El 7 de agosto, Gilberto Cascante y Mélida Cedeño, máximos dirigentes de los sindicatos ANDE y APSE, firmaron un acuerdo con los diputados para darle un tratamiento especial a la educación en el proyecto de ley de regulación de huelgas.

El compromiso consistió en sacar la educación de la categoría de servicios esenciales en los que las huelgas son ilegales y pasarla a una categoría de servicio estratégico, en el que se permiten huelgas de hasta 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos.

Los diputados que firmaron el acuerdo, los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León, cumplieron con su parte e introdujeron el cambio mediante una moción al proyecto.

No obstante, los sindicalistas de ANDE y APSE anunciaron una nueva huelga para los días 2 y 3 de setiembre en contra de este proyecto de ley, con lo cual sumarán hasta 103 días de huelga en cuestión de un año.

Aparte de los líderes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el acuerdo lo firmó Gilberth Díaz, en representación del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

El SEC decidió que no participará de esta huelga y, entre sus razones, citó la existencia del acuerdo que sacó a la educación de la categoría de servicio esencial mediante un nuevo artículo 376 quater en el Código de Trabajo.

El compromiso también lo firmaron un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el ministro de Trabajo, Steven Núñez.

La diputada Yorleny León confirmó que todo lo establecido en el artículo acordado quedó plasmado en el proyecto de ley para evitar los abusos de las huelgas, el expediente legislativo 21.049.

Entre las regulaciones, se establece que, durante el tiempo que dure una huelga, se deberá mantener el personal necesario para que cada centro educativo “permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad”.

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Los diputados se comprometieron a avalar las huelgas en el sector educativo, bajo un esquema de prestación de servicios básicos de aseo, seguridad y los requeridos para la educación especial, además de que haya un funcionario que se encargue de la coordinación, supervisión y fiscalización de cada centro educativo.

Ese esquema de prestación de servicios mínimos tendría que acordarse entre sindicatos y patrono y, cuando eso no se pueda, entonces será un juzgado de trabajo el que lo establezca, en un plazo de tres días.

León: ‘Lamento que firmantes no honren su palabra’

La diputada liberacionista dijo lamentar que los firmantes del artículo acordado “no honren su palabra”, pues ella y Benavides no solo se comprometieron a respetar el acuerdo, sino que lo plasmaron en la redacción del proyecto sobre las huelgas.

“Todos los puntos y las comas están ahí, establecidos. Lastimosamente, no ha sido esa la respuesta de los sindicatos. Lo otro que me parece grave es que son maestros enseñándoles a los estudiantes que la palabra no se honra”, dijo la verdiblanca.

León criticó que los dirigentes del magisterio se dejen arrastrar por otros sindicalistas que no estuvieron en la mesa de negociación dirigida por la OIT y que “ahora tratan de hacer todo lo posible para que el acuerdo no se respete, sino que se vayan incluso a las calles”.

Destacó que, durante el marco de la negociación atestiguada por la OIT, nunca estuvo en la discusión la propuesta de texto sustitutivo de la también liberacionista Franggi Nicolás (que pretendía legalizar las huelgas en servicios esenciales), como para que ahora los sindicatos se vayan a las calles porque no se aprobó esa versión.

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“No es válido el argumento de que había que darle acogida a un texto que, además, tenía 180 grados de diferencia con lo acordado”, comentó la liberacionista.

Agregó que también hubo diálogo sobre la prohibición de huelga contra políticas públicas, la suspensión del salario durante los movimientos y la disolución de sindicatos que promovieran acciones ilegales. Estos dos últimos puntos fueron excluidos en el proyecto

“Esos temas fueron atendidos ampliamente, que no hayamos logrado ponernos de acuerdo es otra cosa, pero se discutió”, indicó.

Huelga ‘intermitente’

A través de sus redes sociales, los sindicatos anunciaron que, a partir del lunes, iniciarán una serie de acciones en contra del proyecto de ley.

En una publicación en su Facebook, los voceros de APSE argumentaron que participar de la mesa junto con el Ministerio de Trabajo y la OIT no significaba que respalden el proyecto sobre las huelgas, pues argumentan que fue “un esfuerzo más por eliminar restricciones excesivas al derecho de huelga”.

Ese comunicado conjunto incluye el argumento de que la lucha es “en defensa de la seguridad social del país”, bajo la excusa de que hay otros proyectos, diferentes al de huelgas, que “lesionan los derechos de los trabajadores”, como la iniciativa sobre empleo público, la modificación de los regímenes de pensiones y el “no pago de anualidades a los trabajadores de la educación”.

Básicamente, ambos sindicatos promueven huelgas para el lunes 2 de setiembre y una marcha nacional para el martes 3.