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La economista Edna Camacho, coordinadora económica del próximo gobierno, detalló las medidas con las que, en su criterio, se debe reducir el gasto público para evitar una crisis y para calmar a las calificadoras de riesgo, las cuales han degradado la calificación de la deuda pública costarricense.
Camacho habla de cuatro reformas legales, cuatro acciones del Poder Ejecutivo y una reforma constitucional.
Medidas en Cuesta de Moras
Sobre los proyectos que deben pasar por la Asamblea Legislativa, la coordinadora económica del gobierno de Carlos Alvarado mencionó:
-1. El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta es la reforma fiscal que acaba de pasar al plenario del Congreso, con la cual se crea el IVA, se gravan con más impuestos los salarios superiores a ¢2,1 millones, se crea el impuesto a las ganancias de capital y se pone tope a las anualidades de los empleados del sector público.
-2. Aprobar un límite máximo al porcentaje de anualidades de los funcionarios y racionalizar las condiciones de otorgamiento de algunos pluses. La reforma fiscal en discusión le impone un límite de 1,94% a las anualidades (algunas instituciones pagan más de un 5%), pero existen otros proyectos de ley para regular este y otros beneficios salariales.
-3. Aprobar una regla fiscal legal que le impondría límites al crecimiento del gasto público corriente para que nunca supere el crecimiento de la producción nacional. Según Camacho, "con ello se reduce gradualmente el tamaño relativo del gasto público". De esta medida, se exceptúa la inversión en infraestructura.
-4. Promover un sistema de regulación de empleo público para todos los funcionarios del sector público , a fin de racionalizar uno de los principales disparadores del gasto y dotar de mayor equidad al sistema.
Acciones en Zapote
Sobre las acciones que puede tomar el presidente Carlos Alvarado y su equipo, la futura coordinadora económica del Gobierno citó:
-1. Frenar el crecimiento de las plazas en el gobierno y en el resto del sector público a tasas que no superen el 1% o el 1,5%, "tasas que son muy bajas en comparación con niveles históricos"
-2. Frenar el otorgamiento de nuevos pluses y racionalizar los existentes
-3. Implementar una política de ajustes salariales austeros en el Estado, en donde hay más de 280.000 funcionarios
-4. En lo posible, implementar una política de bajo crecimiento en las transferencias del Gobierno a otras instituciones del Estado
"El impacto en el Gobierno oscila entre 1% y 1,5% del PIB, pero es mayor en todo el sector público. Esto no toma en cuenta que el impacto podría ser mayor por el efecto financiero de reducir el riesgo crediticio del país", dijo Camacho.
Es decir, que si las calificadoras de riesgo mejoran su percepción sobre Costa Rica, el país tendría que pagar tasas de interés más bajas para endeudarse en el exterior.
Cambio constitucional
En cuanto a la reforma a la Constitución, Edna Camacho apuntó a la regla fiscal constitucional que, según dijo, "permitiría ajustar las obligaciones de gasto originadas en leyes especiales que dan rigidez del gasto público y cuyo crecimiento es difícil contener sin esta reforma constitucional".
Se refiere a leyes aprobadas por los diputados, las cuales exigen al Gobierno destinar a diversas instituciones un porcentaje de la recaudación de un impuesto, o el equivalente a cierta cantidad de salarios base, aunque del dinero no alcance. Estos destinos fueron creados sin saber si el Estado tendría el dinero para cubrirlos.
La regla fiscal constitucional ya fue aprobada en comisión, pero los cambios a la Constitución llevan un camino mucho más largo en el Congreso, pues primero deben recibir dos debates en un año legislativo; luego, es necesario que el presidente haga una referencia en un discurso de un 1°. de mayo, y, finalmente, requiere de tres debates más en el siguiente año.
En el Congreso, ya fue pasada a plenario una reforma legal que también permitiría ajustar la asfixia que producen los gastos fijados por ley.
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"La aprobación de la regla fiscal constitucional y del proyecto de ley de fortalecimiento fiscal que se encuentra en la Asamblea Legislativa sería una señal crítica pues, reiteradamente, las calificadoras han señalado la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa como uno de los principales obstáculos para mejorar las perspectivas fiscales", dijo Camacho.
