El veto a la ley mordaza que aprobaron 40 diputados de la anterior Asamblea Legislativa será parcial, y no total, afirmó la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), liderada por Eliécer Feinzaig, que fue la primera fracción que demandó al presidente Carlos Alvarado vetar esa legislación por atentar contra la libertad de prensa.
“Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) celebraron la decisión que anunció la Presidencia de la República este jueves, de que el presidente Carlos Alvarado vetará parcialmente la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, que contiene incisos que impedirían a la prensa informar sobre casos de corrupción en la función pública”, informaron en un comunicado.
La mañana de este viernes, en el programa Hablando Claro, de radio Columbia, la periodista Vilma Ibarra le consultó al gobernante saliente si será parcial o total. Respondió que los abogados están “afinando” la redacción del texto, por lo cual no quiso adelantar criterio. Sí confirmó que será este viernes, último día hábil de su gobierno, cuando él lo firme.
“Hay que hacer una justificación fuerte, legal, sólida, no es simplemente que el presidente hace un papel, pone ‘veto’ y lo manda a firmar”, agregó.
También, sin ahondar, el mandatario contó que cuando el miércoles dijo que no le iba a dar tiempo de ejecutar el veto porque la Asamblea Legislativa no había enviado la ley a Presidencia, “tal vez allí yo pequé... voy a decirlo como lo decimos popularmente, pequé de sapo”. No obstante, no amplió en esa declaración.
Al final, la legislación, firmada por los diputados anteriores, le llegó ese mismo día en la noche y por ello, en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, declaró el jueves: “Vamos a correr para vetarlo”.
Si fuera veto parcial, solo sería a los incisos d), g) y k) del Artículo 8 de la ley sobre Límites del derecho de acceso a la información de asuntos de interés público, los cuales impiden que los periodistas informen a la ciudadanía sobre la “prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.
Estos incisos, propuestos por Carmen Chan, entonces diputada del Partido Nueva República, impedirían a medios de comunicación informar sobre expedientes en proceso judicial, como son los casos Cochinilla, Diamante o Turesky; sobre allanamientos o sobre funcionarios investigados por corrupción.
El abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, advirtió que esos incisos no solo violentan el artículo 29 de la Constitución Política, sino que trasgreden la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia para los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
‘Derecho ciudadano a la información transparente’
Eliécer Feinzaig, diputado líder del PLP, declaró: “Nos satisface mucho que el presidente haya reflexionado sobre la importancia de la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información transparente, pues estos son pilares de la vida democrática”.
El Partido Liberación Nacional (PLN), que tiene 19 diputados, también se pronunció este jueves contra la norma. “El hecho de poner esa ley mordaza es lo que no nos sentimos cómodos, no nos parece correcto. Eso fue parte de lo que coincidimos en el Directorio, aunque en la fracción no lo conversamos”, declaró Kattia Rivera, jefa de fracción.
La diputada Daniela Rojas, jefa de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reconoció que “en buena hora el presidente toma la decisión de vetar el proyecto de Ley 20.799. Desde hace dos días, la fracción de Unidad le había solicitado dicho veto, ya que el proyecto en su artículo 8 claramente limitaba la libertad de prensa e impedía a los periodistas y medios de comunicación, ejercer sus funciones investigativas sobre actos de corrupción o sanciones administrativas, donde se involucraran jerarcas y funcionarios públicos. Una decisión correcta que de no vetarse hubiera traído serios problemas”.
El presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, quien cuestionó la norma el 28 de abril y se reunió con el mandatario saliente este jueves en la noche en un acto donde se develó su retrato como segundo periodista que llega a gobernar el país después de Otilio Ulate Blanco (1949-1953), dijo que Alvarado le explicó que la norma aprobada por 40 diputados del Congreso anterior, el 27 de abril, atenta contra la Constitución Política y eso se va a aducir: “Esto con el fin de que el tema vaya a la Sala Constitucional y eso obligaría, al menos, a la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa a enmendar los yerros que la ley tiene”, detalló Solano, quien además de periodista, es abogado.
Agregó que una vez que salga el veto y este llegue a la Asamblea Legislativa, el Colegio de Periodistas pretende “garantizar que ningún artículo, inciso o palabra cercene el derecho a la libertad de prensa y la libertad, así como el periodismo investigativo”.
Al develar su retrato en el Colegio de Periodistas, al cual se incorporó en julio del 2004, Alvarado dijo: “El día de mañana, vetaremos la ley que pone restricciones al acceso de la prensa a ciertas fuentes de información. Literalmente, mientras algunas personas están empacando cajas, otras están trabajando el veto para que lo podamos firmar y notificar este viernes”.