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Mayuli Ortega (a la derecha) en la Asamblea Legislativa este 23 de enero. Le acompaña su abogada Katalina Zúñiga Espinoza. Foto: (Jose Cordero)
Veracruz, México.- En una de las épocas más oscuras del estado mexicano de Veracruz, donde la corrupción y la violencia se enseñorearon, la costarricense Mayuli Ortega Guzmán, de 58 años, ejerció el poder al lado de su entonces esposo, en el municipio costero de Tecolutla, una región con vocación turística y pesquera.
Siendo presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un cargo que se ejerce de manera honoraria, fue arropada por su expareja, el empresario gasolinero Wenseslao Santiago Castro, un político del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por la clase política conocida como el “duartismo”. Santiago llegó a ser alcalde de Tecolutla.
Quienes la llegaron a conocer la describen como una mujer de bajo perfil público, pero hábil para los negocios, administradora y opinadora en las “inversiones” del esposo. Y siempre cerca de su pareja, el alcalde ligado al grupo político del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), actualmente preso por corrupción y con un juicio abierto por delitos de lesa humanidad.
El munícipe logró tener una intensa cercanía con el defenestrado Duarte, gracias a su amigo y asesor del político en desgracia, el exgobernador de Oaxaca, José Murat, un viejo político del antiguo régimen priista.
Y fue en esa época de convulsión política, de graves señalamientos de desfalcos a las arcas públicas del grupo político gobernante y de una violencia sin precedentes, cuando surgieron las alianzas políticas y los escándalos de Mayuli Ortega.
Cuando el presidente municipal vio frustrada su intención de buscar, por segunda ocasión, la alcaldía de Tecolutla en el 2017, decidió impulsar a su esposa Mayuli Ortega como candidata a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México, en alianza con el PRI.
Fue precisamente durante el periodo de campaña cuando el opositor partido de derecha Acción Nacional (PAN) cuestionó irregularidades en la documentación que Mayuli Ortega entregó a las autoridades electorales para registrarse como aspirante a la alcaldía, por lo que presentaron denuncias penales para invalidar su candidatura.
Encontraron que habría entregado documentación falsa que la acreditaba como mexicana.
Fue el representante del PAN ante los organismos electorales, Mizraim Castleán Enríquez, quien exhibió actas de nacimiento que acreditaban falsamente como mexicana a Ortega Guzmán: la primera de ellas es la número 199 del tomo I del libro 1 y la segunda es el acta número 768 del libro 4 del municipio de Chetumal del estado de Quintana Roo.
A la par, fue presentado el pasaporte número 1-0627-0301 y una constancia de residencia permanente que la acreditaban como costarricense, por lo cual estaba impedida legalmente a buscar un cargo de elección popular.
En las votaciones, la costarricense no logró alzarse con la victoria, en parte -aseguran líderes políticos de esa época- por el escándalo de aparentes documentos apócrifos y por la baja percepción ciudadana sobre su entonces esposo. La victoria fue para la alianza del derechista PAN y el izquierdista PRD.
En agosto del 2017 y tras la revisión del expediente del caso presentado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, un juez de Control determinó vincular a proceso, es decir, iniciarle un juicio a Mayuli Ortega Guzmán.
EL UNIVERSAL solicitó información sobre el desarrollo del juicio, pero hasta el momento no había respuesta. Ante diputados de Costa Rica, Ortega presentó una hoja, no apostillada, donde se indica que una causa en su contra fue desestimada.
Un año después, en el 2018, su entonces esposo Wenseslao Santiago se lanzó como candidato a la diputación federal y Mayuli Ortega fue designada como coordinadora distrital por el Partido Verde, por lo que hizo campaña al lado de su pareja.
En sus redes sociales, aparecen fotografías con el diputado federal del Partido Verde, Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en cuya administración el cartel de Los Zetas tomó el control del territorio instaurando un sistema de cobros por extorsión y diversos delitos.
