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Instituciones como las universidades, CCSS, JPS o municipios, entre otras, se arriesgan a que la Contraloría General de la República (CGR) les impruebe parcial o totalmente sus presupuestos si incumplen con las reglas de las reforma fiscal, entre ellas, incentivos salariales, aprobada por los diputados en diciembre.
La advertencia la hizo la Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado, ante una consulta del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, sobre el caso específico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para la Procuraduría, la reforma fiscal aplica para instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado,universidades públicas y municipalidades, tal y como lo establece el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Así, por ejemplo, si una institución mantiene las anualidades de lujo y otros incentivos en términos porcentuales basados en otra normativa jurídica que no sea la reforma fiscal, la Contraloría podría improbar el monto total que se destine para esos pagos.
En el caso de las municipalidades, la situación es complicada pues si la Contraloría les imprueba el presupuesto, deben mantener el plan de gastos del año anterior.
La Procuraduría indica que “la labor de aprobación de los presupuestos de las diversas instituciones públicas supone una labor de fiscalización tendente a determinar si tales instrumentos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas existentes”.
“A raíz del proceso de fiscalización mencionado, la CGR podría improbar, parcial o totalmente, el presupuesto de una institución cuando ese presupuesto incumpla las normas de distinto rango que rigen la materia”, señaló la Procuraduría en una opinión jurídica del 29 de mayo.
Pese a que las nuevas reglas de empleo público rigen desde el 4 de diciembre, instituciones como la Caja y JPS tienen la aplicación pendiente.
La CCSS aún no ha definido si rebajará las anualidades de lujo de médicos y enfermeros porque esos incentivos están definidos por leyes especiales, aunque son superiores a los que define la ley fiscal. En ese caso, están a la espera de un criterio de la Dirección General del Servicio Civil.
La JPS, por su parte, espera que la Procuraduría aclare una consulta que fue enviada en mayo, pues en enero decidió mantener las anualidades que pagan por convención colectiva, a la espera de que expire ese acuerdo laboral, en diciembre próximo.
Por su parte, las universidades públicas, que deben someter su presupuesto a la aprobación de la Contraloría, tomaron la iniciativa de demandar al Estado para evitar aplicar las nuevas reglas.
Para el 1°. de octubre de cada año, las autoridades autónomas deben presentar sus presupuestos ante la CGR, la cual tiene tres meses para aprobarlo o improbarlo.
Hasta el momento, la CGR se ha abstenido de responder consultas de distintas instituciones en relación a la aplicación de la reforma fiscal, precisamente porque luego le corresponderá fiscalizar si dichas reglas fueron acatadas.
Estas son algunas aclaraciones que dio la PGR a Muñoz en el documento OJ-041-2019 del 29 de mayo.
La CCSS debe aplicar las nuevas reglas de empleo público
Así como otras instituciones autónomas, la CCSS no está exenta de la aplicación de los nuevos montos o porcentajes que se reconocen a los demás empleados del sector público.
Entre esos cambios está el rebajo a la dedicación exclusiva y prohibición de empleados nuevos, y de las anualidades.
Aunque la PGR no hizo ninguna excepción, tampoco aclaró si las anualidades de 5,5% para médicos y de 3,5% para enfermeros también se rebajarán a montos nominales calculados a 1,94% para las anualidades nuevas. Estos porcentajes están especificados en leyes especiales, y de allí las dudas de las instituciones.
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Sin embargo, esta respuesta es insumo para la elaboración de un criterio legal que realiza el Servicio Civil, que determinará cuánto reconocerá a los profesionales en ciencias médicas que laboran en instituciones públicas, cubiertos por por el régimen.
La CCSS está a la espera de ese criterio, no vinculante, para hacer lo suyo.
Tanto la CCSS como Servicio Civil están contrarreloj porque a partir de este 15 de junio deben reconocer en los salarios las nuevas anualidades, si corresponden.
Límite a salarios no incluye horas extra
La nueva ley fiscal establece que ningún nuevo funcionarios público, incluyendo jerarcas, ganará más de ¢5,4 millones, o sea, 20 veces el sueldo más bajo pagado por la Administración Pública, que es de ¢270.000.
Sin embargo, ese límite se refiere solo al salario ordinario, según la PGR.
Es decir, en caso de que una persona supere ese límite por la cantidad de horas extra que laboró, el pago extraordinario debe compensarse.
“Considera esta Procuraduría que si un funcionario ha laborado una jornada extraordinaria, su patrono está obligado a cancelarle el salario extraordinario respectivo, aunque esa remuneración supere el límite. De lo contrario, la Administración incurriría en un enriquecimiento sin causa", dice el informe.
La PGR manifestó que, si el patrono considera que no debe superarse ese límite, entonces debe abstenerse de hacer que sus empleados laboren más horas de lo establecido en su contrato.
Anualidades y otros incentivos como montos fijos
Ningún funcionario recibirá menos dinero del que recibía por concepto de anualidades al 4 de diciembre del 2018. Sin embargo, en adelante, este plus ya no serán calculado en términos porcentuales, sino nominales. Es decir, las anualidades acumuladas se transforman en un monto fijo.
Lo mismo ocurre con cualquier otro incentivo que se haya reconocido en porcentaje, a excepción de la dedicación exclusiva y prohibición.
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El salario de referencia es el fijado en julio de 2018. Así lo establece la reforma fiscal, de acuerdo con la Procuraduría.
“Cualquier incentivo o compensación existente que, a la entrada en vigencia de esa ley esté expresado en términos porcentuales, debe convertirse, a futuro, en un monto nominal fijo”, señaló.
