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Los sindicatos judiciales buscan reunir al menos 800 trabajadores que, juntos, demanden internacionalmente al Estado para proteger sus privilegios. Para ello, cada uno tendrá que pagar hasta $1.000 (¢580.000).
La idea es someter las medidas de contención del gasto público, aprobadas por los diputados y el gobierno, ante los comités de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los empleados judiciales pretenden impugnar, por ejemplo, las medidas de ahorro en pluses salariales ordenadas por la reforma fiscal y la reforma a las pensiones de lujo del Poder Judicial.
La cruzada contra el Estado costarricense también intentará obstruir proyectos de ley que se encuentran actualmente en curso en la corriente legislativa.
Tal es el caso de cuatro iniciativas más para recortar pensiones de lujo, la reforma al empleo público, el freno a los abusos en las huelgas y el plan que reduciría el período de nombramientos de magistrados de ocho a cinco años, con una sola posibilidad de reelección.
Según los funcionarios judiciales, se trata de propuestas que van en detrimento de sus derechos humanos.
Los sindicatos están distribuyendo, entre el personal de la Corte, copia del contrato que tendrían que firmar quienes se sumen a la demanda. Para hacerlo, tienen tiempo hasta el 30 de noviembre.
Se trata de un convenio con una empresa especializada en litigio estratégico internacional en materia de derechos humanos, fundada en Costa Rica por el costarricense Víctor Manuel Rodríguez Rescia. Tiene una sede en Escazú y otra en Ginebra, Suiza.
Esa empresa es la que representaría a los demandantes ante los organismos internacionales.
Quienes lo suscriban tendrán que pagar entre $550 (¢319.000) y $1.000 (¢580.000), dependiendo de su salario, para costear los honorarios cobrados por Servicios Interamericanos de Profesionales en Derechos Humanos S. A. (SIPDH), firma legal a cargo del proceso.
En el Poder Judicial, 1.800 (13%) de los 13.700 empleados tienen sueldos superiores a los ¢3 millones. En promedio, los empleados ganan ¢1 millón solo en incentivos, aparte del salario base. Además, gozan de 21 incentivos exclusivos para el Poder Judicial.
El contrato establece que la demanda versará “especialmente en cuanto a las garantías de independencia judicial, el debido proceso legal, la no regresividad de derechos económicos y sociales, las condiciones laborales y jubilatorias, la libertad de expresión, el principio de legalidad, el acceso a la seguridad social y la participación a cargos públicos, entre otros”.
Contrato incluye cabildeo en organismos internacionales
Además de trazar la hoja de ruta de la “estrategia jurídica política de litigio”, la firma SIPDH tendrá que idear una fórmula de “cabildeo” ante los órganos de derechos humanos de la ONU y de la OEA.
Así lo estipula la cuarta de 13 cláusulas que conforman el contrato.
Este numeral establece que todas las acciones contenciosas y no contenciosas que se entablen ante el Sistema de Naciones Unidas o ante el Sistema Interamericano (de la OEA) “estarán acompañadas de cabildeo institucionalizado para efectos de su seguimiento y buen recaudo”.
Lo anterior implica viajes del equipo legal de SIPDH a las sedes de los organismos involucrados (Ginebra, Suiza; Estrasburgo, Francia; Washington D.C., Estados Unidos, y San José, Costa Rica) para reunirse con miembros y funcionarios de las secretarías de esos órganos internacionales.
Dichas acciones, prosigue el contrato, también incluyen el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional y de otros actores que apoyen el caso.
“Se promoverá la participación colaborativa de esas organizaciones y entidades académicas por medio de la presentación de escritos de amici curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) ante los respectivos organismos internacionales que se involucren en el litigio estratégico”, agrega el documento.
Asimismo, la empresa debe comprometerse a presentar un informe de situación de la independencia judicial y de las violaciones de derechos de los denunciantes durante la visita que realizará a Costa Rica la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet, durante la primera semana de diciembre 2019, asegura el contrato.
SIPDH, según el contrato, tiene “alianzas estratégicas en Suiza, México y Costa Rica" y su principal contraparte es el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos con el cual “han llevado a cabo la defensa del Estado de derecho y la independencia judicial en México”.
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Una ‘estrategia jurídica-política’
Además de demandar al país por la promulgación de leyes y bloquear el impulso de normativa futura, el litigio también alcanzaría otras acciones ya tomadas por el Estado.
Una de estas es el freno al crecimiento del presupuesto de la Corte para el 2019 y el impedimento de crear más plazas y de solicitar más recursos presupuestarios, como lo comunicó el Ministerio de Hacienda en un memorando en abril de 2019.
La iniciativa de demanda internacional es una “estrategia jurídica política de litigio de los casos y denuncia de situaciones generales y estructurales que amenacen y afecten la independencia judicial y los derechos humanos de la parte contratante (los denunciantes)”, dicta el contrato.
Dicha “estrategia” se complementará con recursos de amparo que se interpondrían ante la Sala Constitucional costarricense para, posteriormente, acudir a los organismos internacionales.
Ante la Sala IV también se presentarían acciones de inconstitucionalidad y coadyuvancias contra las leyes y actos deplorados por los funcionarios judiciales.
Paralelo al litigio internacional, se entablarán procesos laborales ordinarios vía contenciosa, “debido al cambio de condiciones laborales y jubilatorias en los contratos individuales de la parte contratante”, reza el contrato.
Mario Mena, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), confirmó que la iniciativa es de seis sindicatos del Poder Judicial, aunque no precisó de cuáles se trata, aparte de Anejud.
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Además, dijo, la asociación que él representa “está haciendo un trabajo a nivel nacional con el tema”.
Agregó: “Al periódico que representa no le damos declaraciones. La información que les hemos dado la tergiversan y han publicado noticias sin fundamentos en contra de los trabajadores Judiciales”.
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‘Tras que están en deuda, cobran’
Pedro Muñoz, diputado subjefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, quien ha venido haciendo denuncias contra el Poder Judicial, consideró que esta entidad “tras que está en deuda, cobra”.
Aseguró que desearía ver a los empleados judiciales trabajando con el mismo entusiasmo con el que defienden sus privilegios.
“Quisiera verlos con esa fuerza eliminando la mora judicial, sobre todo en las materias que más golpean a los más débiles: niños e incapacitados abusados sexualmente, personas violadas y familias con juicios de pensiones alimentarias pendientes”, aseveró.
Según Muñoz, “el Poder Judicial debe defender su independencia con resultados, en lugar de buscar demandas frívolas internacionales para proteger sus privilegios”.
Por su parte, Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, estimó que se trata de un intento de los funcionarios para resguardar sus beneficios.
“Hay organizaciones que, habiendo perdido la discusión sobre asuntos de interés público en Costa Rica y ante las representaciones democráticas del país, partidos políticos y la inmensa mayoría de la opinión pública, intentan recurrir a organismos internacionales para tratar de imponer sus privilegios”, expresó el líder del Congreso.
Aunque afirmó que los trabajadores están en su derecho de recurrir a instancias internacionales, también dijo que se trata de una manera de “sostener su estatus a través de un proceso de lobby en instancias internacionales”.
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