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La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó este miércoles la detención de dos personas más sospechosas de los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Según comunicó del área de prensa del Ministerio Público, aparte de tres aprehendidos la mañana del martes, horas más tarde se ordenó la detención de un hombre de apellidos Salas Rodríguez, quien labora en el Área de Conservación La Amistad-Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), y una mujer apellidada Camacho Calvo.
Esta última persona no trabaja en Sinac, sino que labora como regente forestal y habría extendido certificados de origen para aprovechamiento forestal en una zona donde adujo que no había bosque, cuando, según sospechan las autoridades, sí había.
Esto eleva a cinco las detenciones vinculadas a la causa judicial.
Los otros detenidos son un funcionario de Sinac de apellidos Campbell Lindo, quien trabaja en la Oficina Subregional Limón Talamanca en el Área de Conservación La Amistad Caribe; la administradora del Refugio Gandoca-Manzanillo, de apellidos Cruz Torres, y el representante de la empresa Playa Manzanillo S. A., de apellidos Pacheco Dent.
“Tras las capturas, el Ministerio Público tomó declaración indagatoria a los imputados y los puso a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Los cinco continúan detenidos a la espera de que se programe la audiencia de solicitud de medidas cautelares”, informó este miércoles el Ministerio Público.
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Hipótesis de las autoridades
La presunción de la Fiscalía es que los hechos investigados habrían ocurrido en una finca inscrita a nombre de Playa Manzanillo S. A. en Talamanca, en el Caribe Sur, con el objetivo de “cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales”, para posteriormente “desarrollar una infraestructura urbanística”.
Esa propiedad es parte de las 137 fincas que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) entregó a manos privadas mediante una ley del 2014, que la Sala IV declaró inconstitucional en julio del 2019 en cuanto a la cobertura boscosa. De hecho, los magistrados ordenaron devolver esos terrenos al patrimonio del Estado, sin que esa orden haya sido acatada todavía.
El inmueble de Playa Manzanillo S. A. comprende 122.388 metros cuadrados, de los cuales 20% invaden la Zona Marítima Terrestre (ZMT) —un área inalienable—, según un estudio del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La Fiscalía Adjunta Ambiental detectó que a Playa Manzanillo S. A. se le autorizaron permisos para cortar 122 árboles entre garrocha (Tecoma stans), indio desnudo (Bursera simaruba), jabillo (Hura crepitans), poró (Erythrina poeppigiana), laurel (Laurus nobilis), sangrillo (Pterocarpus hayesii) y yos (Sapium glandulosum).
Las autorizaciones se extendieron mediante dos figuras: un certificado de origen y un permiso para aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. El Ministerio Público, sin embargo, sospecha que esa propiedad en realidad tenía cobertura boscosa y no procedía la tala de los árboles bajo las autorizaciones extendidas.
Un permiso –del cual tiene copia este diario– fue emitido por el Sinac el 12 de abril anterior y firmado por el funcionario de apellidos Campbell Lindo (uno de los detenidos), para corta y aprovechamiento forestal “en terrenos de uso agropecuario sin bosque”.
El 31 de mayo del 2023, el gobierno nombró a Pacheco Dent como representante propietario del sector privado en la Comisión Fílmica Nacional, entidad que procura alianzas entre el sector público y el privado para producciones cinematográficas y audiovisuales. Su nombramiento se divulgó en el diario oficial La Gaceta N.° 96.
