La reforma para entregar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los trabajadores afectados económicamente por el nuevo coronavirus deja un portillo abierto que, si no se usa de forma correcta, podría ser adverso para la economía nacional.

Así lo estiman economistas al referirse al artículo 4 de la reforma, el cual permite al Banco Central de Costa Rica (BCCR), de una forma bastante abierta, comprar títulos de de deuda pública del Gobierno Central de segunda clase, es decir, que estén en poder de un tercero.

La norma fue introducida como una forma de generarles liquidez a las operadoras de pensiones, a fin de que puedan entregar el FCL a los trabajadores con contratos de trabajo suspendidos o jornadas laborales reducidas.

Dichas operadoras tiene recursos invertidos en bonos del Gobierno y, con el proyecto, el BCCR se los podrá comprar.

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Alberto Franco, economista de la firma consultora Ecoanálisis y exdirector del BCCR, afirmó que quedó demasiado abierta la reforma parcial al artículo 52 de la Ley Órgánica del Banco Central.

En su criterio, la nueva redacción permitiría al ente emisor financiar al gobierno sin establecer "límites” y por un periodo de tiempo “no determinado”, añade el economista.

“En el pasado se abusó de esa potestad que tuvo muy abierta el Banco Central para que, mediante emisión monetaria, financiara operaciones o pérdidas del gobierno y de sus instituciones”, explicó Franco.

Franco recordó que, a mediados de la década del 90, el Poder Ejecutivo utilizó de forma intensiva el mecanismo de emisión monetaria para cubrir las pérdidas de las empresas públicas relacionadas con la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa).

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Esa acción generó una inflación elevada en Costa Rica. A raíz de esa experiencia, que Franco califica como “muy triste” para el país, el Congreso modificó la legislación del ente emisor y estableció condiciones como el empleo de esa herramienta solo para situaciones extraordinarias.

“La credibilidad del Banco Central y de su compromiso con el objetivo de que la inflación se mantenga baja y estable en el país, descansa, en mucho, en la limitación legal que tiene el propio Banco para emitir dinero y al Gobierno a cambio de bonos”, mencionó.

“De ahí el riesgo de este cambio aprobado hoy y de la importancia de que se modifique a la mayor brevedad posible, para evitar que se erosione la credibilidad del Banco y su compromiso de cumplir con su principal objetivo de política que, repito, es garantizar que, en el tiempo, la inflación se mantenga baja y estable”, acotó.

Por su parte, el economista Vidal Villalobos afirmó sobre la reforma: "La norma me parece que es adecuada en materia de política monetaria para que el Banco Central pueda entrar en el mercado y controlar volatilidades propias de una crisis de liquidez, pero la norma queda tan abierta que no hay filtros y el Banco Central podría, entonces, tener un efecto, incluso, mucho mayor en el mercado que el meramente de la vigilancia de sus objetivos”.

“Eso lo hacen los Bancos Centrales de todo el mundo. Es más, de manera directa el Banco Central de Europa, el de Japón y la Reserva federal de Estados Unidos le compran bonos al tesoro, en este caso, de cada una de esas regiones de manera directa”, explicó Villalobos.

Añadió que, en el caso de Costa Rica, esa herramienta bien usada puede generar liquidez al gobierno casi de forma inmediata.

No obstante, advierte que cuando la medida se ponga en juego, el BCCR debe ser “muy cuidadoso, muy sigiloso y muy disciplinado”.

"Va a tener que valorar los niveles de liquidez o de iliquidez que hay en el mercado porque, si hace una compra de bonos en el mercado secundario cuando más bien la expectativa de inflación es al alza, le hecha gasolina al fuego y termina empujando, más bien, la inflación.

“Pero como la inflación es la primera meta que va a estar defendiendo el Banco Central, en teoría se van a tener que cuidar mucho de esas inyecciones de dinero que puedan exacerbar la inflación. Hoy no es el caso, porque la demanda interna está desinflada y, por otro lado, tenemos precios de petróleo que han estado a la baja”, expuso Villalobos.

