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Catalina Crespo, embajadora costarricense ante Estados Unidos, relató a un medio de comunicación de ese país especializado en diplomacia que sufrió un intento de asesinato en Costa Rica cuando ejercía el cargo de defensora de los Habitantes.
Según manifestó, alguien cortó los frenos de su vehículo oficial en setiembre del 2022.
La historia fue consignada en una entrevista que la representante del Gobierno de Costa Rica brindó a The Washington Diplomat y que fue publicada el pasado 22 de agosto, en la cual afirmó haber recibido amenazas de muerte.
Según el artículo, la historia de la diplomática costarricense causó asombro y contrasta con la imagen internacional que ha logrado construir el país.
Crespo, quien fue designada en el cargo por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, indicó al medio que los hechos se mantienen sin resolver y que, luego de lo ocurrido, requirió de constante protección policial.
“Si este hubiera sido cualquier otro país latinoamericano, me habrían asesinado desde el principio”, se lee en una de las citas del artículo.
“La revelación llega como una sorpresa, considerando la reputación de Costa Rica como una democracia progresista y amante de la paz, que hace 75 años disolvió su ejército y comenzó a invertir fuertemente en educación y servicios de salud”, expresa The Washington Diplomat.
La Nación solicitó a la Cancillería gestionar con la embajadora una declaración para que confirme si presentó la denuncia de los hechos descritos; asimismo, se hicieron consultas al Ministerio Público.
Corrupción en Costa Rica
La embajadora manifestó lo siguiente sobre su paso por la Defensoría de los Habitantes: “No hice muchos amigos durante esos cuatro años”.
“Esta es una institución nacional (la Defensoría) que hace al Gobierno rendir cuentas, y hubo muchos asuntos anticorrupción que causaron una buena cantidad de dolores de cabeza”, añadió.
Al respecto, la nota hace mención de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que Costa Rica obtuvo su segunda peor calificación histórica.
Particularmente, cita uno de los extractos del comunicado de Transparencia Internacional, que hace referencia directa al actual mandatario y los cuestionamientos alrededor del financiamiento de su campaña electoral.
“Las acusaciones de financiación política ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también pueden ayudar a explicar los resultados recientes”, indica el texto.
Chaves es investigado por la Fiscalía General de la República por “presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos, por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD)”.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 22-000116-1218-PE, donde también aparecen como imputados el canciller Arnoldo André Tinoco; la diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar Loaiza; y el también legislador oficialista Waldo Agüero Sanabria (segundo lugar en la papeleta por San José).
Incluso, como parte de este proceso, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, allanó el 17 de agosto las instalaciones del bufete Lexincorp, del cual fue socio fundador el canciller.
