Enrique Sánchez, diputado del PAC que calificó de fundamental el proyecto de reforma al empleo público, ahora rechaza aprobar el proyecto a menos de que sea eliminada la cláusula de conciencia que permitiría a funcionarios públicos rechazar capacitaciones obligatorias si consideran que vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales.

En entrevista con La Nación, Sánchez mantiene que el proyecto es prioritario para el país, pero alega que el suyo solo es un voto y que, con la resolución de la Sala IV sobre el expediente, se abre una ventana para tratar de eliminar de nuevo la cláusula.

El Tribunal declaró constitucional la cláusula de conciencia, al igual que el salario global para todo el sector público, al tiempo que declaró inconstitucional la rectoría del Mideplán sobre instituciones con autonomía o independencia de poderes.

— Usted ha hecho hincapié a que este proyecto es necesario para el futuro fiscal de nuestro país. ¿Mintió? ¿Por qué en este momento pretende cambiar de decisión? ¿Dejó de ser imprescindible ese proyecto de empleo público para las finanzas y la realidad socioeconómica del país?

— No. Es un proyecto central para el futuro de nuestro país, es un proyecto fundamental para las finanzas públicas. Hoy, a partir de la resolución de la Sala Constitucional, se abre una nueva ventana para la posibilidad de enmienda, para corregir las inconstitucionales y dependiendo de los alcances de la resolución completa de la Sala, veremos cuán grande o pequeña es esa ventana de enmienda.

“A mí me interesa que, en esa ventana, insistamos en eliminar el tema de la objeción de conciencia, no porque no considere que es un tema, como ya lo dijo la Sala, un derecho fundamental, sino porque la aplicación en esta ley en específico en materia de capacitación abre un portillos para la vulneración de derechos de las personas.

“Tengo claro que el proyecto es una prioridad y así tiene que seguir siendo”.

— Hay un escenario demasiado estrecho de negociación con diputados que ya dijeron que apoyarían el proyecto siempre que se aprobara la objeción de conciencia. ¿Estaría de acuerdo, entonces, en poner en peligro un proyecto que usted mismo ha dicho que es trascendental para el país, por una sola cláusula que la Sala avaló?

— Tenemos que leer la resolución completa para ver cuál es el margen que tenemos. Yo creo que es importante, que quede claro, que esa figura de la objeción no tiene que estar en una Ley de Empleo Público con las dimensiones que está, me parece a mí. Y eso es lo que tenemos que garantizar.

“Empleo público, así como toda la agenda del Fondo Monetario Internacional, para mí es fundamental y vamos a seguir impulsándola siempre y cuando, obviamente, en este caso particular, se corrijan las inconstitucionalidades; que eso hay que hacerlo.

“No es un proceso sencillo, hay gente que dicen que es solo presentando una moción y ya está, no.

“Eso tiene que ir a Comisión de Consultas de Constitucionalidad; hasta conocer la resolución completa se sabrá el alcance de las enmiendas que hay que hacer. Tiene que presentarse un informe con una posibilidad de texto; ese texto tiene que consultarse a todas las instituciones públicas, tiene que volver al trámite del primer debate y existe la posibilidad de una consulta de constitucionalidad, que no dudo que los compañeros que se oponen lo van a hacer, y hasta después de todo eso entraría a segundo debate.

“Entonces, aunque el margen de negociación sea complejo, la ventana para resolver los temas que cada quien quisiera terminar de resolver es amplia”.

— ¿Cuál es la alternativa que usted propone en caso de que el proyecto de empleo público no se apruebe, por la objeción de conciencia? ¿Cómo quedaría el país y cuál es la propuesta de ustedes?

— Bueno, en todo caso, yo sería un voto, no sería el voto definitivo.

— Pero importante al fin…

— Es un voto, sí, pero con base en la resolución de la Sala, tenemos la certeza de que podemos aprobar un proyecto que contenga un sistema global de empleo público, una rectoría con las mismas limitaciones que la Sala señaló para las autonomías, y un sistema de salario global que incluya a toda la institucionalidad pública. Esa fue siempre la expectativa de todos, esa fue la expectativa de los diputados que hemos apoyado esta agenda. Y creo que es muy posible llegar a este texto nuevamente.

— El diputado Víctor Morales fue quien negoció la objeción de conciencia con Jonathan Prendas y algunos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN). Usted era jefe de fracción del PAC. ¿Hubo alguna discusión interna en ese momento por la negociación de un diputado de su fracción por una cláusula que ustedes ahora se oponen? Ustedes votaron a favor en primer debate, pero ahora se oponen porque el fallo de la Sala no les agrada.

— Yo le manifesté siempre mi oposición a esa cláusula y así lo hice saber con mis votaciones, tanto de las mociones de la diputada Vega, del diputado Villalta. En mis intervenciones siempre hablé del tema de objeción de conciencia concretamente y también advertí que enviaría la consulta a la Sala Constitucional, son las vías procedimentales que tenemos.

