Es natural que haya tensiones o roces entre los Estados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Pero plantear el abandono del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por estar en desacuerdo con una decisión, "es una práctica propia de una dictadura, de una tiranía", advierte.
Y cuando se le inquiere qué significaría un hipotético paso en tal sentido por parte de Costa Rica, es categórico: "Un escándalo para Costa Rica, una pérdida de credibilidad'.
Este experto en derechos humanos estuvo en el país en los días previos a las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero, aunque la razón de su visita fue otra: asistir a una audiencia en la Corte IDH, con sede en San José, para escuchar los alegatos de víctimas de violaciones a esos principios por parte del régimen de Alberto Fujimori, expresidente peruano que fue indultado el 24 de diciembre anterior.
HRW secunda el reclamo de ellos, quienes plantearon a ese tribunal la anulación del perdón humanitario que le concedió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Esa ONG se fundó en 1978 y tiene unos 400 miembros en todo el mundo. Entre sus activistas hay abogados periodistas y académicos de diversas nacionalidades. Se dedica a la lucha por la protección d elos derechos humanos.
En entrevista con La Nación, Vivanco pasó revista a este caso, pero también se refirió al fenómeno del populismo en América Latina, los derechos humanos en Costa Rica y la controversia aquí por la opinión consultiva de la Corte IDH sobre el matrimonio igualitario y el reconocimiento de derechos para la población lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI).
- El informe anual 2017 de HRW lanzó una advertencia sobre el auge del populismo en el mundo. En el caso de América Latina, ¿cuál es su valoración de esta tendencia y cuánto peligro representa para la democracia?
- El mensaje (de ese informe) es de alerta y reivindicamos el papel que tienen los medios de comunicación con capacidad para enfrentar al poder y hacer fiscalización de lo que es el ejercicio y el abuso del poder. También ayuda contar con un sistema judicial independiente, con una sociedad civil activa. Por eso, instamos a una mayor participación política de los ciudadanos.
Vivanco enumeró varios casos en el subcontinente para ilustrar situaciones críticas, mejorías y amenazas.
Venezuela: "El caso extremo en la región es Maduro. Probablemente, es el más emblemático de lo que representa un sistema político que depende de la voluntad de un hombre. La concentración de poder es total, no existe institución democrática en pie capaz de frenar, prevenir o sancionar abusos en materia de derechos humanos o corrupción, y el tirano que dirige un régimen cívico-militar hace lo que le da la gana, reprime con brutalidad, tiene prisioneros políticos, persigue a los medios de comunicación, a la sociedad civil y usa el sistema electoral a su medida. No hay garantías de nada.
Ecuador: "Correa, en su momento, representó una amenaza similar. Felizmente, se realizaron elecciones y hoy hay un virtual divorcio entre el presidente Lenín Moreno y Correa. Aunque eran parte del mismo sector político, Moreno ha mostrado tolerancia y una actitud mucho más respetuosa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. Tiene un discurso muy distinto del excluyente y agresivo, descalificador, de Correa.
Del archivo:
"Es una buena noticia lo que está ocurriendo en Ecuador con el actual gobierno, donde se va recuperando poco a poco el valor de lo que significa vivir en un sistema democrático, donde hay instituciones autónomas que deben fiscalizar el ejercicio del poder. Entre ellas, los medios de comunicación, los jueces… Todavía hace falta recorrer un buen trecho, pero creo que Ecuador va en una dirección que lo que significaba Correa".
Bolivia: "Evo Morales, otro líder populista que ha ido paulatinamente concentrando el poder y que, a pesar de haber perdido un plebiscito (para reforma la Constitución y permitir la reelección indefinida), se las arregló para acudir a la Corte Constitucional, que no es independiente. Curiosamente, utilizó el argumento de que el tenía el derecho humano, protegido en el Pacto de San José de Costa Rica, a presentarse a cuantas reelecciones fuera posible. La Corte le validó esa petición, y lamentablemente Bolivia va en una dirección de cada vez mayor concentración donde, en los hechos, es un caudillo el que dirige el país, con todos los hechos que eso representa para el deterioro democrático".
Brasil: "Las instituciones han tenido un rol ejemplar. Hay pocos casos en América Latina donde el Ministerio Público y los jueces puedan demostrar una voluntad tan firme por perseguir procesalmente a aquellos que han abusado del poder. En este momento tienen bajo investigación a políticos de todo el acoíris, algunos con condena, como el expresidente Lula, y al actual presidente (Michel Temer) y políticos poderosísimos, algunos de ellos cumpliendo sentencias. Algo sin precedentes en América Latina. Sin embargo, los escándalos allí son de tal magnitud y la profundidad de la corrupción es tal que casi todo el establishment político está bajo sospecha.
