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El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, guardó silencio ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, quienes este jueves le consultaron por su participación en la presunta injerencia que ejerció el presidente Rodrigo Chaves, para que la legisladora del PUSC, Vanessa Castro, perdiera un contrato de servicios legales con la televisora Repretel. La audiencia se realizó de forma virtual.
“No me voy a referir”, fue la respuesta que una y otra vez pronunció el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cuando los parlamentarios le solicitaron detalles de la reunión sostenida en su residencia en México, en abril del 2023, en la que, según Castro, el diplomático reveló que Chaves le pidió contactar al dueño de la televisora.
Ante la indisposición de Abarca de atender las consultas, los legisladores aprobaron una moción para volver a convocarle, pero esta vez tendrá que asistir presencialmente a la Asamblea Legislativa.
El diputado Ariel Robles, del partido Frente Amplio (FA), alegó que el embajador estuvo recibiendo instrucciones por celular sobre qué preguntas contestar y qué no, por lo que defendió la necesidad de contar con la participación física de Abarca.
La propuesta fue respaldada por seis legisladores, entre los cuales estuvo el legislador oficialista Manuel Morales.
El único voto en contra vino del también diputado de gobierno Alexánder Barrantes Chacón. En una de sus intervenciones, el congresista afirmó que, en su opinión, Abarca “lo ha hecho muy bien, en el sentido de que se ha abstenido a declarar o de pronunciar cosas que quieren que digan o que no son de conocimiento de él”.
Igualmente, Barrantes dijo que Abarca estaba “en su derecho de abstenerse a dar datos e información que lo puedan comprometer”.
Las consultas que se le plantearon al embajador estuvieron principalmente relacionadas con la reunión de abril del 2023. Por ejemplo, se negó a mencionar a las personas que estuvieron en su casa ese día, pese a que se ha confirmado que, además de Vanessa Castro, estaban presentes los también diputados del PUSC, Carlos Felipe García y Leslye Bojorges.
La compañía de televisión cesó a la legisladora en diciembre del 2022, luego de 18 años de relación laboral.
Fernando Contreras, presidente de Repretel, corroboró que el embajador contactó a la casa matriz de la empresa, la cual es propiedad del grupo multinacional Albavisión, del empresario mexicano-guatemalteco Ángel González.
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En su momento, la Casa Presidencial alegó que las gestiones se hicieron por supuestas dudas sobre un eventual conflicto de interés entre las labores profesionales de Castro y su gestión como legisladora.
Pablo Heriberto Abarca se justifica
Abarca justificó su silencio en la existencia de un expediente judicial sobre los hechos denunciados por Castro; no obstante, cuando se le solicitó el número de la investigación, dijo desconocer esa información.
Por este caso, la Fiscalía General de la República tiene en curso una investigación contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de abuso de autoridad. El proceso se sigue bajo la causa 24-000020-0033-PE.
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‘La frase favorita del PAC’
El frenteamplista Jonathan Acuña cuestionó al embajador por asumir una posición que él mismo cuestionó cuando fue diputado en el periodo 2018-2022.
En este sentido, recordó una publicación hecha por Abarca en la red social Facebook, el 4 marzo de 2020, sobre la decisión del entonces viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, de abstenerse de declarar y de responder preguntas ante la Comisión Especial Investigadora sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“‘Me abstengo de declarar’, la frase favorita del Partido Acción Ciudadana (PAC)”, expresó Abarca en ese posteo.
Cuando Acuña le consultó sobre la publicación, el embajador dijo que se trataba de una situación diferente. Al solicitársele que precisara los elementos diferenciadores, Abarca indicó que “existe un proceso judicial en el que yo estoy implicado”.
Acuña respondió: “Fue lo mismo que dijo el señor viceministro en ese momento”.
Abarca reiteró que daría explicaciones “en el momento judicial oportuno” y que el foro legislativo no era el espacio correcto para referirse a los hechos que están bajo investigación.
