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Una reforma legal facultará al Estado para decomisar y destruir todas las armas de fuego que se encuentren en posesión de los agresores domésticos.
A la hora de atender llamados de emergencia por agresión familiar, los cuerpos de policía tendrán autorización para registrar el lugar en donde ocurrieron los hechos y podrán llevarse todas las armas a las que el presunto victimario tenga acceso.
Estas nuevas competencias se detallan en el proyecto de ley 21.032, el cual fue aprobado este jueves en primer debate y de forma unánime en la Asamblea Legislativa.
Dicha iniciativa modifica la Ley Contra la Violencia Doméstica y la Ley de Armas y Explosivos, para corregir vicios que, en opinión de los diputados, ponen en riesgo a las víctimas de violencia doméstica.
Según la legislación vigente, los policías solo pueden decomisar los objetos que se hayan utilizado para cometer una agresión. Por tanto, no pueden confiscar otras armas que el abusador podría emplear en futuras ocasiones.
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Para José María Villalta, diputado frenteamplista y promotor de la iniciativa, otro problema de la ley actual es que obliga a la Dirección General de Armamento a devolverle el arma al agresor cuando expiran las medidas de protección en favor del afectado.
El proyecto aprobado este jueves modifica dicho procedimiento.
“Decomisar las armas y los objetos utilizados para intimidar o agredir, así como cualesquiera otras armas que se encuentren en posesión de la persona agresora o inscritas a su nombre y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva”, dirá la nueva versión de esa norma.
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Además, se autoriza a los oficiales a “revisar el inmueble donde se esté dando la agresión, con la finalidad de ubicar las armas a las que la persona agresora pueda tener acceso, aún en caso de que la persona agresora no se encuentre en dicho lugar”.
A los jueces, el proyecto los faculta para dictar, como medida de protección a las víctimas, el decomiso de todas las armas que los presuntos agresores posean o tengan inscritas a su nombre, así como a cancelar los permisos de portación de armas.
Los victimarios tendrán tres días para interponer recursos ordinarios de revocatoria y de apelación contra dichos actos.
Las armas decomisadas se custodiarán en la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública y, una vez que las medidas de protección queden en firme, serán destruidas.
Esta es la tercera reforma a la legislación sobre armas que los actuales diputados aprueban este año.
En marzo y abril, los legisladores también avalaron un plan que endureció las sanciones por portación y tenencia ilegal de armas, así como otro que reduce de tres a dos el número máximo de armas que una persona puede inscribir.
