EscucharLa Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) solventar las necesidades de mobiliario y espacio adaptado para los estudiantes con discapacidad múltiple en la Escuela de Excelencia Mercedes Sur, en el cantón Central de Heredia, luego de que una madre denunció que convirtieron las aulas destinadas a estos alumnos en una oficina administrativa y un comedor.
Mediante la interposición de un recurso de amparo, la mujer manifestó a los magistrados que su hija, una niña de 10 años con discapacidad múltiple, fue afectada por decisiones administrativas que vulneraron su acceso a un entorno educativo adecuado y adaptado a sus necesidades.
La Escuela de Excelencia Mercedes Sur contaba con dos aulas integradas para estudiantes de educación especial, relató la mamá. Estas fueron diseñadas para atender a niños con diferentes discapacidades: el aula integrada 1 era para alumnos con discapacidad cognitiva y el aula integrada 2 para aquellos con discapacidad múltiple.
Las aulas de los niños con retos múltiples requieren de equipo para cambios de posición, rehabilitación, colchonetas, baño adaptado, muebles para sus materiales y pupitres adaptados. Además, deben ser insonoras, cumplir con la ley 7600 y disponer de acceso a salidas de emergencia, debido a que los menores están en silla de ruedas.
Sin embargo, continuó la madre, en el 2018, la directora del centro educativo decidió retirar una de las aulas de educación especial para convertirla en una oficina administrativa. Esto obligó a los estudiantes de ambas clases a compartir un solo espacio, a pesar de tener necesidades y equipos diferentes, lo que afectó el aprendizaje de los niños.
La situación se agravó en el 2023, cuando el aula que compartían fue convertida en un comedor para el personal, y los estudiantes con discapacidad múltiple fueron trasladados a un aula compartida con los niños de kínder, un espacio que carece de las condiciones necesarias para los estudiantes con requerimientos especiales.
El pasado 5 de julio, los magistrados le dieron la razón a la recurrente y subrayaron la importancia de garantizar que los derechos de los estudiantes con discapacidad sean respetados y protegidos, resaltando la responsabilidad de las instituciones educativas y sus administradores de asegurar un entorno con mobiliario inclusivo y adecuado para todos los estudiantes.
En consecuencia, la Sala IV concedió tres meses al Ministerio de Educación Pública para solventar la necesidades de los estudiantes con necesidades múltiples. La orden va dirigida a Anna Katharina Müller Castro, Lourdes Saurez Barboza, Guiselle Alpízar Elizondo y Floribel Torres Alfaro, quienes ejercen como ministra, directora de Infraestructura Educativa, directora de Desarrollo Curricular y directora de la Escuela Excelencia Mercedes Sur.
La sentencia la redactó el magistrado Jorge Araya García.
La Nación solicitó una reacción al MEP sobre esta sentencia mediante un correo enviado a la oficina de Prensa.
