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Dos operativos judiciales contra presuntas bandas dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero han tenido fuertes repercusiones en la política nacional en los últimos dos meses.
Empecemos con el caso más reciente.
El pasado 25 de mayo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuó 40 allanamientos en Escazú, Santa Bárbara de Heredia, Alajuela y Limón, para desarticular una presunta banda dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales que habría invertido al menos $20 millones en mansiones, apartamentos, fincas, vehículos hasta de $385.000 y un motel de $8 millones comprado, en su mayoría, con dinero en efectivo.
La tesis de la Policía Judicial es que este grupo compraba cocaína en Colombia para venderla en Europa sin necesidad de intermediarios, lo que aumentó sus ganancias. De Costa Rica, la droga salía principalmente de Limón por vía marítima, camuflada en contenedores de productos agrícolas, con complicidad de oficiales judiciales.
Walter Espinoza, director del OIJ, afirmó que la presunta banda tenía un área de legitimación de capitales, la cual hizo incursiones en una empresa constructora y en el cultivo de arroz “para filtrar el capital ilegal que estaban obteniendo, pues la mayoría del dinero que tenían, como consecuencia de la actividad criminal, lo obtenían en efectivo”.
La legitimación de capitales se concreta cuando dinero originado en una actividad ilícita es camuflado como si fuera producto de una actividad lícita, lo que permite legalizar y bancarizar los recursos.
Ese martes 25 de mayo, un total de 23 personas quedaron detenidas.
Al día siguiente, el miércoles 26 de mayo, el departamento de Seguridad de la Asamblea Legislativa confirmó que tres de los investigados en este caso registraban más de 30 visitas a siete diputados del periodo anterior (2014-2018) y a seis del actual.
La mayor parte de estos legisladores y exlegisladores son de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con seis de los 13. Además, la mayor parte de las visitas corresponde a un congresista del PUSC: Óscar Cascante Cascante, de Puntarenas.
Del periodo anterior, los investigados registraron visitas a:
-Johnny Leiva (PUSC, con 5 registros)
-Gerardo Vargas Rojas (PUSC, con 4)
-Natalia Díaz (Libertario, 2)
-William Alvarado (PUSC, 1)
-Humberto Vargas (PUSC, 1)
-Olivier Jiménez (PLN, 1)
-Gerardo Vargas Varela (Frente Amplio, 1)
Del periodo actual, las visitas registradas son las siguientes:
-Óscar Cascante (PUSC, 13)
-Mileyde Alvarado (Restauración, 1)
-Zoila Volio (Independiente, 1)
-Eduardo Cruickshank (Restauración, 1)
-Ivonne Acuña (Independiente, 1)
-Erwen Masís (PUSC, 1)
Los visitantes registrados son Luis Guillermo Cartín Herrera, Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera. A ellos el OIJ les atribuye labores logísticas y operativas dentro de la presunta banda.
El primero de ellos, Cartín Herrera, falleció el pasado 6 de mayo, mientras que los otros dos quedaron detenidos en el operativo del 25 de mayo.
Robert Soto Rivera visitó por primera vez al diputado Óscar Cascante, del PUSC, cuando este apenas tenía tres días de haber asumido el cargo, el 3 de mayo del 2018.
Además, Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez se reunieron con el legislador socialcristiano el lunes 24 de mayo, en la Asamblea Legislativa, un día antes de que el OIJ los arrestara.
Cuando La Nación le preguntó al diputado Cascante a qué se debían las recurrentes visitas de los investigados a su despacho, respondió que estas personas le pidieron ayuda para sacar adelante la construcción de dos proyectos de vivienda de interés social en su provincia, Puntarenas.
Adujo que él les ayudó con gestiones para sacar adelante un proyecto en Corredores, cuyo terreno tenía un problema con un decreto presidencial sobre inundaciones, y otro en Esparza.
Cascante detalló que el contacto inicial con esos tres hombres se produjo en la campaña electoral del 2018, a través de la Asociación de Vivienda de Corredores y por medio del exdiputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas, quien con anterioridad también hacía gestiones en favor del proyecto habitacional en ese cantón, según dijo.