En 2018, el Poder Ejecutivo tan solo pudo maniobrar el 4% del presupuesto nacional, pues el 96% corresponde obligaciones que no puede evadir, como salarios, pensiones, educación, deuda pública y gastos específicos legales.
Camacho será la coordinadora del Consejo Económico del gobierno de unidad que impulsa con Carlos Alvarado junto con Rodolfo Piza, a quien ella acompañó en la fórmula presidencial del Partido Unidad Social Cristiana en primera ronda, como candidata a vicepresidenta.
En administraciones anteriores, el coordinador económico ha tenido un alto cargo en el Gobierno. En el caso de Camacho, aún no ha sido anunciada una designación.
Generación de empleo
En cuanto a la generación de empleo para los próximos cuatro años, la futura coordinadora económica apuesta a medidas relacionadas con la educación y con la reactivación económica.
Para ella, es necesario eximir a las personas que produzcan de los requisitos y trámites que no estén establecidos por ley, así como fortalecer el silencio positivo; es decir, si una institución no responde la solicitud de un ciudadano, este último puede interpretar que tiene permiso.
En educación, la economista propone crear incentivos para las empresas que capaciten a aprendices y contraten jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
Asimismo, Camacho mantiene una de las propuestas de Piza durante la campaña política que consiste en enseñar inglés a unos 300.000 adultos para que tengan más oportunidad de conseguir trabajo.
Entre sus políticas, también se encuentra atraer centros de investigación y universidades internacionales.
Sus posiciones
Edna Camacho fue viceministra de Egresos entre 1998 y 2001 durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez. Renunció en agosto de 2001, junto al entonces ministro Leonel Baruch.
Tuvo como compañeros de gabinete a otras figuras socialcristianas que acompañan a Carlos Alvarado, como Rodolfo Mendez, exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; y Víctor Morales Mora, exministro de Trabajo, diputado electo y jefe de campaña del PAC en las pasadas elecciones.
En esa misma administración, también tuvo participación otra figura económica de Alvarado: André Garnier, quien asumirá el cargo de ministro de coordinación y enlace con el sector productivo. El empresario fue Secretario Técnico de Concesiones hasta el año 2000.
De su administración, ella misma destacó que, durante ese periodo, se mantuvo una situación fiscal estable y se reasignó el gasto hacia áreas consideradas prioritarias por el gobierno como educación, seguridad, infraestructura vial y salud sin un deterioro de la situación fiscal.
Camacho también fue directora de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y presidente de la Academia de Centroamérica; de hecho ha sido la única mujer en ocupar esa última posición.
En una publicación de la Academia, Camacho desacreditó al gobierno de Luis Guillermo Solís por haber rechazado la propuesta de empleo público que limita los pluses salariales. Esa iniciativa era impulsada por la diputada liberacionista Sandra Piszk.
En un conversatorio, organizado por El Financiero, en enero de este año, Camacho insistió en la necesidad establecer límites de crecimiento al presupuesto nacional con la regla fiscal constitucional, reforma que promoverá desde su puesto.
Mientras fue candidata a la vicepresidencia de la República, junto a Rodolfo Piza, Camacho afirmó que la creación de 200.000 empleos en cuatro años era una meta posible de alcanzar.
En esa misma contienda, estuvo a favor de cambiar hacia el IVA, pero manteniendo la tasa del 13%, con una tasa preferencial del 2% para educación y servicios médicos.
Cuando Camacho aceptó la nominación como coordinadora económica, reconoció que se debió al acuerdo entre Piza y Alvarado y las medidas que contenía dicha alianza en procura de la estabilidad económica.
“Esa agenda procura la estabilidad económica, con disciplina fiscal y estabilidad en los precios. Pero también procura reactivar la producción y promover el empleo dentro y fuera del área metropolitana, simplificar trámites, facilitar los emprendimientos, educar en y para el trabajo con el INA, los colegios técnicos y el sector privado trabajando conjuntamente, y enfrentar decididamente los retos del cambio tecnológico. La agenda busca un desarrollo con equidad”, señaló en una publicación que hizo en Facebook, al mismo tiempo que dijo no renunciaría a su partido político.
