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El Gobierno presenta a Costa Rica al mundo la imagen de una nación verde cuya vocación ambiental ha sido alabada en diversas ocasiones; sin embargo, los halagos contrastan con un menor gasto público en esta materia por el estado de las finanzas públicas.
El viceministro de Hacienda, Isaac Castro Esquivel, aclaró que si el país desea brindar estabilidad a su gasto ambiental en el tiempo, primero se requieren finanzas públicas sólidas y esto pasa por restricciones al gasto al 2030, las que irán bajando según se avance en este horizonte de mediano plazo. Todo el propósito de poner techos a los egresos es para reducir la deuda.
Los topes al crecimiento de los presupuestos que impuso la llamada regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) afecta a todas las áreas del Estado, entre ellas ambiente y biodiversidad.
“Es lamentable, preocupante y una realidad que no podemos ocultar: producto de la situación fiscal, la reforma fiscal aprobada en el 2018 y los impactos por la covid-19, en los últimos años la inversión en conservación viene disminuyendo como lo sugieren estudios de finanzas para la naturaleza”, expresó Andrea Meza Murillo, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (Biofin) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió en mayo, que del 2015 al 2020 se registra una reducción promedio de 3,4% anual en el gasto en biodiversidad de las instituciones del Gobierno Central.
El análisis agrega que el contexto fiscal actual y la caída en la actividad económica por la pandemia afectarán en forma adicional el financiamiento para la biodiversidad, un área en la que presidente Carlos Alvarado recibió en setiembre del 2019 el máximo galardón ambiental que otorga la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Para Biofin, debería blindarse y fortalecer la inversión pública en biodiversidad para que el país avance en el cumplimiento de sus promesas internacionales y nacionales en la materia.
Programa premiado
No obstante, esa posibilidad está lejana por ahora. Por ejemplo, el Programa de Servicios Ambientales (PSA) por el cual el país recibió el Premio Earthshot por esfuerzos por la preservación del ambiente que otorga el príncipe William de Inglaterra y la Royal Foundation ha sufrido recortes.
En el 2020 recibió un 33% menos de recursos que el año anterior. De 2017 al 2020 se ha mantenido sin crecimiento, con un promedio de ¢16.000 millones anuales.
Incluso el último informe Estado de la Nación resaltó que Hacienda dejó de transferir unos ¢8.585 millones recaudados del impuesto único a los combustibles para conservación de bosques en ese lapso.
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) a cargo del programa condecorado financia 92% de estos pagos con una fracción de 3,5% del impuesto a los carburantes tal y como lo dicta la Ley Forestal.
No obstante, el alto endeudamiento público y el pago de intereses por la deuda obligan ahora a frenar las transferencias en una actividad en la cual el Estado de Costa Rica ha suscrito objetivos en el marco de acuerdos internacionales y de la que el propio mandatario se ha servido para destacar a su gobierno.
“Internacionalmente hemos impulsado iniciativas como el Fondo para el Alivio de la Economía del Covid-19 o los cambios de deuda por financiamiento para la protección ambiental contra el cambio climático”, expresó el gobernante en un foro en el diario La Nación a inicios de este mes.
Según el viceministro de Hacienda, el reciente premio se obtuvo porque Costa Rica dirigió por años gasto al tema ambiental de un forma que con las condiciones fiscales de hoy es insostenible.
“Si alguien hoy nos donara $4.000 millones para cualquier gasto, con la regla fiscal vigente, el único destino para esos fondos solo sería amortizar deuda. Si ese dinero lo quisiéramos usar para ambiente, entonces habríamos de reducir gasto en otro componente como seguridad, educación o inversión social”, aseveró.
Para dar una idea del gran endeudamiento, hoy el pago de intereses por la deuda pública ronda 5,1% del producto interno bruto (PIB) que equivale a unos ¢1,9 billones. Eso se expresa como la cifra “¢1,9″ seguida de 11 ceros.
Clamor del Minae
A pesar de esa realidad que el mismo Gobierno ha reiterado una y otra vez al insistir de la precaria situación de las finanzas, la ministra Meza ha pedido consideraciones a la Asamblea Legislativa, encargada de aprobar presupuestos.
La jerarca solicitó que no se tomen “decisiones a la ligera” que puedan golpear más programas de apoyo a poblaciones indígenas dispuestas a emprender una labor de conservación y a otros programas de reactivación económica verde y azul en zonas costeras.
“Aún estamos a tiempo desde la Asamblea Legislativa de revertir recortes que pueden ser muy perjudiciales para Costa Rica”, insistió Meza.
Por su parte, Carlos Manuel Rodríguez, quien antecedió a Meza en el cargo y quien primero implementó el PSA a partir de 1998, cuestionó el razonamiento de Hacienda pues considera que no discrimina al aplicar la regla fiscal cuando se trata de instituciones que generan ingresos. Puso de ejemplo los parques nacionales.
“El ingreso turístico de los parques nacionales deja al año de $15 millones a $20 millones excepto el 2020 pero ¿acaso ese dinero se devuelve a esas zonas en recursos para preservarlas? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) genera de los parques fondos que le permitirían contratar 150 guardaparques que faltan. No obstante, por ese fundamentalismo de que la planilla estatal no puede crecer, Hacienda aplica medidas a rajatabla aunque el Sistema sea autosuficiente”, se quejó.
El viceministro de Hacienda refutó el reclamo al recordar que tanto el Sinac como el Fondo de Financiamiento Forestal (a cargo del PSA) dejaron de ser órganos desconcentrados a nivel presupuestario desde el 2020, debido a la Ley Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central (9524).
“Estos programas gozaron por mucho tiempo de transferencias listadas en diversas leyes pero no las ejecutaron al 100%. Entonces acumularon superávits específicos. Esa ley (9524), fija que todos esos superávits que esas entidades tienen y otras cobijadas por esta se reintegren al fondo general como ocurrió a partir de este año”, precisó.
