EscucharSiempre corremos el riesgo de convertirnos en lo que combatimos. El proyecto sobre crímenes de odio es una peligrosa tentación.
El 14 de mayo, la delegación de Costa Rica que asistió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, le informó al mundo de que el país preparaba un proyecto de ley para combatir los crímenes de odio.
La delegación la integraban la ministra de Comunicación, Nancy Marín; la embajadora en Ginebra, Elayne White; y el diputado del PAC, Enrique Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
El proyecto es presentado como una herramienta para sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia, tanto en el ámbito público como en el privado.
La idea es prevenir y castigar las exclusiones fundamentadas, por ejemplo, en razones de nacionalidad, sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, idioma, religión, afiliación gremial, posición socioeconómica, condición migratoria o discapacidad.
La discriminación por cualquier razón es inaceptable. La lucha contra este mal es admirable, porque requiere de valentía.
Sin embargo, una lectura reposada del expediente 20.174 obliga a encender las alertas, sobre todo porque el proyecto está en la recta final de su trámite en el Congreso.
El problema está en que el proyecto permitiría al Estado perseguir el pensamiento de las personas y ni qué decir de las restricciones que impondría a la libertad de expresión.
Si el plan se aprueba tal como está, el Estado impondría hasta dos años de cárcel a quien niegue que haya existido un genocidio comprobado en estrados judiciales.
Normas de ese tipo existen en otros países, incluso en naciones desarrolladas, pero eso no quiere decir que sean convenientes para la sociedad costarricense.
Bien lo apuntó la Procuraduría General de la República: este castigo impediría que una persona analice lo acontecido o que disienta de lo resuelto por un juez.
El abogado penalista y exjuez Ewald Acuña lo resumió así: “Yo no puedo sancionar a alguien por lo que piensa o por lo que cree. Eso es propio de regímenes totalitarios. Si una persona cree que no hubo genocidio, no puede ser sancionado. El legislador no puede entrar a regular el fuero interno”.
Asimismo, el Estado castigaría con la misma pena de cárcel a quien promueva el odio contra algún grupo específico, con el problema de que eso incluye a grupos definidos según su "opinión política".
Es decir, se podría imponer hasta dos años de cárcel a aquel que promueva el odio contra ciertos grupos políticos. La intención podría parecer buena, pero es absolutamente peligrosa para la democracia costarricense.
Basta con ver lo que ocurre en Nicaragua, en donde los periodistas Lucía Pineda y Miguel Rojas están encarcelados bajo el cargo de instar al "odio racial" contra los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega, y de "discriminación política".
Adicionalmente, aquí el proyecto de crímenes de odio castigaría a quienes integren organizaciones que inciten al odio, aunque no cometan ninguna acción concreta. ¿Incluye eso a una persona que, por curiosidad o por afinidad, se integre a un grupo en Facebook que alguien considere que incite al odio? ¿Quién define, además, el odio?
Imagine una ley de este tipo en manos de cualquier movimiento político, imagínela en manos del movimiento que menos le guste a usted. Cada uno definirá el odio a su manera.
Lo que sí es rescatable del proyecto, coinciden expertos, es que incluiría la discriminación como causa de homicidio calificado, el cual se pena con cárcel entre 18 y 35 años. Actualmente, los crímenes que se dan en este contexto son valorados como homicidio simple, cuya pena máxima es de 18 años.
El diputado Enrique Sánchez expresó voluntad de confeccionar un nuevo texto sustitutivo para el proyecto, tras consultas con la Defensoría de los Habitantes. La democracia le da espacio para que lo haga y la sociedad podrá evaluar el resultado. El gobierno también está de acuerdo con que continúe la discusión.
La discusión, por cierto, debe ser reposada. Poco se gana con mociones irónicas como las de la diputada Ivonne Acuña, de Nueva República, quien propuso enmendar el proyecto para que este diga expresamente que se castigará a todo aquel que se oponga a la visión del PAC.
El debate sobre el proyecto de crímenes de odio debe ser amplio.
La democracia requiere de madurez y la ciudadanía tiene que distinguir entre la política sensata y la que explota el miedo. Siempre se corre el riesgo de seducirse por la segunda, pero también tenemos la opción optar por la primera.
En la política actual, surgen tentaciones muy peligrosas, como la propuesta, que casi ni merece la pena mencionar, de que solo sean costarricenses los hijos de padres costarricenses, una propuesta con tufo a las leyes raciales que impuso el nacionalsocialismo en Alemania en la época de Hitler.
En todo caso, lo peor que podría pasar es que el Estado, en nombre de la democracia, sancione el libre pensamiento y la libertad de expresión.
Les ofrezco, por otra parte, la lista de los artículos más relevantes de esta semana en el ámbito político:
-Lo que encontraron en la embajada de Venezuela en Costa Rica al salir los diplomáticos de Maduro
-¿Por qué una diputada terminó eliminando su propia publicación sobre la muerte de tres policías?
-Procuraduría: Morales Zapata le ayudó a Juan Carlos Bolaños a frenar impuesto del 5% al cemento
-Alumna relata cultura machista en el Tec: ‘Un profesor nos hizo escoger entre carrera o familia’
-Estudiantes de tres U públicas se declaran en emergencia por agresiones sexuales
-Con 9 votos a favor, diputados optan por autorizar $1.500 millones en eurobonos al gobierno
-Insolvencia en Japdeva obligaría a liquidar hasta 80% de sus empleados