El legislador agregó sentirse molesto, dolido y engañado, pues dijo desconocer los hechos que la Policía le atribuyó a sus visitantes.
Esta es parte de la entrevista que se le hizo ese día:
—¿Usted nunca sospechó de esas personas?
—No, es que una empresa que está ayudando a una comunidad, y yo no tengo ninguna relación con ellos, yo no me meto a investigar, pero además, yo no estoy haciendo ningún ilícito. El ayudar a que el MOPT, el Banhvi, la Comisión de Emergencias ayuden en un proyecto que está pegado por ellos, es parte de la gestiones que nosotros hacemos como diputados.
—¿No se podría ver como tráfico de influencias?
—No, porque no es para mí; es para la comunidad.
Un detalle oculto de la reunión
Cuando La Nación le preguntó a qué obedeció la visita de Robert Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez del día anterior a los allanamientos, el diputado Cascante respondió querían ellos saber si, luego del fallecimiento de Luis Guillermo Cartín Herrera, él continuaría apoyándolos con el proyecto de Esparza.
No obstante, un video de seguridad de la Asamblea Legislativa que muestra el ingreso de los sospechosos el 24 de mayo, al despacho del socialcristiano, reveló un detalle que el legislador no mencionó.
A la reunión no solo asistieron Cascante, Soto y Cartín, sino que también ingresaron dos personas más.
Ese día, en realidad, el diputado reunió a los investigados con dos altos funcionarios del Banco Popular: Omar Sánchez Lizano y Jorge Antonio Brenes Artavia, director de Banca de Desarrollo Social y asesor de la Gerencia General del BP, respectivamente.
Según informó el banco, Óscar Cascante citó a sus personeros sin advertirles de que otras personas asistirían al encuentro y, una vez todos reunidos, les consultó por qué la entidad financiera le había devuelto, a una constructora de los investigados, la documentación de un proyecto de vivienda de interés social que ellos pretendían desarrollar en Purral de Goicoechea.
Los sospechosos se presentaron como representantes de una constructora dedicada a desarrollar vivienda social, de nombre Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., la cual había empezado a tramitar un proyecto en Purral, con el Banco Popular, en el 2018.
Con base en análisis técnicos, el BP le había señalado numerosos defectos a la documentación presentada por la constructora.
Las gestiones del diputado Cascante en pos de los investigados no se limitaron al Banco Popular, sino que fueron mucho más allá.
Seis días antes, el martes 18 de mayo, el diputado del PUSC les había conseguido a los sospechosos una reunión previa con el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Dagoberto Hidalgo.
Ese día, en una videollamada y con la participación del legislador, los hoy detenidos Cartín y Soto le expusieron al gerente del Banhvi al menos tres proyectos de vivienda social en Liberia, Goicoechea y Esparza; y mencionaron que pretendían desarrollarlos con el Banco Popular.
El gerente dijo que él les dejó en claro que el Banhvi no tramita proyectos de manera directa, sino que los desarrolladores y beneficiarios deben acceder a las entidades financieras autorizadas, que por lo general son cooperativas, mutuales o bancos.
Intervenciones de Cascante desde el ICT hasta el presidente
Las gestiones del diputado Cascante tampoco se quedaron únicamente con planes de vivienda social. También, se extendieron a un hotel de $12 millones que el presunto grupo narco pretendía desarrollar en la costa de Limón, entre Moín y Portete.
Se trata del proyecto conocido como Beitos Place que, según las autoridades judiciales, era de gran importancia para el líder de la banda, Alejandro Antonio James Wilson, conocido como Turesky.
El encargado de impulsar el proyecto era el ya fallecido Luis Guillermo Cartín Herrera, quien lo presentaba como un hotel de cinco estrellas, con un residencial y un oficentro, a nombre de una sociedad llamada Urbanizadora Acre de Heredia.
Intervenciones telefónicas realizadas por las autoridades judiciales expusieron el gran interés que tenía el presunto grupo narco por desarrollar la obra.
Según los investigadores judiciales, a Cartín Herrera, empresario dedicado a la construcción, le correspondió “frentear y coordinar en nombre de la organización criminal el proyecto hotelero”, en asocio con su hijo, Alejandro Cartín.
