EscucharEl dueño de las empresas Pedregal, Rafael Ángel Zamora Fernández, embargó las cuentas del Partido Nueva República (PNR) por ¢502,4 millones mediante una solicitud hecha al Juzgado de Cobro de Heredia. La gestión se debe al impago de un préstamo que hizo a la agrupación del entonces candidato presidencial Fabricio Alvarado Muñoz, en diciembre del 2021, antes de las últimas elecciones nacionales.
Así lo confirmó a La Nación el abogado Gavridge Pérez Porras, quien es el representante legal de Zamora Fernández, de 61 años, en el proceso de cobro, el cual se tramita bajo el expediente N.° 22-007983-1158-CJ.
De acuerdo con Pérez Porras, se trató de un préstamo a corto plazo, que debía pagarse a inicios del 2022 y que no se canceló en la fecha acordada. Precisó que su cliente intentó llegar a un arreglo de pago con los personeros de Nueva República, pero no se logró, por lo que le aconsejó acudir a la vía judicial.
“Fue un dinero que dio don Rafael Ángel en un momento que le pidieron un préstamo y él prestó. Le dijeron que le iban a pagar a un mes y no le pagaron, y por más que buscó un arreglo de pago, incluso se buscó que fuera a pagos o de la manera que fuera, no se dio. Entonces, él me endosó el pagaré y yo presenté la gestión de cobro”, dijo Pérez Porras en una llamada telefónica.
Detalló que el préstamo fue por ¢300 millones, y que los ¢202,4 millones restantes son un estimado por intereses y las costas del proceso.
Según el abogado, como respaldo del préstamo, la parte demandante cuenta con un pagaré que fue firmado por Francisco Prendas Rodríguez, quien fue presidente de Nueva República durante la campaña y candidato a diputado. Como fiadores, aparecen el tesorero César Zúñiga Ramírez y el otrora estratega de campaña de Fabricio Alvarado, Iván Barrantes.
Fabricio Alvarado, quien es diputado, declaró la noche de este lunes a La Nación que “este es un cobro ilegítimo e improcedente y así se demostrará por parte de Nueva República en el proceso de cobro judicial”.
Agregó que los medios de comunicación han consignado, con base en declaraciones de Zamora, “que él compró bonos de deuda política, y que estos bonos de deuda política fueron embargados por su mamá en un proceso judicial que ella tiene contra las empresas relacionadas con su hijo. No se trata de una deuda que tiene el partido, sino de una compra de bonos de deuda política que el señor Zamora hizo, lo cual consta además de lo consignado en medios de comunicación, en documentos suscritos por el mismo señor Zamora”.
Aseguró que, después del resultado electoral de febrero del 2022, y tras el embargo de su madre, Zamora “pretende variar la naturaleza jurídica de la operación que en su momento realizó, que fue invertir en bonos de deuda política, como un negocio de riesgo legal y ampliamente conocido en el país. No fue un préstamo, sino la compra de bonos”.
Iván Barrantes reconoció haber firmado el pagaré y dijo que lo hizo por “solidaridad” con la agrupación. No obstante, dijo desconocer los pormenores de la negociación: “Eso tiene que preguntárselo al tesorero, César Zúñiga, o al presidente de entonces, Francisco Prendas”, alegó.
La Nación también procuró una reacción de Prendas y Zúñiga, pero no atendieron las llamadas hechas a sus teléfonos celulares, ni respondieron los mensajes enviados por WhatsApp.
Otros detalles del préstamo
El abogado Gavridge Pérez Porras añadió que Zamora Fernández, como dueño de Pedregal, que se dedica a negocios de construcción, eventos y ganadería, facilitó los recursos a través de la empresa Hacienda Solimar S. A., de la cual es representante legal.
De acuerdo con su relato, el partido político intentó pagar con bonos de cesión de deuda política, pero esa opción no la aceptó porque no tenían sustento económico.
“El préstamo se dio ante una necesidad, una urgencia que tenía, en su momento, la agrupación. A él le dijeron que era para el pago del personal y aguinaldos (...). Esa (Hacienda Solimar S. A.) es una de las compañías donde don Rafael Ángel es el representante legal, seguramente en ese momento era donde tenía fondos y por eso de ahí salió el dinero”, dijo.
Recordó que “le trataron de entregar unos bonos para justificar el pago del pagaré”, pero eran certificados de campaña de categoría C o D, “que son como papel, no sirven”.
“Él (Rafael Ángel Zamora) en ningún momento aceptó los bonos porque era un préstamo puente. Es decir, que necesitaban el dinero de manera urgente; entonces, él les prestó bajo el entendido de que le pagaban a principio del año 2022, era un préstamo a corto plazo″, declaró el abogado.
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Bonos por ¢345 millones
Ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el PRN registró que Rafael Ángel Zamora Fernández adquirió bonos de deuda política de la campaña de Fabricio Alvarado, por ¢345 millones, el 21 de diciembre del 2021. En detalle, él depositó ¢300 millones y los restantes ¢45 millones fueron un descuento que le hizo Nueva República por el riesgo de la inversión.
Sin embargo, esos certificados eran clase B y no adquirieron ningún valor, una vez concluidas las elecciones del 6 de febrero del año anterior, de acuerdo con una proyección del TSE.
La primera emisión de bonos que hizo Nueva República, por ¢3.000 millones (categoría A), solo obtendría alrededor del 76,5% de su valor facial, es decir, ¢2.296 millones. Y esa agrupación entregó la totalidad de esos bonos a Consultores Financieros Cofin S. A. como garantía de un préstamo bancario para financiar los gastos de campaña.
Si los bonos clase A solo alcanzaron un 76,5% de su valor, los clase B terminaron valiendo cero colones. No adquirieron ningún valor ante el poco número de votos que ese partido obtuvo en las urnas: el 14,5% de los sufragios totales para diputados y presidente de la República.
Ante el Tribunal, ya se gestionó, por parte de un tercero, el congelamiento de las cuentas bancarias de Nueva República, según reconoció el letrado Juan Luis Rivera Sánchez.
No obstante, aclaró que todavía no ha llegado la notificación por la vía judicial, pero en el momento que eso ocurra, la agrupación fabricista no podría acceder a fondos de la contribución estatal, por los ¢502,4 millones que reclama el dueño de Pedregal.
“En caso de que se aprueben recursos a la agrupación política y exista una orden de embargo, este documento se analiza, junto con los otros aspectos propios de una liquidación que pudieran afectar ese desembolso, lo cual se realiza de acuerdo con un orden de prelación (deudas con la CCSS, multas impuestas por el TSE, certificados de cesión, entre otros), ya que no todos estos dineros son embargables.
“Realizado ese análisis y de resultar procedente el giro de recursos a la agrupación política, el TSE ordena al Ministerio de Hacienda retener esa suma y girarla a la cuenta bancaria que indicó la autoridad judicial”, explicó Rivera Sánchez.
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