“Se agotaron esas; si no hubiera habido inconstitucionalidades hoy estaríamos votando seguramente en segundo debate el proyecto, sin ningún margen de negociación para hacer modificaciones al proyecto; ahora lo hay. Y en ese margen es en el que yo me veo insistiendo en eliminar el tema de objeción de conciencia”.

— Es decir, si se hubiera avalado la objeción de conciencia en la Sala y no se hubieran encontrado otras inconstitucionalidades, ¿usted sí habría dado su segundo voto?

— Es muy posible, porque no existiría margen de maniobra para modificarlo. No lo sé todavía porque (...), o sea, vamos a ver, no voy a hablar sobre una especulación, pero ya no existía ningún margen, o las vías que se abrían eran otras. Hoy las que tenemos son estas, entonces es muy posible que estaríamos votando simplemente en segundo debate asumiendo que eso que no queremos está en el proyecto.

— ¿Es su posición definitiva? ¿Sin objeción de conciencia o voto en contra?

— Sí.

¿Y si la posición del Gobierno cambia?

— ¿Cuáles serían esos derechos que podrían vulnerarse (con la objeción de conciencia)? Porque puede haber un cambio en la ideología de Gobierno, que pueda promover capacitaciones del tipo religioso, por ejemplo.

— Los derechos humanos son derechos humanos independientemente del Gobierno. Hay una doctrina de derechos humanos de la que el país es firmante, y es signatario del Sistema Interamericano y del Sistema Internacional de Derechos Humanos.

“Un ejemplo podría ser el derecho a la salud. ¿Qué pasa si hay enfermeros que en la actualidad deciden no capacitarse sobre las buenas prácticas para atención del covid? Eso es una vulneración de derecho.

“Entonces, lo que tiene que existir con claridad es cuáles son los límites de la objeción de conciencia, de manera que no alcance para negar servicios que solo pueden garantizarse sin discriminación, luego de un proceso de capacitación.

“Le estoy poniendo este ejemplo de la pandemia porque quizás la gente piensa que estamos hablando sobre población LGBTI o derechos de las mujeres; también de eso estamos hablando, pero también estamos hablando del derecho a la salud de las personas, del derecho a una educación sin discriminación a una población migrante, por ejemplo, para lo cual existen protocolos de capacitación a los educadores y educadoras.

“Entonces, esos son los límites que hay que tener claro, que queden establecidos en las posibilidades de la objeción de conciencia”.

— Bueno, pero en el caso de la salud es un derecho fundamental de las personas, no podría negársele el servicio como tal.

— La no discriminación también es un derecho universal de las personas; por eso es necesario que leamos bien el fallo para ver cómo interpretó la Sala. No puede existir un derecho de objeción de conciencia que esté por sobre los derechos de las personas a acceder a los servicios sin discriminación.

“¿Cómo? por medio de la capacitación, por medio de que el Estado pueda capacitar a sus funcionarios públicos para que den sus servicios desde esa visión.

— Vuelvo a la idea de un hipotético giro de ideología del Gobierno y a los funcionarios se les obligue acudir a una capacitación religiosa, por ejemplo. ¿Ellos no tendrían entonces la posibilidad de negarse?

— Sí, pero lo tienen ahora. Lo que pasa es que la objeción de conciencia existe en el país para temas específicos, por ejemplo la educación religiosa, es el procedimiento que existe para que una familia se abstenga para que su hijo reciba educación religiosa, por ejemplo.

“Entonces, esos procedimientos existen para cada situación. Existe la objeción de conciencia en el caso del protocolo de aborto terapéutico, interrupción terapéutica del embarazo; existe la objeción de conciencia para jueces en caso de matrimonio igualitario, cuando fueron jueces que entraron antes del fallo de la Sala Constitucional, cosa que para mí es cuestionable, pero bueno, así lo estableció la Sala.

“Pero la objeción existe siempre con límites, eso es lo que hay que tener claro. Tiene que tener límites para que no se vulneren derechos”.

— Me parece que hay un leve cambio de discurso, pues ya no es apostar por eliminar la objeción de conciencia, sino por limitarla ¿es así?

— No, no, no. Yo quiero leer el fallo completo para ver cómo lo interpreta (la Sala). Yo quiero eliminarla.

— ¿Quiere eliminarla?

— Yo quiero eliminarla del proyecto de ley, pero quiero leer completo el fallo para ver cómo lo interpreta, para ver cuáles son las ventanas o las vías que nos da la resolución de la Sala para esa eventual eliminación.

“Ya lo habíamos intentado, votando las mociones en el plenario. No logramos los votos necesarios. Intentamos con la resolución de la Sala Constitucional; no se logró.

“Ahora existe una ventana, vamos a ver de qué tamaño es esa ventana, con la resolución en mano. Algunos consideramos que es importante intentar de nuevo para poder eliminarla”.