Lo presentaban como un plan de bien social y económico que generaría 400 empleos.
Sin embargo, el proyecto tenía un problema: la propiedad donde se construiría tenía un traslape de planos con propiedades estatales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
En enero del 2019, el diputado Óscar Cascante les consiguió una cita a los Cartín con la entonces ministra de Turismo, María Amalia Revelo, y los acompañó a la reunión.
Los Cartín aseguraban haber obtenido dos propiedades colindantes en esta franja frente a la costa. Dijeron que un terreno correspondía a la compra de un derecho de posesión a Michael André Bell Montoya y que la otra se la compraron a un hombre de apellidos Sarquis Saed.
Cartín Herrera añadió que habían invertido $1,5 millones en un camino adoquinado de casi un kilómetro de largo y 14 metros de ancho, así como en un parqueo de 500 metros cuadrados frente a la costa.
No obstante, en todas sus respuestas, el ICT reiteró que únicamente le había cedido terrenos en ese lugar, por donación, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por lo que no podía autorizarle ningún traspaso o permiso a él.
Cartín Herrera insistió en que le trasladaran el terreno y, en julio del 2019, trató de que el Registro Nacional inscribiera una propiedad de 1,8 hectáreas, en esa zona, a nombre de Urbanizadora Acre de Heredia.
El Registro abrió una investigación luego de que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) señalara que la finca, representada físicamente en el plano catastrado, presentaba traslapes con los terrenos asignados al ICT por la ley 2906, que declara zona de recreo y turismo una franja entre Portete y 12 Millas de Limón.
En la reunión de enero del 2019, en el despacho de la ministra de Turismo, el diputado Óscar Cascante tomó el teléfono y trato de concertar una reunión, para los Cartín, con el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
En esa época, Cartín Herrera también buscó al diputado Eduardo Cruickshank, quien concluyó que la objeción legal hacia el proyecto era insoslayable.
Cuatro meses después, el 22 de mayo del 2019, las autoridades judiciales allanaron la propiedad en la que el grupo construyó el camino, por sospechas de usurpación en zona marítima terrestre.
Antes de estas diligencias judiciales, Luis Cartín Herrera amenazó varias veces a la exministra Revelo con demandas judiciales y, finalmente, le denunció penalmente y ante la Junta Directiva del ICT.
En ese primer semestre del 2019, el empresario intentó que la primera dama Claudia Dobles o el vicepresidente Marvin Rodríguez le concedieran una audiencia para hablar del proyecto, pero una “recomendación técnica” de Presidencia dispuso que la reunión no procedía.
En julio del 2019, esta persona también dejó documentos en el despacho de la diputada Ivonne Acuña, con una denuncia de “una situación personal de invasión a su propiedad y cierta sensación de persecución”, relató la legisladora.
Dos años después de la reunión en el ICT, el diputado Óscar Cascante volvió a interceder por el hotel del presunto grupo narco.
El 2 marzo del 2021, apenas hace tres meses, el diputado Cascante aprovechó una reunión que el presidente de la República, Carlos Alvarado, sostuvo con tres legisladores del PUSC, en la que se conversó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según una nota que Alvarado le remitió a la Fiscalía General, después de sostener la reunión con los socialcristianos, Cascante lo abordó para comentarle una gestión que estaba “realizando un inversionista en Limón”.
El diputado le dijo que, para el proyecto, se requería de la declaratoria de calle pública de un terreno que un particular donaría a la Municipalidad de Limón, en el que aparentemente existía un traslape de planos con una finca del ICT y que el interesado en esa declaratoria había solicitado al ICT un criterio.
El presidente le pasó el tema al ministro de Turismo, Gustavo Segura, quien emitió una nota que no satisfizo al diputado, el 3 de marzo.
En el oficio DM-058-2021, Segura expuso que el ICT no tenía inconveniente con una donación, pero si existía un traslape de planos entre lo que un privado decía donar y las propiedades del ICT, la Municipalidad de Limón tendría que presentar sus argumentos ante el Registro Público de la Propiedad, donde ya existía un procedimiento administrativo abierto sobre el tema.
