EscucharLos trabajadores de la empresa Alunasa, cuyo propietario es el Estado de Venezuela, le pidieron al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que salve el trabajo de las 183 personas que laboran para la compañía en Juanilama de Esparza, en Puntarenas.
Mediante una carta, los empleados le expusieron al líder chavista las penurias que afrontan desde el pasado 15 de setiembre, cuando la empresa los envió para la casa sin pagarles la quincena y posteriormente, tampoco les desembolsó el pago del 30 de ese mes.
En la carta, elaborada por una mesa de trabajo que representa a los empleados de esta fábrica de productos de aluminio, también se consigna que el patrono nos les da ninguna información sobre lo que ocurrirá.
José Luis Rosales, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Alunasa, informó de que la nota fue enviada el miércoles anterior, pero desconoce si el mandatario sudamericano la recibió.
De acuerdo con el representante laboral, su intención es que la carta genere algún tipo de empatía en Maduro y que intervenga para resolver la situación.
Dos semanas antes, la mesa de trabajo le escribió también a Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) —casa matriz de Alunasa— y a Jorge Arreaza, ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, quienes hasta este viernes tampoco habían respondido.
“No estamos en una actitud de pelea, hostil, estamos dispuestos a trabajar juntos en procura del beneficio de la empresa, porque son 183 familias que quedarían desempleadas o sin salario en una zona ya deprimida desde antes de la pandemia (...). Perder 183 fuentes de empleo era antes un desastre, pero ahora sería casi que apocalíptico”, afirmó Rosales, quien labora en el departamento de Tecnologías de Información de Alunasa.
La carta a Maduro fue enviada mediante los mismos representantes de la compañía del Estado venezolano. La solicitud fue enviada al tiempo que el régimen chavista eliminó seis ceros de la moneda venezolana para facilitar operaciones en un país golpeado por la hiperinflación.
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Alunasa alegó en Costa Rica supuesto bloqueo de EE. UU.
En la conciliación que medió el Ministerio de Trabajo, la semana anterior, los venezolanos que dirigen la empresa alegaron que la planta no tiene dinero para operar ni para pagar salarios, supuestamente, a causa del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela.
Alunasa incluso tramitó la suspensión de los contratos de 180 empleados hasta marzo del 2022. Sin embargo, la solicitud fue denegada y, más bien, el Ministerio de Trabajo le ordenó a la empresa pagar lo adeudado a los empleados a más tardar este lunes 4 de octubre.Le advirtió, además, de que que si incumple la orden, procederá “a plantear formal acusación ante los Tribunales de Trabajo”.
Las actas de las reuniones entre las partes reseñan que Pablo Emilio José Gregorio Turmero Astros, presidente de la compañía, y Carlos Peña Díaz, asesor corporativo, pidieron tiempo para que la casa matriz de la compañía en Caracas revise los documentos que detallan la cantidad de dinero adeudado a los trabajadores. No obstante, los empleados rechazaron dar más plazo.
“Si a uno le dijeran ‘deme una semana porque aquí hay un plan bien desarrollado, se ve de dónde viene el dinero, este día se va a firmar tal cosa’, qué sé yo, no hay ningún problema, pero es que nos dicen que necesitan una semana más para que en casa matriz valoren la información y vean si es posible (...). O sea, esa incertidumbre es irrespetuosa para los trabajadores a los que estamos representando, que no tienen qué comer”, detalló Rosales.
La Nación procuró consultarle al presidente de Alunasa sobre el avance en la búsqueda de dinero para pagar los salarios; sin embargo, al cierre de este artículo, Turmero Astros no respondió las llamadas ni el mensaje que se envió a su teléfono celular.
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La historia se repite
La planta de Alunasa es una de las principales fuentes de empleo en el cantón de Esparza, en Puntarenas. Hace 15 años, la empresa le daba trabajo a más de 400 personas, pero ahora ocupa a 183, divididos en 151 hombres y 32 mujeres.
La fábrica afronta una fuerte crisis desde abril del 2018, cuando presentó, por primera vez, una solicitud de suspensión de los contratos de trabajo de 230 colaboradores, la cual también fue rechazada.
Pese a eso, Rosales narró que una buena parte de la planilla pasó ocho meses sin recibir sus salarios. Regresaron a trabajar, pero, según el representante sindical, a muchos aún les deben los sueldos del periodo de parálisis. Tres años después, los trabajadores de Alunasa ven cómo la historia se repite.
“Ahora nos vuelve a pasar esto y tenemos ese trauma. Dicen que el que es quemado con queso hasta la cuajada sopla, y ya uno sabe por dónde va”, aseguró Rosales.
Una trabajadora del área de producción de Alunasa narró a este diario que, desde el 2019, la empresa arrastra problemas con el suministro del aluminio, el cual proviene de Venezuela y lo provee un grupo de compañías estatales que controla el régimen chavista. Según dijo, el último cargamento de este año llegó en marzo y, desde mayo, la planta permanece apagada, pues no hay con qué trabajar.
Según relató, durante los últimos meses, la empresa pagó los sueldos sin que los empleados supieran de dónde se obtenía el dinero, y sin que tuvieran mayores labores que ejecutar además de barrer, chapear y darle mantenimiento a las instalaciones. De repente, el dinero se acabó.
Rosales agregó, por su parte, que la misma semana en que los enviaron a la casa sin la quincena, los directivos de la empresa les dijeron que la crisis se solucionaría muy pronto, pues aparentemente estaba a punto de concretarse una inyección de financiamiento. Tan solo horas después, la empresa presentó la solicitud de suspensión de contratos.
“Lo pone a uno a pensar verdad, de la buena fe. Nosotros no estamos peleados, conversamos con el patrono y todo, pero entonces uno dice: ¿estamos escondiendo ases debajo de la manga? Lo pone a uno nervioso”, afirmó el representante, quien agregó que el Ministerio de Trabajo ha actuado rápido y de forma correcta; sin embargo, dijo que también se pidió que el Gobierno costarricense atienda el asunto “a otro nivel”, con la intervención de la Casa Presidencial y la Cancillería.