"Hay algunos que con gran descaro, como Jair Bolsonaro (político opositor de derecha), que tiene un discurso populista, autoritario, quien está explotando esta crisis, y haciendo campaña para las elecciones presidenciales con el argumento de que todo el resto debe ser descalificado y que es él quien puede ser una alternativa para Brasil. Tiene un discurso contrario a los derechos humanos, que reivindica la tortura, que nos recuerda discursos de las dictaduras del Cono Sur… Es un grave riesgo y lamentablemente en las encuestas sube la opción de personajes de este tipo.
"En el caso de México, donde hay elecciones este año, quien está en primer lugar en las encuestas es Andrés Manuel López Obrador, que es un candidato que se presenta como un outsider (fuera del estamento político) y con posiciones, en muchos órdenes, que pueden calificarse como populistas.Los escándalos y la falta de credibilidad del sistema democrático en México son de gran envergadura, por la corrupción, por la impunidad que reina y que es la regla. Esto genera el surgimiento de opciones políticas de personajes que pueden constituir una amenaza para la convivencia democrática.
"Este fenómeno (populismo) no es de izquierda ni de derecha".
Autoritarismo y populismo
- El informe de HRW también señala que el populismo viene acompañado por una 'nueva fascinación por el autoritarismo'. ¿ Cómo percibe su organización este fenómeno en Latinoamérica?
- Es el reflejo de la frustración ciudadana frente al engaño, el abuso de poder, la arrogancia con la que muchas veces actúa la clase política; (la reacción) frente a la lentitud de los jueces, que tienen una misión central, pero que muchas veces no responden a las expectativas y son fácilmente intimidables o son objeto de corrupción.En general, nuestras instituciones son muy débiles.
"Frente a eso, hay un explicable grado de desilusión ciudadana y eso genera expectativas en caudillos, situación de la cual no escapa ni Estados Unidos, lo que demuestra que ningún país está libre de una opción populista, de un caudillo que gobierna sobre la base de la mentira, de la distorsión, de la manipulación, de la falta de transparencia, del ataque permanente a los medios de comunicación para tratar de erosionar la credibilidad y la de las instituciones políticas. Un caudillo que se erige como superior al resto y que impulsa políticas abiertamente reñidas con los valores democráticos más elementales. Eso es Trump y está ocurriendo en un país con una larga tradición democrática, con instituciones fuertes y donde el poder está bastante fragmentado y no concentrado, como en nuestros países".
-¿Ve HRW un riesgo en Costa Rica del contagio del binomio populismo-autoritarismo? ¿Algún síntoma inquietante?
- Sí, y es a propósito de lo que representa la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a raíz de la opinión consultiva sobre matrimonio igualitario, que ha dado la base para que un candidato a la Presidencia explote esa decisión haciendo promesas y ofertas como el abandono del sistema de protección regional, del cual Costa Rica es fundadora. Esas ofertas son sumamente peligrosas.
"Además, los argumentos que se uitilizan por parte de ese candidato para descalificar la decisión de la Corte IDH son de tipo esencialmente religiosos con los cuales se intenta imponer una visión religiosa muy respetable, pero que no tienen cabida en un Estado democrático, regido por valores jurídicos. Los valores religiosos son muy válidos en el fuero personal, pero que no pueden identificarse con políticas de Estado.
"La decisión sobre el matrimonio igualitario es acertada y al prohibir la discriminación en este ámbito nos muestra cómo estas materias van poco a poco evolucionando y que hasta hace poco tiempo eran “normales” (prohibición del derecho del voto femenino, discriminación racial en Estados Unidos, penalización de las relaciones sexuales interraciales, fumado en cualquier lado en detrimento de quien no fumaba) y hoy parecen una insensatez. En eso se inserta la opinión consultiva de la Corte. Entiendo que haya sectores que la resistan, es parte de la vida democrática, pero intentar imponer posiciones con un fundamento esencialmente religioso es obviamente un retroceso".
- ¿Qué significaría el retiro de Costa Rica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o, al menos, el desconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte IDH?
