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Los directores de departamento de la Defensoría de los Habitantes afirmaron este miércoles, en una nota, que la defensora Catalina Crespo coarta el ejercicio de sus deberes e incurre en una “seria amenaza a la transparencia”.
Así reaccionaron los directores después de que, ante una solicitud de ellos para evaluar el manejo de la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Crespo les respondió que aceptaría la reunión cuando tuviese espacio, no sin antes recordarles que el Consejo de Directores es un “simple colaborador inmediato” y que sus criterios no son vinculantes.
En una carta de tres páginas, el grupo de funcionarios le replicó a la defensora de los Habitantes: “Con gran preocupación, recibimos su oficio DH-481-2020, mediante el cual no solo coarta el ejercicio de nuestros deberes, sino que reitera una seria amenaza a la transparencia que no solo debemos a lo externo, sino también a lo interno de la institución, siendo esto más allá de sus atribuciones discrecionales. Ello, lamentablemente en momentos en que la institución, injustamente, se ve expuesta a cuestionamientos que resquebrajan su credibilidad y afectan la confianza de la población, situación que ocurre cuando el país pasa por una de sus más grave crisis, por lo que consideramos que el silencio y la excusa nunca ha sido válida y, mucho menos, en estos tiempos”.
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En otra parte, la nota dice: “Haciendo eco de ese reclamo ciudadano, nosotros, los abajo firmantes que constituimos, por normativa vigente, el Consejo de Directores y Directoras de esta institución, una vez más le expresamos nuestra preocupación ante la imprecisión y ausencia de información oficial, sobre el manejo y la gestión de una investigación acerca de un tema sumamente delicado para la legitimidad de la institucionalidad costarricense y los derechos de las personas, como lo es el caso UPAD”.
Los directores añadieron que el Consejo tiene la obligación de “analizar la participación y actuaciones de la Defensoría en los diversos ámbitos en que se desenvuelve y hacer las observaciones al defensor de los Habitantes y/o defensor adjunto que se consideren necesarias” (art. 29 inciso e del Reglamento Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes)”.
El texto contunúa: “No obstante lo anterior, durante su gestión lamentablemente, este consejo no ha sido reconocido ni validado por su parte, ha tenido una convocatoria discontinua y una agenda poco estratégica planteada por su Despacho, lo cual no solo incumple lo dispuesto por el reglamento, sino que, además, imposibilita el ejercicio de nuestras competencias en este órgano colegiado”.
La carta está firmada por los directores Kathya Rodríguez Araica, Álvaro Paniagua Nuñez, Jeannette Carrillo Madrigal, Wálter Meza D’Allanese, Juan Manuel Cordero González, Ana Karina Zeledón Lépiz, Laura Fernández Díaz y Rónald Retana Pérez.
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Revelación
En el documento, los directores revelan que, el 25 de mayo, fueron convocados por la defensora a una sesión presencial, en la que aseguran fueron “informados superficialmente sobre uno de los incidentes ocurridos” con la investigación de la UPAD.
En el encuentro, dicen, Crespo les indicó que, en caso de ser abordados por la prensa, debían canalizar las solicitudes a través del Despacho.
“En esta oportunidad no fue posible obtener información de su parte, que nos permitiera cumplir con la función asesora que nos corresponde, por lo que, sea propicia la ocasión, para dejar este punto aclarado, ante la interpelación que usted nos hiciera vía correo electrónico para referirnos al respecto”, exponen.
El Consejo de le recordó a la defensora de los Habitantes que, por ley, una de sus deberes es el de asesorar a la jerarca oportunamente y con fundamento jurídico.
Al ser la Defensoría de los Habitantes un ente adscrito a la Asamblea Legislativa, la carta también fue compartida con el presidente del congreso, Eduardo Cruickshank y con las jefas y jefes de fracción.
Hasta ahora, uno de los principales cuestionamientos a la investigación de la Defensoría sobre la UPAD tiene que ver con la pérdida de un audio que contiene parte de la entrevista hecha al presidente Carlos Alvarado el 28 de febrero.
La grabación se hizo con el celular del jefe de Prensa de la Defensoría y su pérdida se anunció tiempo después de que la defensora supo que ya no contaban con él.
A mediados de junio, también se dio a conocer que Crespo fue denunciada por Luis Salazar Muñoz, uno de los investigados en el caso UPAD. Él argumentó que la funcionaria lo grabó sin consentimiento con fines de investigación.
Respuesta
Crespo les respondió a los directores, este mismo 24 de junio, mediante un documento en el que les reitera la reunión del próximo viernes 26 de junio, a las 9 a. m.
En la misiva, le jerarca les repite que ellos pueden ser un espacio de asesoramiento en la toma de decisiones, pero “no más que eso”.
“Como lo venía señalando, el Consejo de Directores sí es el lugar donde directores y directoras pueden conocer, de boca de sus pares, de las acciones que desarrolla cada una de sus áreas. Es el espacio de la coordinación, de generación de ideas, de la elaboración de propuestas de mejoras en los procesos del accionar institucional, en materia de nuestra competencia, referida a la defensa, promoción y divulgación de derechos”.
“En áreas que no son propias de su competencia, el Consejo de Directores puede y debe ser un espacio de escucha, reflexión y asesoramiento, en la toma de decisiones, por parte del jerarca, pero no más que eso”, escribió Crespo.
Concluyó diciendo que seguirá convocando al consejo de directores, con la finalidad de lograr ese espacio conjunto de construcción y mejora de procesos de defensa, en el marco de las competencias, que cada de uno de ellos tenga.
“Igualmente reconozco el valor del consejo, como un espacio de escucha para la Defensora, que servirá de insumo en la toma de la decisión final que, como jerarca institucional, en el marco normativo que nos rige, le corresponde únicamente a esta, como la máxima autoridad en la organización, ejecución y desarrollo de las funciones y disposiciones que establece la ley N° 7319″, aseveró.
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