EscucharDiputados de oposición exigieron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, dejar de presentar proyectos mal formulados o que generen cortinas de humo para desviar la atención de los problemas nacionales.
La demanda surgió luego de que un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que la nueva “Ley Jaguar” no puede someterse a referéndum porque toca materia crediticia que la Constitución Política impide llevar a consulta popular, además de que contiene eventuales vicios de inconstitucionalidad.
Las jefaturas de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA) recordaron que, a pesar de haber sido advertido sobre las inconstitucionalidades del proyecto, el gobierno insistió en presentarlo.
En tanto, el partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ve posible que la propuesta legislativa puede avanzar por la vía ordinaria en la corriente legislativa, dado que el informe técnico concluyó que no puede someterse a referéndum.
“Me parece que es el final de una muerte anunciada”, declaró Óscar Izquierdo, jefe del PLN. Según el diputado, juristas expertos en Derecho constitucional ya habían señalado que el proyecto de ley violaba la Carta Magna.
Señaló que el título, Ley Jaguar para el Impulso del Desarrollo de Costa Rica, no guardaba relación con su contenido, un punto que Izquierdo subrayó semanas atrás en el plenario.
“El título del proyecto de ley es inconexo con el texto, ya que no habla de ningún felino, algo que también señala el informe de Servicios Técnicos”, agregó el verdiblanco.
El diputado también criticó al gobierno por su manejo legislativo. “No da pie con bola con sus proyectos de ley. En materia de seguridad, presentaron mal los proyectos, y con ‘jaguar uno’, la Sala IV lo dijo (lo declaró inconstitucional). Ahora, con ‘jaguar dos’, Servicios Técnicos ya adelantó las irregularidades.
“El gobierno debería enfocarse en trabajar y dejar de presentar proyectos de ley para desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el país”, concluyó.
El informe concluyó que dos artículos del proyecto violarían el artículo 182 de la Constitución Política, que establece que la contratación de obra pública debe realizarse mediante licitación. Uno de estos artículos, además, aborda temas crediticios, los cuales están excluidos de la posibilidad de ser sometidos a referéndum.
Luis Diego Vargas, vocero del PLP, lamentó que el gobierno haya impulsado un proyecto con evidentes problemas constitucionales. “Es complicado cuando nos proponen un referéndum, pero más complicado es cuando nos presentan un jaguar con problemas de constitucionalidad (...). Hemos insistido en que necesitamos un proyecto de ley bien hecho, pero nos hemos quedado sin jaguares”, señaló Vargas.
Antonio Ortega, jefe de fracción del FA, expresó su escepticismo sobre el manejo del proyecto por parte del Ejecutivo. “Lo que hoy era un secreto a voces se confirma: la ‘ley jaguar’ no puede ser consultada mediante un referéndum porque la ley no lo permite”, sentenció.
Calificó de triste ver cómo este gobierno siguió insistiendo. “Hacemos un respetuoso llamado al presidente de la República para que deje la politiquería y cortinas de humo como esta, y se ponga a cumplir su deber de gobernar”, subrayó Ortega.
En tanto, la jefa del PUSC, María Marta Carballo, dijo que, pese al traspié del referéndum, deben tramitarse por la vía ordinaria en el Congreso proyectos como Ciudad Gobierno, la marina de Limón y las reformas a la Contraloría General de la República (CGR).
Su compañera Vanessa Castro llamó a los diputados para que acojan el informe elaborado por Servicios Técnicos. “En realidad, nos hacen perder el tiempo en la Asamblea Legislativa, cuando podríamos, a través del diálogo y el consenso, llegar a acuerdos importantes”, subrayó Castro.