- Un escándalo para Costa Rica, una pérdida de credibilidad. Esta es una práctica propia de una dictadura, de una tiranía, y no hay antecedentes de esto. Se producen tensiones y roces con la Corte Interamericana o con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero de allí a plantear el abandono del sistema, simplemente porque no me gusta la decisión adoptada por la Corte IDH, sería una medida que dañaría seriamente la credibilidad de un país que es un baluarte, un símbolo, un ejemplo de respeto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esto es muy importante: la credibilidad de un país es como la palabra de una persona en la que confiamos y no es necesaria una firma notarial, pues se trata de una persona honorable, que si se compromete a algo, responde. Eso es oro molido para cualquier país, y Costa Ria tiene allí un capital que no puede jugar con él.
Sistema penitenciario
- ¿Cómo califica HRW el estado de los derechos humanos en Costa Rica?
- Si uno responde esta pregunta tomando en cuenta el contexto regional y coloca en el mismo saco a Costa Rica y Uruguay, evidentemente que están muy lejos de la media del resto de países latinoamericanos en cuanto a violencia, corrupción, rendición de cuentas, libertad expresión, derecho de asociación, no discriminación, etc. Costa Rica sigue siendo un caso donde la regla es el respeto por los derechos básicos.
"Ahora, si uno mira con lupa la situación en el país, creo que todavía hace falta perfeccionar prácticas como reformas a nivel penitenciario que permitan reducir el porcentaje de reclusos que están sin condenas y que se encuentran privados de la libertad. Este es un problema serio, que tiene que ver con reformas al proceso penal para agilizarlo, para hacerlo más efciente, pero también tiene que ver con un descuido muy grande, con una falta de atención, pues se asume que se trata de delincuentes y dándolos ya por condenados, ignorando que mientras no exista una condena esas personas tienen plenos derechos y no deberían estar privados de la libertad, a menos que exista un serio riesgo de orden público o existan temores de fuga o fundados temores de que pueda haber una obstrucción de justicia. Pero muchas veces estos requisitos no se cumplen y es más bien un procedimiento casi automático donde los procesados penalmente terminan privados de la libertad.
"El gran desafío es asegurarse que el sistema penitenciario no se transforme en una escuela del delito y donde en la práctica no haya mayores esfuerzos por resocializar al delincuente. De lo contrario, el problema de inseguridad pubicia se mantiene y se incrementa.
"Estos temas son difíciles de vender porque hay políticos que venden la panacea de la mano dura y sostienen que a los delincuentes no hay que darles hoteles de cinco estrellas. Nadie está abogando por hoteles de cinco estrellas, sino porque exista un uso racional de los recursos, que en las prisiones estén aquellos que ya cuentan con una condena y tienen que cumplirla, y que haya condiciones que permitan que esa persona pueda tener una salida, una reincorporación útil a la sociedad".
Indulto a Fujimori
- La Corte IDH conoció la petición de víctimas de la represión durante el gobierno de Alberto Fujimori para que anule el indulto humanitario que le concedió el gobierno del presidente Kuczynski en diciembre. ¿Qué posición tiene HRW sobre este asunto?
- Que esto fue el resultado de una transacción política en la cual, a cambio del apoyo a Kuczynski por parte de un sector del fujimorismo, que no se suma a la mayoría del Congreso que exigía un juicio político para el presidente, él responde con un indulto exprés. El juicio político se realiza el 21 de diciembre y el 24 de diciembre Kuczynski anuncia el indulto humanitario a Fujimori junto con el indulto a siete personas más cuyos procesos de evaluación médicas les tomó, en promedio, más de 120 días para cada uno de esos siete. Fujimori solicitó el indulto el 18 de diciembre y le tomó al gobierno solo seis días resolverlo. Un indulto que se decide con muy poca transparencia, con la participación de solo tres médicos, uno de los cuales era el médico de cabecera de Fujimori.
"Si bien Fujimori está sufriendo enfermedades propias de la vejez y un cáncer, no hay indicios de que su vida esté en peligro. Aclaro que el indulto humanitario, incluso para quienes haya cometido violaciones muy graves a los derechos humanos, procede. No creemos que pueda existir un estándar de que esas personas no tengan ¡nunca! derecho a un indulto humanitario. Claro que lo tienen, pero debe tratarse de un indulto humanitario genuino, no uno a secas que está prohibido en el derecho internacional, disfrazado como indulto humanitario. Lo que ha hecho el gobierno de Kuczynski es ponerle la pijama a ese indulto para presentarlo como humanitario. Además, la legislación peruana prohíbe el indulto a personas que haya cometido secuestro y entre las condenas que estaba cumpliendo Fujimori hay dos delitos de secuestro.
"Ojalá que la Corte Interamericana examine los hechos y llegue a la conclusión de que se trató de un indulto a secas y no uno humanitario".