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Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, un proyecto de ley para establecer que el examen de idoneidad será un requisito para ingresar a la carrera docente.
La propuesta del legislador liberacionista Wagner Jiménez es una reforma a la Ley de Estatuto de Servicio Civil.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá establecer la prueba que se les hará a los nuevos docentes.
Según Jiménez, la reforma constituye un avance en la búsqueda del mejoramiento y la calidad de la enseñanza, luego de que el Sétimo Informe del Estado de la Educación señalara importantes “carencias y deficiencias” en la formación de los docentes.
El verdiblanco -quien es educador de profesión- apuntó que esas carencias se refieren a la preparación del educador, la contratación y la inducción, además del desempeño del maestro y su desarrollo profesional.
Jiménez alegó que la mayoría de educadores tienen debilidades que el MEP no contribuye a corregir.
“La ausencia de procesos de evaluación formativos para los docentes en servicio impide identificar y establecer mecanismos de apoyo para su oportuna atención”, dijo el diputado.
En el trámite del expediente legislativo llegaron criterios favorables del MEP, de la Dirección General de Servicio Civil y del Programa Estado de la Nación.
“Representa una transformación para asegurar que, en los próximos años, los nuevos docentes cuenten con conocimientos y habilidades reales y, de esta forma, garantizar la idoneidad profesional en el MEP”, añadió Jiménez.
La verdiblanca Yorleny León afirmó que la propuesta busca que los futuros educadores acrediten sus conocimientos, destrezas e idoneidad profesional antes de entrar a laborar para el Estado.
“Este proyecto reconoce que el corazón del sistema educativo son nuestros niños y nuestros jóvenes; es por ellos que cada esfuerzo por la excelencia vale la pena”, aseveró León.
Prórroga a juntas directivas
Los legisladores también aprobaron, nuevamente en primer debate, el expediente 21.933, para prorrogar por un año los nombramientos en juntas directivas de organizaciones civiles que vencen durante este año.
Dicha iniciativa establece que, debido a que esas directivas no se pueden reunir debido a las medidas sanitarias adoptadas para evitar contagios del covid-19, sus nombramientos se ampliarán hasta el 2021.
La prórroga aplica para todos los órganos colegiados que venan entre el 1.º de marzo y el 31 de diciembre del 2020, o para organizaciones que deban realizar procesos de renovación de estructuras en ese periodo.
Cobija, por ejemplo, a las juntas directivas de sindicatos, asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, fundaciones, colegios profesionales, tribunales electorales y sociedades mercantiles.
También cubre a la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Consejo Nacional Cafetalero, entre otros.
El proyecto ya se había aprobado en primer debate, pero con el fin de hacerle varias modificaciones, se devolvió al trámite anterior y fue aprobado nuevamente en primer debate, de forma unánime.
La propuesta, del diputado independiente Erick Rodríguez Steller, complementa otra que ya se había aprobado antes para las asociaciones civiles.
“Era necesario adoptar las mismas medidas para otro tipo de personas jurídicas, como cooperativas, sindicatos, asociaciones solidaristas y otras más”, alegó José María Villalta, legislador del Frente Amplio.
Además, el plan permite aplicar una prórroga automática, de hasta seis meses, si así lo determina el Ministerio de Salud mediante resolución administrativa, con base en el comportamiento del covid-19.
La iniciativa también prorroga el plazo de los nombramientos de las personas representantes ante cualquier institución pública por parte de los órganos y organizaciones sociales establecidos en dicha ley.
