EscucharUna empresa llamada Servicios Generales del Río embargó la contribución estatal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debido al impago de dos créditos otorgados para campañas electorales. Esta sociedad fue presidida en el pasado por Johnny Leiva, quien fue diputado del PUSC en el periodo 2014-2018.
La firma le prestó ¢152 millones al PUSC para los gastos de las campañas nacional y municipal del 2010. Sin embargo, la Unidad solo pagó ¢65 millones y dejó una deuda de ¢87 millones.
Por ahora, el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de San José dictó un embargo preventivo por ¢8 millones. La notificación llegó a la secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado 26 de agosto, según confirmó esta institución.
En la época en que fueron concedidos los créditos, Johnny Leiva era el tesorero del PUSC. Consultado por La Nación, el excongresista declaró que, hace unos cinco años, dejó de formar parte de la sociedad acreedora y que esta quedó a cargo de su hermano, Evan Leiva. “Todos los créditos, los contratos y los bonos que fueron cedidos están registrados”, comentó.
Su hermano, Evan Leiva, afirmó que procuró buscar una solución de pago con la Unidad, pero, ante las negativas del partido, se vio obligado a proceder con el cobro judicialmente.
Si bien el embargo preventivo es por ¢8 millones, el presidente de la sociedad confirmó que buscarán cobrar los ¢87 millones adeudados más los intereses acumulados.
“Hace dos años iniciamos el proceso, luego de hacer distintas gestiones directas con el PUSC para no tener que llegar al cobro judicial. Adicionalmente, el PUSC tenía otros embargos previos que no permitían ejecutar un nuevo proceso de embargo”, explicó.
La empresa acreedora alega que el actual diputado y jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, le escribió a la sociedad en el 15 de julio del 2018, como secretario general y apoderado de la agrupación, “reconociendo que, con motivo de su proceso de auditoría, el Partido Unidad Social Cristiana tiene registrado en sus registros contables al 30 de junio del 2018, una deuda con Servicios Generales del Río”.
Consultado por La Nación, Abarca descartó conocer el tema y dijo que no estaba informado sobre el embargo.
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‘Sin sentencia no podemos pagar’
Randall Quirós, presidente del PUSC, argumentó: “Eso lo lleva el abogado, para nosotros esas demandas son totalmente improcedentes, no podemos pagarlas, que era lo que Johnny pretendía en algún momento, si no hay una sentencia judicial que así nos lo haga entender”, comentó.
Quirós sostiene que los créditos estaban vencidos cuando se presentó el proceso de cobro.
“Ya estaban prescritos, habían pasado 10 años; entonces, se presenta un juicio ordinario, y nosotros estábamos limitados a hacer ese tipo de pago, y él demanda; entonces, él tiene que depositar el 25% para poder hacer un embargo preventivo”, dijo.
Sobre los ¢8 millones embargados, el presidente del grupo socialcristiano manifestó que no genera ningún inconveniente: “Es un embargo preventivo, que se puede utilizar, queda en las cuentas del Poder Judicial y será trasladado en caso de que tengan una sentencia favorable, pero eso va a llevar años”.
El PUSC le cedió bonos de deuda política a la empresa como garantía de pago, pero estos no alcanzaron el valor prometido debido a los bajos resultados electorales.
Por ejemplo, por los ¢75 millones prestados para la campaña nacional del 2010, la sociedad recibió bonos por ¢150 millones, los cuales adquirieron un valor de ¢42 millones.
Ese año, la Unidad solo obtuvo el 3,8% de los votos para presidente y ganó seis diputaciones.
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