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El sindicato de Recope calificó de “oveja que se nos descarrió” al agremiado que fue condenado a dos años de prisión por dañar una instalación de la distribuidora de combustibles, en Moín, durante la huelga contra la reforma fiscal.
Así lo declaró este lunes Teodoro Symes Campbell, secretario de Administración y Finanzas del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), ante la comisión del Congreso que estudia reformas legales para frenar abusos en las huelgas.
Ante consulta del diputado independiente Erick Rodríguez Steller, el sindicalista afirmó que Sitrapequia nunca ha llegado “al punto de incitar a nadie” a cometer delitos o dañar infraestructura pública.
El legislador le señaló el caso de Carlos Andréz Pérez Vargas, a quien el Tribunal de Flagrancia de Limón encontró culpable de cometer daños agravados contra una esfera de almacenamiento de gas LPG el 11 de setiembre del 2018, el segundo día de la huelga, al desenganchar los tubos de una válvula y provocar un riesgo de explosión.
“Esa es una oveja que se nos descarrió, es un sujeto que está en causa penal, de esto no me voy a referir más, eso está en poder del juzgado penal (...). Lo vuelvo a replicar, no somos ni queremos ser instigadores de la violencia. ¿En cual familia no hay una oveja negra? Eso es cosa juzgada en el ejercicio penal”, afirmó el representante de Sitrapequia.
El proyecto de ley en discusión, el 21.049, sancionaría a las organizaciones sindicales que inciten a sus agremiados a realizar actos contrarios a la ley, como “el sabotaje de los bienes públicos o el bloqueo en carreteras”. De hecho, los tribunales de Trabajo podrían ordenar la disolución de sindicatos sin comprueban que incitaron u organizaron ese tipo de actos.
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“Somos ejemplo, hemos construido paz social en Limón”, dijo el vocero de Sitrapequia.
“¿Toman algunas medidas para evitar que se dañe infraestructura pública”, le insistió el parlamentario al sindicalista de Recope.
Ante ello, Symes alegó: “¿Por qué vamos a tomar medidas si no somos causales (sic) de eso, no somos un grupo violento ni creemos en esas incidencias. Creemos en la verdadera apertura de nuestros derechos como actores sociales y no vamos a hacerle daño a lo que nos da el pan a diario”.
No obstante, el vocero de Sitrapequia reconoció que hay “casos aislados” de agremiados que van más allá y cometen, como en el caso de Pérez, delitos y daños contra infraestructura pública.
Al contrario de señalarlo por haber cometido un delito, otros líderes sindicales, como el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, han llegado a calificar a Carlos Pérez como un “preso político".
El hecho por lo que se condenó a Pérez, de 27 años, pudo haber causado una explosión cuya onda habría llegado a Matina.
Aunque la Fiscalía lo acusaba de atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones, finalmente el juez lo condenó a dos años de prisión y diez años de inhabilitación para la función pública por “daños agravados” a una instalación estatal.
El trabajador fue descubierto in fraganti en el sitio del sabotaje (una esfera de almacenamiento de gas), pero fue detenido a unos 400 metros de distancia, cuando intentaba escapar. Llevaba puesto el uniforme de trabajo, que estaba impregnado de aceite.
Durante el debate, que inició el pasado 5 de octubre, abogados de Recope aseguraron que los daños provocados en la esfera ascendieron a ¢600.000. Pero, ante la emergencia, también se interrumpió la descarga desde dos barcos que traían el gas licuado de petróleo (GLP). Eso implicó un atraso de 20 horas por el cual Recope tuvo que pagar ¢15 millones a las navieras.
Alegan que reparto de combustible no es ‘servicio esencial’
Teodoro Symes, vocero de Sitrapequia, acudió a criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para decir que ese organismo no define el suministro de combustibles como un servicio esencial.
“Nos estamos refiriendo al derecho internacional que nos asiste”, enfatizó.
Ante ese criterio, el diputado Carlos Ricardo Benavides, jefe del PLN, reclamó que la seguridad de las personas depende, en buena parte, del combustible que alimenta los vehículos de los policías, “salvo que usted (a Symes) los someta a andar a pie o en bicicleta”.
“Mientras no se inventen las ambulancias solares, estas requieren de los combustibles que distribuye Recope para moverse y las plantas generadoras de electricidad alternas de los hospitales son necesarias para operaciones, servicios de emergencias o la consulta médica cotidiana”, dijo el liberacionista.
Francisco Vargas, asesor legal de Sitrapequia, adujo, entonces, que es a los legisladores a los que les toca definir esos servicios esenciales y dijo que el proyecto presenta una interpretación “ampliativa”, pero que debería ser más bien restrictiva.
También, Vargas criticó que se intente hacer esa definición de servicios esenciales 70 años después de que los diputados constituyentes establecieron la potestad de que luego se definieran, “precisamente ahora, al calor de una huelga que acaba de terminar”.
El asesor legal del sindicato afirmó que, desde la Constitución de 1949, se esperaba de los legisladores que establecieran en cuáles servicios esenciales habría limitaciones o prohibición de realizar huelgas.
Pero añadió que podría suceder que un servicio calificado de “no esencial, como el petróleo y sus derivados" eventualmente sea calificado como tal.
Según declaró Vargas, hay una cierta plasticidad y que esta opera en el sentido de que, por una huelga muy larga, un servicio como el de Recope pueda transformarse en un servicio esencial.
“Por ejemplo, que haya una huelga en Recope y que pasados 22 días o un mes, empiece a existir algún problema de suministro. Entonces, podría ser que un juez, no obstante que no es esencial, la declare por una situación específica, la califique y ordene la reinstalación del servicio", apuntó el vocero sindical.
Ante consultas del presidente de la Comisión sobre Huelgas, el liberacionista Benavides, Symes alegó que no quería referirse a si el servicio que presta Recope es esencial o no. “Es algo que en este momento está en debate”, dijo.
En cuanto a otros puntos del proyecto de Carlos Ricardo Benavides, los voceros de Sitrapequia repitieron los mismos criterios de otros grupos sindicales, en el sentido de que lo consideran una represalia por la recién pasada huelga contra el plan fiscal.
“Este proyecto busca desnaturalizar y crear el caos nuevamente en las organizaciones”, dijo el asesor legal del sindicato, Francisco Vargas.
Reclamó que se les obligue a modificar estatutos para establecer un correo electrónico donde recibir notificaciones judiciales, por considerarlo una violación a la libertad estatutaria de los sindicatos.
Refutó también que exista el concepto de una huelga “manifiestamente legal” que se introduce en la reforma al Codigo de Trabajo que se tramita en el Congreso.
“No entendemos por qué razón un juez pueda venir y calificar de una vez una huelga, violentando el debido proceso”, dijo Vargas.
