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Siete cámaras y asociaciones empresariales se oponen al nombramiento de Roberto Jiménez como regulador general por su vínculo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Los empresarios consideran que tal designación violentaría el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
“Dicho tratado estableció la obligación del país de mantener una autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones, que bajo ninguna circunstancia debe responder ante las instrucciones de los proveedores (...). La designación de un funcionario de un operador y proveedor de telecomunicaciones (el ICE), en el cargo de regulador general, trae aparejado un conflicto evidente e implicaría un quebranto respecto la independencia e imparcialidad del regulador”, señalaron en una carta enviada a los jefes de fracciones que integran la Asamblea Legislativa.
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El cuestionamiento se dio el viernes pasado, dos días después de que Jiménez afirmara en el Congreso que él conserva una plaza en el ICE, pues actualmente se desempeña como director de la Autoridad Presupuestaria gracias a un permiso sin goce de salario otorgado por el Instituto, por un plazo de cuatro años, en el 2014.
En el ICE, el candidato a regulador se desempeñaba como director de Planificación Ambiental. No obstante, él afirmó a los diputados que no es dueño ni gerente de una empresa regulada por la Aresep.
Seis días después de su comparecencia, los legisladores de la Comisión de Nombramientos recomendaran al plenario ratificar a Jiménez como jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), tal y como solicitó el Gobierno.
La carta lleva las firma de Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias; de Dennis Whitelaw, presidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham); de Oscar Emilio Barahona, presidente de la Cámara de Infocomunicación & Tecnología (Infocom); y de Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.
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Asimismo, firmaron Jack Liberman, presidente de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (Acograce); Luis Carlos Chaves, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic); y Jose Manuel Hernando, presidente de la Cámara Costarricense de la Indsutria Alimentaria (Cacia).
Esos gremios no solo le piden a los legisladores rechazar el nombramiento de Roberto Jiménez en la Aresep, sino que enfatizaron en que hay que tomarse con mesura la elección del regulador general.
Incluso, mencionan que la designación no es urgente, pues temporalmente las dirección de la Aresep puede recaer sobre la reguladora adjunta, Grettel López.
“Aprovechamos la ocasión para subrayar que no ratificar el nombramiento del regulador general no generará vacío o contingencia alguna en la operación de la Aresep”, escribieron los empresarios.
El plazo para que el Congreso se pronuncie a favor o en contra de la ratificación de Jiménez, solicitada por el Gobierno, vence el sábado 9 de abril.
De no pronunciarse los legisladores, Jiménez quedaría ratificado al frente de la Aresep automáticamente, tal como lo establece la ley orgánica de esa entidad.
