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Un estudio técnico del Ministerio de Justicia y Paz, presentado este martes ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, confirmó la baja seguridad y la corta vida útil que tendrían cárceles de carpas.
La evaluación concluyó que las estructuras temporales requieren una inversión de ¢3.084 millones y solo garantizan una durabilidad de entre 1 y 5 años.
En contraste, el informe determinó que la infraestructura de concreto ofrece una alta seguridad y tiene una permanencia en el tiempo de hasta 40 años. Igualmente, estimó en ¢6.151 millones los recursos necesarios para levantar estas edificaciones.
Una tercera alternativa, conocida como modulares plegables, recibió una calificación de seguridad media. Esta cuenta con una perdurabilidad de 20 años a un costo de ¢4.187 millones.
Las tres opciones valoradas superan con creces los ¢2.684 millones que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pidieron a los diputados incorporar al Presupuesto Nacional del 2024 para financiar la instalación de construcciones livianas, con las carpas como una de las posibles modalidades a utilizar.
Los legisladores desecharon las pretensiones del Poder Ejecutivo y, en su lugar, condicionaron el uso de los recursos a la construcción de estructuras de concreto, ante la ausencia de estudios técnicos que sustentan el plan del gobierno, los cuales fueron expuestos, en términos generales, hasta este martes.
El informe comparativo fue elaborado por el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia y remitido a los jerarcas de esta cartera el 7 de agosto, mediante el oficio ARQ-475-202.
Pese a los datos expuestos, el área técnica recomendó el uso de los modulares plegables, según indicó la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo.
Aquel mismo día, la Comisión de Hacendarios dictaminó la modificación presupuestaria que el gobierno presentó al Congreso y en la que se incluían los recursos para las cárceles de carpas.
Ministro descarta uso de carpas
Por su parte, el ministro de Justicia, Gerald Campos, afirmó que para lo que resta de la administración se enfocarán en desarrollar proyectos de construcción en concreto, en seguimiento a lo dispuesto por la Comisión de Hacendarios, “eliminando estructuras livianas”.
No obstante, advirtió de que se corre el riesgo de no poder ejecutar los recursos por todos los estudios de suelo que se deben realizar por cada uno de los centros penitenciarios que tiene el país.
Mencionó que seguirán adelante con la propuesta de construir una nueva cárcel, mediante un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Campos señaló que para esta iniciativa se contaría con una inversión de $100 millones, de los cuales, $70 millones se utilizarían para levantar el nuevo centro penitenciario y los restantes $30 millones para remodelar las prisiones ya existentes.
Empresas consideradas para estudio de mercado
Por otro lado, la viceministra Castillo reveló que además de la empresa española Arpa, también se tomó en cuenta la oferta de la firma Industrial Fire and Rescue, para la elaboración del estudio de mercado.
Mientras que en el caso de los modulares plegables, solamente se consideró la información proporcionada por la empresa Tiquicia Motors Home.
El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), calificó de “bastante limitado” el estudio de mercado y de “ausente de propuestas”.
