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La enfermera Karolina Chinchilla Quesada asegura que el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) la destituyó del cargo de secretaria de Educación de la Junta Directiva, por cuestionar un préstamo de dinero que ese gremio de la CCSS le otorgó a un periodista.
Según Chinchilla, desde que consultó sobre el préstamo de $1.313 (unos ¢768.000) concedido a Richard Molina, quien vende servicios profesionales como comunicador externo a este sindicato, las autoridades del sindicato la emprendieron en su contra hasta removerla del puesto.
“Todo ha sido un conjunto de acciones que se realizan en mi contra, a raíz de que yo expuse este préstamo que se le realizó a este señor. Empecé a cuestionar por qué ese préstamo, si no prestamos a los afiliados, ¿por qué prestarle a gente externa?”, comentó Chinchilla a La Nación.
Molina acompañó a los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en las mesas de negociación con el Gobierno durante la huelga de agosto, contra la aplicación de las medidas de ahorro en pluses salariales incluidas en la ley fiscal.
La enfermera Chinchilla, quien es funcionaria del Área de Salud de la CCSS en Santa Bárbara de Heredia, fue elegida como secretaria de Educación de la Junta Directiva del Sinae en marzo del 2019. El cargo lo desempeñó solo por siete meses, pues fue removida en octubre.
También, la separaron de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, un órgano que funge como la última instancia de defensa de los empleados de la CCSS en aspectos disciplinarios administrativos. Ella representaba al Sinae en ese foro.
Según la funcionaria, como el sindicato nunca les ha prestado dinero a sus asociados, preguntó a qué respondía el financiamiento dado al periodista y pidió que se realizara una auditoría externa en esa organización.
“Yo me doy cuenta de lo de Richard en junio y pregunto en Junta Directiva si es verdad. Ahí me dicen que es verdad. Yo cuestiono eso y pido una auditoría externa. Pido que investiguen por qué la Junta se está abocando potestades que el estatuto no le confiere, porque no somos (el Sinae) un ente prestamista”, se quejó.
Chinchilla afirma que ese hecho fue el que “desató la cólera” de Lenín Hernández Navas, secretario general del Sinae.
“La idea nunca fue ventilar el asunto, sino corregirlo desde el seno de la Junta Directiva, pero Lenín se molestó tanto que dijo que yo no podía venir a cuestionarle a él su administración”, agregó la profesional en salud.
Consultado por este medio, Lenín Hernández afirmó que los $1.313 no se tratan de un préstamo, sino de un contrato de permuta.
“Préstamo es cuando existe una intermediación en la cual yo voy a ganar intereses y mi único fin es prestar el dinero. Existen otras figuras para efectos de contratos comerciales. Una de ellas es el contrato de permuta, donde yo le voy a dar a usted algo y usted me lo va a devolver en iguales condiciones. El Sinae no va a ganar ni un solo colón en intereses”, explicó.
El pagaré, del cual tiene copia La Nación, especifica que se trata del préstamo de dinero, pagadero en 13 cuotas de $101 mensuales, en efectivo, cancelables en las instalaciones del Sinae, en San José.
En retribución, estipula el contrato, el deudor se compromete a brindar al sindicato los servicios gratuitos de grabación de videos.
El secretario general del Sinae especificó que el trato con Molina consistió en girarle el dinero para que invirtiera en equipo que le facilitara producir grabaciones de alta calidad, según lo demande el sindicato.
Lenín Hernández argumentó que pese a que el sindicato cuenta con una periodista de planta, le contrata servicios profesionales a Richard Molina desde hace unos tres años.
Una copia del presupuesto del Sinae, entre el 1.° de octubre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 -aportada por la denunciante-, refleja que en ese lapso de cuatro meses, la entidad le pagó a Molina la suma de ¢2,4 millones.
‘Yo sabía que él me iba a excluir’
La enfermera asevera que ella suponía que se le iba a separar del sindicato después de lo ocurrido.
“Yo sabía que él (Lenín Hernández) me iba a excluir; me lo dijo en Junta Directiva. Me dijo: ‘Renuncie, porque de aquí usted va a salir en una asamblea, eso se lo prometo’. Y yo le dije: ‘Gracias por preocuparse, pero yo decido si salgo por la puerta de adelante o por la de atrás’”, recordó la funcionaria.
El sindicato abrió una investigación disciplinaria contra la denunciante, en un expediente de 191 páginas.
