personas que la acompañaron a Casa Presidencial “el más alto profesionalismo”.

Sobre la directora de Asuntos Jurídicos, afirmó que participó con el objetivo de “blindar legalmente el proceso de investigación y la comparecencia del presidente”.

Sin embargo, la Defensoría ahora es parte de una investigación penal porque extravió parte el audio de la entrevista realizada al mandatario.

Crespo, además, fue denunciada penalmente por uno de los investigados por el caso UPAD, quien afirma que el 24 de febrero la jerarca lo grabó sin su consentimiento.

Este jueves, tres diputadas de distintos partidos pidieron la renuncia de Crespo, por la forma como ha manejado la investigación de la UPAD.

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Equipo técnico perdió el rastro del informe

Hazel Díaz coincidió en que durante el interrogatorio al presidente, fue Crespo quien llevó “la voz cantante” de la Defensoría, al grado que ella solo intervino en una ocasión.

No obstante, el día siguiente, el martes 25 de febrero, Crespo le asignó la responsabilidad de elaborar el informe de la investigación.

Según la directora de Gobernanza Pública, el equipo técnico tuvo que elaborar el documento “en el menor tiempo posible”, pues la defensora se había comprometido públicamente a presentar una primera versión el viernes de esa semana.

El informe, precisó, se elaboró con los documentos suministrados por la Casa Presidencial y con la minuta elaborada a partir de los apuntes que tomaron quienes participaron en la reunión.

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Mientras tanto, la directora jurídica aclaró que, después de la reunión en Casa Presidencial, no tuvo ninguna participación en la elaboración del informe.