Aseguró que el artículo cuestionado debe tener filtros en cuanto a monto, plazos y el tipo de moneda e insiste: “Si no hay independencia en la toma de decisiones del Banco Central, el arca queda abierta. Y ya sabemos cuál es el refrán que tenemos que, en arca abierta, hasta el justo peca”.

En tanto, Nogui Acosta, exviceministro de Hacienda, se mostró a favor de la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central.

“Es buena como una mejor práctica para el manejo de la política monetaria. Hay una ganancia adicional y es que el BCCR reduce sus pérdidas por emitir Bonos de Estabilización Monetaria, para controlar la liquidez”, expuso Acosta.

Acosta recordó que ese tipo de acciones, de comprar o vender títulos de deuda, se realizan para mantener el nivel de liquidez de la economía.

"El BCCR venderá títulos para recoger liquidez y los comprará (emite) cuando se requiera mayor liquidez.

“Es una opción que se presenta en emergencia, pero que cambiará la forma en que se implementará la política monetaria. Es un paso en la dirección correcta”, añadió el exviceministro.

Además, Acosta mencionó que el cambio se da en la línea de crear un mecanismo en el que Hacienda sería el emisor soberano y el Banco Central el que realice el control de la liquidez a través de la compra o venta de esos títulos.

"Es importante señalar que se acaba de aprobar una reforma para sacar al ministro de Hacienda de la Junta Directiva del BCCR, para dotarlo de mayor independencia, pero además, los directores del BCCR son ratificados por la Asamblea Legislativa.

“Con estas medidas se asegura la independencia del Banco Central en la definición de sus objetivos. En particular, el manejo de la política monetaria”, puntualizó Acosta.

En cambio, Pedro Muñoz, cojefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló: “En un contexto de alto endeudamiento y poca liquidez, con bancos comerciales que le pertenecen al Estado, es una tentación que el Ejecutivo le ordene a ellos que le compren bonos y luego ellos le imploren al BCCR que se los compren a ellos. En una situación de iliquidez sería muy difícil para el Central negarse a tal imploración”.

Diputados se comprometen a corregir

A raíz de las dudas generadas por ese artículo 4, los 13 diputados de la mesa de trabajo que elaboró el proyecto para el retiro adelantado del FCL se comprometieron a plantear una modificación.

Karine Niño, legisladora de Liberación Nacional (PLN), explicó que se ha mal interpretado el espíritu del legislador en esa reforma.

Afirmó que se incluyó a solicitud del Banco Central bajo el entendido de que se aplicará para general liquidez en momentos extraordinarios como el que se está viviendo.

“En virtud de eso vamos, eventualmente, a corregir la redacción para que no quede dudas. Ni nosotros ni el Banco estamos en esa posición de creer que se puede usar de otra forma", expuso.

Por su parte, la jefa del PLN, Silvia Hernández, estimó que, a su juicio, la posibilidad de que el ente emisor compre títulos en el mercado secundario ya existe. “Y no se usa por miedo a su estigmatizacion”.

Añadió que el cambio tiene elementos técnicos a su favor: “Independientemente de la situación fiscal de Hacienda, con esto se permite una transmisión de las tasas de corto a largo plazo, mejora la formación de precios y hace que, por ejemplo, los fondos de pensiones puedan colocar a más largo plazo sus activos”.

Sin embargo, Hernández comparte la inquietud de que, ante un eventual gobierno “irresponsable”, se pueda busar de esa figura.

“Para eso también está la regla fiscal. Así, la preocupación puede ser más política, no técnica. Dicho esto, estoy a favor de realizar el cambio con un proyecto de ley y no dejar completamente abierto el ‘sistema’, reformando el artículo para dejar más acotada la figura”, indicó la jefa del PLN.