“Feliz Cumpleaños amigo mío, mi Líder y mi jefe. Un orgullo ser parte de tu caminar, eres mi admiración y un gran ejemplo. Dios te Colme de Bendiciones y que siempre sigas así Haciendo Política Con El Corazón. Te Quiero mucho. Javier Herrera Borunda”, se lee en uno de los mensajes.
En sus redes sociales, la costarricense difundió imágenes donde aparece con el entonces candidato a gobernador, José Yunes Zorrila, así como con el líder sindical magisterial, Juan Nicolás Callejas Roldán, hijo del extinto y poderoso dirigente magisterial del viejo priismo, Juan Nicolás Callejas.
Después de las elecciones del 2018, en la que obtuvo el triunfo el candidato del partido oficial, Cuitláhuac García, ambos desaparecieron de la escena política de Veracruz, hasta que en diciembre el nombre de Mayuli Ortega surgió en Costa Rica en una investigación por el uso y pago de un trol para atacar opositores y periodistas, una práctica que fue y es sumamente común en el estado de Veracruz.
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La Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos de Costa Rica aprobó una moción para convocar a interrogatorio bajo juramento a la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, y a la funcionaria de Casa Presidencial y ahora presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPS), Mayuli Ortega Guzmán, por los pagos al trol Piero Calandrelli.
Ortega compareció este lunes 24 de enero, pero se abstuvo de responder preguntas de diputados en 51 ocasiones. Incluso, dijo que se abstenía para no incriminar a otras personas. Sí admitió haberle hecho un pago a Alberto Vargas Zúñiga, la persona detrás del trol, pero alegó que se trató de “un favor a una amiga” a quien no identificó.
Ante una consulta de La Nación este martes, Ortega dijo que vivió en México por más de 30 años, es viuda de un ciudadano mexicano y, actualmente, es pensionada.
No accedió a un intercambio de preguntas y respuestas, pero indicó en un texto: “No tengo ningún problema con la justicia de México, hago una acotación sobre este particular, ya que ha circulado en distintos medios de información sobre un supuesto proceso contra mi persona en ese país, lo cual es absolutamente falso. No existe un proceso pendiente en mi contra, no fui sancionada o condenada penalmente”.
En la comisión legislativa, los diputados le preguntaron sobre las noticias que circularon en México, en torno a la denuncia por la presunta falsificación. Sin embargo, ella se abstuvo de responder.
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La relación de su exesposo con el duartismo
Líderes políticos regionales consultados recordaron que el empresario gasolinero, el entonces esposo de Mayuli, logró trabar una relación cercana con Duarte de Ochoa, quien lo impulsó como candidato a la alcaldía de Tecolutla, un municipio de bajo perfil político y económico y con altos niveles de marginación.
El empresario, dueño de ranchos, ganado y caballos, también tenía una relación con Vicente Benítez González, entonces tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el duartismo. Vicente Benítez también está casado con una ciudadana costarricense, la cual mantuvo una relación cercana y pública con Mayuli. Benítez enfrenta denuncias por presuntos desvíos de recursos durante su gestión, las cuales combate en tribunales.
Duarte de Ochoa actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Durante la administración de Duarte, presuntamente se desviaron recursos públicos por 58.000 millones de pesos mexicanos (unos $1.966 millones), reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo público dedicado a efectuar auditorías oficiales.
El político enfrenta actualmente un nuevo juicio por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad y un juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.
Al exgobernador se le señala por la desaparición forzada cometida en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C.
Durante su mandato en Veracruz, un estado asentado en el golfo de México, se desató una violencia sin precedente relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado.
Fue precisamente durante el 2016 cuando el rancho El Paraíso, propiedad del alcalde, sufrió un incendio, en un tiempo en el que las bandas delincuenciales prendían fuego a propiedades de empresarios o a personajes identificados con otros grupos, lo que generó un caos y violencia desde la región de La Antigua hasta Cazones de Herrera, una amplia franja del litoral costero del golfo de México.
