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El Consejo de Directores de la Defensoría de los Habitantes, el cual reúne a los jefes de departamento de esta institución, acordó este viernes solicitarle la renuncia a la jerarca Catalina Crespo “por el bien de la institucionalidad democrática”.
La petición la firmaron doce jefaturas. Tatiana Mora, defensora adjunta, se abstuvo de votar, mientras que Eugenia Fernández, directora del despacho de Crespo, se pronunció en contra.
Hazel Díaz, directora de Gobernanza Pública del órgano defensor, confirmó la decisión del Consejo a La Nación.
El acuerdo se adoptó este viernes en una sesión extraordinaria, la cual había sido convocada por la defensora, quien no acudió a la cita. La jerarca presentó un comprobante de incapacidad por enfermedad, con el que justificó su ausencia.
La resolución suscrita por la mayoría de jefaturas detalla que tomaron su decisión luego de escuchar a los funcionarios técnicos que participaron en la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), así como de valorar los hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa el 15 de junio, cuando Crespo compareció ante el foro legislativo que investiga dicha unidad, y este jueves, cuando la jerarca presentó su informe de labores.
Según los directores, su acuerdo tomó en cuenta la inédita coyuntura que atraviesa el país, la cual incide en los derechos humanos por los cuales la Defensoría debe velar.
“Por el bien de la institucionalidad democrática, de la Defensoría de los Habitantes en particular, por su credibilidad y solidez y por su misma motivación de venir al país a defender los derechos humanos de las y los habitantes, se le insta, respetuosamente, a la señora defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, a que considere su renuncia al cargo”, dice el documento.
Este jueves, ocho diputados firmaron una moción de orden para abrir una comisión investigadora sobre las actuaciones de Crespo, a quien le cuestionaron fuertemente el manejo de la investigación de la Defensoría sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
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Además de Hazel Díaz, el acuerdo lo firman Jenny Phillips, directora de Admisibilidad; Laura Fernández, directora de Defensoría de la Mujer; Álvaro Paniagua, director de Igualdad y no Discriminación; Juan Manuel Cordero, director de Calidad de Vida; Ana Karina Zeledón, directora de Estudios Económicos y Desarrollo; Kathya Rodríguez, directora de Niñez y Adolescencia; Walter Meza Dall’Anese, director de Oficinas Regionales; Janet Carrillo, directora del Instituto de Educación de Derechos Humanos; Rónald Retana, director Administrativo; Geovanny Barboza, director de Planificación y Desarrollo Institucional y Catalina Delgado, directora de Asuntos Jurídicos.
Las directoras Díaz y Delgado formaron parte del equipo de funcionarios técnicos que Crespo reclutó hace cuatro meses, para investigar la UPAD.
Esta semana, en declaraciones que remitieron a la diputada Carolina Hidalgo, ambas se desmarcaron de las decisiones que tomó la jerarca en febrero, cuando entrevistó al mandatario Carlos Alvarado, como parte de la investigación sobre UPAD.
A finales de mayo, la defensora dio a conocer el extravío de buena parte del audio de dicha entrevista. El anuncio lo hizo dos meses después del momento en el que se enteró del incidente.
Un informe de Auditoría Interna reveló que el audio fue grabado con teléfono personal del jefe de Prensa, Ahmed Tabash, así como que Crespo tuvo choques con los directores de departamento de la Defensoría.