Incluso, la entidad giró “medidas cautelares” en su contra, las cuales le prohibieron acercarse a las instalaciones del Sinae y ejercer algún tipo de representación relacionada con esta entidad, mientras se llevaba a cabo el proceso.
‘Es un tema de desconocimiento’
Lenín Hernández argumenta que la forma “dolosa” de proceder por parte de Chinchilla es producto de su “desconocimiento” sobre la operación de un sindicato.
“Creo que ha sido un tema de desconocimiento puro y simple. Ella no acudió ni atendió las explicaciones, un desconocimiento total del estatuto nuestro en relación a cómo se podía sesionar, qué es el comité administrativo, cómo se puede manejar el presupuesto nuestro”, expresó el dirigente.
Según Hernández, el sindicato trabaja en una acusación penal contra la enfermera porque, en su criterio, se ha dedicado a difamarlo y a ensuciar el nombre del Sinae.
El dirigente criticó que la funcionaria ha cuestionado otros asuntos de la entidad, como la administración de las clínicas odontológicas para los asociados y sus familiares, así como el pago de impuestos de dos locales comerciales propiedad del sindicato.
¿Se abre un expediente disciplinario y se imponen medidas cautelares a un miembro por expresar ideas contrarias a la organización?
“No es que ella esté teniendo posiciones contrarias al sindicato o a la Junta Directiva. En la diversidad de criterios, radica la democracia y la tolerancia.
“El asunto es que la señora Chinchilla, sin tomar en consideración todos los argumentos expuestos por nosotros (…), hizo acusaciones a priori, adelantando criterios y, prácticamente, colocando en entredicho la buena gestión de la Junta Directiva anterior y el buen nombre de la organización”, replicó el sindicalista.
Incluso, dijo el líder sindical, la mujer presentó un recurso de amparo sobre el mismo asunto, el cual fue declarado sin lugar.
“Dijo que aquí se estaba guardando información y la Sala nos dio la razón. Es algo que ella no ha mencionado”, exhortó.
Para Hernández, la funcionaria “armó una teoría de la conspiración”.
Expulsión tras denuncia
Luego de solicitar la auditoría externa en el Sinae, el 16 de agosto, la enfermera presentó una denuncia formal por ese mismo caso ante la Fiscalía General del Sinae contra siete miembros de la Junta Directiva.
Chinchilla denunció a siete de los integrantes de esa cúpula que se reunieron solos, por al menos dos meses, sin tomar en cuenta a quienes habían sido elegidos en febrero del 2019.
La enfermera formaba parte de los nuevos directivos. Los que se reunieron por su cuenta fueron quienes estaban activos en ese momento, confirmó el secretario general del sindicato.
Según Lenín Hernández, secretario general del sindicato, para entonces no estaban listos los permisos sindicales, es decir, los documentos que autorizan a los miembros ausentarse del trabajo para asistir a Junta Directiva.
Por eso, objetó el dirigente, solo asistieron quienes estaba activos en ese momento.
Fue en una de esas dos reuniones donde se aprobó el contrato de los ¢1.313 con el periodista. El dirigente sindical no precisó la fecha.
Días después, la profesional de la salud compartió en Facebook un artículo llamado ¿Una crónica de una muerte anunciada del sindicalismo?, acompañado de unas líneas escritas por ella.
Esa publicación, asegura Chinchilla, fue la justificación que utilizaron los altos jerarcas del sindicato para abrir un procedimiento disciplinario en su contra y apartarla de su puesto.
“Básicamente, utilizaron ese posteo de Facebook como excusa. Dicen que yo estoy dejando en mal el nombre del sindicato”, replicó.
El 25 de octubre, en Asamblea General Extraordinaria del Sinae, se acordó separar a Chinchilla de su cargo como secretaria de Educación de la Junta Directiva.
Pese a que Chinchilla asegura que pidió al sindicato los resultados de la auditoría externa y le respondieron que estos se revelarían hasta la asamblea de medio periodo, en marzo de 2020, el secretario del Sinae envió un documento al respecto a La Nación.
Se trata de un impreso de seis páginas, firmado por el contador público Jorge Arturo Valverde Jiménez.
En este se lee el siguiente texto: “A la fecha de la auditoría y revisión posterior, el sindicato no posee contingencias que representen un riesgo significativo en la continuidad de sus operaciones”.
