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Datos publicados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su portal web, evidencian su elevado secretismo en el manejo de la información. El 71,8% de su documentación es de carácter confidencial, mientras que solo el 28,2% está disponible al público.
Estas cifras son parte de los indicadores de cumplimiento de la Política de Acceso a la Información del BCIE, que entró en vigor en el 2021. El organismo regional de financiamiento emplea 479 categorías para clasificar la información. De la totalidad de categorías, 344 están bajo reserva y solo 135 pueden ser consultadas por el público.
“Bajo ninguna circunstancia”, según la política del BCIE, se pueden divulgar los procesos investigativos concluidos. Tampoco son de acceso público los procesos disciplinarios, los informes de control internos y externos, los salarios y las comunicaciones de cualquier naturaleza.
Las actas de los órganos decisorios del Banco también están bajo el velo de la confidencialidad. Esta disposición cubre a la Asamblea de Gobernadores, el Directorio, los comités de gobernadores, los comités de directores y los comités de la administración.
Asimismo, está bajo reserva la información relativa a operaciones financieras sin garantía soberana, como el proyecto de Ciudad Gobierno.
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Las operaciones que realiza el Banco con el sector privado, “salvo que se cuente con autorización expresa de la contraparte”, también forman parte de las categorías de confidencialidad.
Preocupación de diputados de Costa Rica
En Costa Rica, las políticas de confidencialidad del BCIE fueron recientemente cuestionadas por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).
La confidencialidad sobre las operaciones financieras fue una de las preocupaciones que expuso el liberacionista Danny Vargas a Erwen Masís, representante de Costa Rica en el BCIE, a raíz de la pretensión del gobierno de Rodrigo Chaves de encargar a este banco el desarrollo de Ciudad Gobierno.
El verdiblanco advirtió de que la propuesta de Chaves “obviaría” las advertencias de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la necesidad de cumplir con las reglas de transparencia de la Ley de Contratación Pública. En su criterio, se le estaría dando “un cheque en blanco al BCIE para que haga la obra”.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, con el fin de asignar al BCIE el proyecto Ciudad Gobierno sin necesidad de concurso público.
La Contraloría critica el plan por considerar que implicaría un retroceso en la transparencia al permitir contrataciones de obra pública a dedo, sin acatar los controles legales y constitucionales vigentes.
Los legisladores Danny Vargas, Eliécer Feinzaig y Ariel Robles, externaron sus preocupaciones al exdiputado socialcristiano Erwen Masís, luego de que el representante alegó que no podía brindar la información solicitada por los diputados, por ser de carácter confidencial.
Masís compareció, el pasado 6 de mayo, ante la comisión especial legislativa que investiga el polémico contrato de $405.000 que el BCIE adjudicó al productor audiovisual Chistian Bulgarelli Rojas para que brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial, a pesar de que él mismo elaboró los términos del cartel de licitación que Presidencia entregó al Banco.
Sobre las críticas de los parlamentarios, el BCIE argumentó a La Nación que, al igual que el resto de la banca multilateral, existen “unas pocas categorías de información” clasificadas como reservadas.
Aseguró que, de manera acelerada, la entidad busca incrementar el acceso a más documentos y, “por eso, estamos haciendo público el avance en la implementación de la política, con indicadores y acciones medibles”.
Igualmente, señalaron que la Política de Acceso a la Información se encuentra en un proceso de revisión y actualización, para lo cual realizaron una consulta pública que concluyó el 11 de noviembre del 2023. La nueva normativa aún debe ser presentada ante el Directorio del Banco para su aprobación y posterior divulgación.
BCIE también puede negar información a órganos judiciales
Por otro lado, el artículo 24 también habilita al BCIE a denegar las solicitudes de información que sean presentadas a través de órdenes judiciales, solicitudes de entes de control externos, órganos autónomos encargados de la persecución penal o instancias similares, “con fundamento en las inmunidades conferidas por el Convenio Constitutivo”.
Estas inmunidades fueron alegadas ante la Sala Constitucional por Erwen Masís y el BCIE, en un recurso de amparo presentado por el frenteamplista Ariel Robles contra Casa Presidencial, y en el que también es mencionado el exdiputado del PUSC, luego que se le negara el acceso a información sobre el contrato de Bulgarelli.
El 4 de setiembre del 2023, el Banco suministró al legislador el contrato, pero se negó a facilitarle las bases de contratación enviadas por la Presidencia de Costa Rica para la iniciativa, así como los nombres de los funcionarios encargados de los trámites del contrato y los oficios intercambiados entre el BCIE y el gobierno, relativos al contrato.
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Los magistrados solicitaron un informe a Masís, quien remitió un oficio alegando que tanto él como el BCIE gozaban de “privilegios e inmunidades” con respecto a la jurisdicción local.
En la nota, del 23 de octubre del 2023, el exdiputado argumentó que el BCIE se encuentra eximido de procesos judiciales, administrativos y legislativos. Agregó que ni el legislador del Frente Amplio ni los Tribunales de Justicia contaban con las potestades y capacidades de exigir la entrega del contrato.
“La inmunidad de jurisdicción comprende la falta de competencia o de potestades de un diputado costarricense de pedir información al BCIE y la falta de competencia de las autoridades costarricense para exigir esa información, incluidos los Tribunales de Justicia”, puntualizó Masís.
Por su parte, la institución bancaria acuerpó al director, alegando que es un funcionario internacional y que el Estado costarricense debe “respetar esa investidura”.
“Reiteramos que el señor director por Costa Rica es un funcionario internacional del BCIE, no es un funcionario público del Gobierno costarricense y, por tanto, como lo ordena el tratado internacional que contiene el Convenio Constitutivo del BCIE, dicho funcionario internacional depende exclusivamente del BCIE y no tiene obligación de reconocer ninguna otra autoridad”, concluyó el Banco.
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Dos meses para resolver consultas
En cuanto al plazo para resolver las solicitudes de información, la política le otorga al BCIE dos meses de tiempo para dar respuesta a las consultas. Sin embargo, el artículo 14 de la normativa añade que dicho periodo puede ser extendido si se considera que es insuficiente.
Empero, el BCIE afirmó a este medio que el tiempo de respuesta se ajustó a 24 horas para las consultas de públicos de interés y medios de comunicación, “como una señal clara del compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en todas las actividades del Banco”.
De acuerdo con el Banco, el cambio fue impulsado por la nueva presidenta ejecutiva de la entidad, la costarricense Gisela Sánchez Maroto, quien asumió funciones el 1.º de diciembre del 2023.