El 17 de marzo, el ministro le comunicó al presidente que “el oficio enviado a la Municipalidad de Limón, por solicitud del diputado Cascante, no fue positivo y, por tanto, el diputado solicitó una nota más contundente”.
“Sin embargo, el departamento Legal (del ICT) no lo consideró procedente, a lo que el presidente señaló que ese era un tema que debía resolver el órgano competente”.
Todavía 20 días después de su primera petición, el socialcristiano le volvió a decir al mandatario que la Municipalidad de Limón requería que “el ICT indicara con mayor claridad que no se oponía a la declaratoria de calle pública”.
No obstante, “el presidente ya no se refirió más”.
En resumen, constan gestiones del diputado, en favor de los investigados, ante cuatro instituciones: el Banco Popular, el Banhvi, el ICT y Presidencia. Él mismo legislador también habló de gestiones ante el MOPT y ante la Comisión Naciona de Emergencias (CNE).
PUSC muy cauto
La diputada Zoila Volio dice que nunca se reunió con alguno de los investigados; el socialcristiano Erwen Masís afirmó que lo visitaron para hablarle de un proyecto de vivienda en Upala y Mileyde Alvarado por uno de Liberia.
Cascante se separó de su fracción y el presidente del Partido Unidad, Randall Quirós, llamó a no prejuzgar al diputado.
La comisión creada para investigar la filtración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur acordó llamar a comparecer a los diputados visitados.
El 24 de mayo, el día anterior a los allanamientos, el diputado Cascante había reclamado su derecho a participar en esa comisión, pero renunció al conocerse las visitas.
Este hecho tiene una conexión con el primer allanamiento que causó un remezón en la política este año.
El allanamiento del sur y la visita de Gustavo Viales a un condominio
Luis Cartín Herrera había denunciado penalmente a Carlos Viales, alcalde de Corredores, luego de que la municipalidad de este cantón se negó a autorizar la construcción de un proyecto de vivienda social de La Escarcha.
A su vez, el alcalde Carlos Viales, del PLN, podría ser llamado a comparecer en esta comisión cuyo origen está en un allanamiento judicial, efectuado el 6 de abril, para desmantelar otra supuesta banda narcotraficante y de lavado de dinero que operaba en la zona sur.
Ese es el caso conocido como La Finca Darwin, en vista de que el presunto líder, de nombre Darwin González, tenía una lujosa propiedad con lago y helipuerto llamada La Finca Darwin, en Corredores.
Dentro de los detenidos ese día, pero puesto en libertad después con monitoreo, está el presidente municipal de este cantón, Bernabé Chavarría, de Liberación Nacional (PLN). La Policía Judicial le atribuyó facilitar permisos al grupo investigado.
Por una relación con este regidor, el caso fue ventilado en el Congreso.
El 13 de abril, el diputado liberacionista, Gustavo Viales, admitió que, el 30 de marzo, visitó el condominio donde fue detenido Darwin González, en San Joaquín de Flores, Heredia.
Según su decir, él asistió allí a recoger un dispositivo USB, con unas denuncias, que le envió el regidor Bernabé Chavarría.
Aseguró que no estuvo en el sitio más de cinco minutos y que el dispositivo se lo entregó un hombre que desconocía.
Viales se separó de la fracción del PLN y del cargo de secretario general de Liberación, mientras se investigan los hechos.
Luego, el 26 de abril, un reportaje de La Nación reveló que, en el cantón de Corredores, un puente parece haber sido construido por fantasmas en una finca vinculada a Darwin González.
Se trata de la propiedad donde se construiría una embotelladora de agua, una de las actividades que el OIJ mencionó dentro de las operaciones del presunto grupo de lavado de dinero.
Una denuncia anónima, que es investigada por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, dice que Darwin González le solicitó al alcalde de Corredores, Carlos Viales, arreglar el puente dentro de su propiedad.
Cuando el tema fue consultado a los funcionarios municipales, la respuesta no fue la negación de la existencia del puente, sino el silencio, la evasiva y el temor.
El alcalde Viales se ha rehusado a hablar del tema, al igual que los ingenieros municipales.
Cinco de los detenidos en este caso del 6 de abril acumularon bienes por al menos ¢2.900 millones en diez años.
