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El exasesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga negó la noche de este martes, haber ayudado desde Casa Presidencial a encubrir el hueco presupuestario originado en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por ¢78.000 millones y que figura como uno de los hechos investigados en el expediente judicial del Caso Cochinilla.
Durante su comparecencia ante la comisión especial, creada para indagar supuestos hechos de corrupción en obras viales, Saldarriaga insistió en repetidas ocasiones de que su función era únicamente darle seguimiento a la situación fiscal del país, y que fue en el marco de esos objetivos que gestionó consultas ante el Ministerio de Hacienda sobre el giro de recursos para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que servirían para cubrir una parte del faltante de dinero en el Conavi.
Saldarriaga además rechazó que su accionar fuera tráfico de influencias o que desde su posición como asesor presidencial, ejerciera presión para agilizar las transferencias desde Hacienda.
Esa aseveración fue cuestionada por el diputado independiente Jonathan Prendas, quien enfatizó en la relación de confianza construida desde el 2013 a la fecha, entre Saldarriaga y el Alvarado, de quien ha sido subalterno en todos estos años desde diferentes entes, incluso durante la campaña.
Aunque el compareciente indicó que la relación era de un subalterno, el legislador insistió en que “había complicidad” y que el gobernante debía haber conocido lo que hacía como parte de sus funciones, a lo que Saldarriaga respondió que el presidente pasa muy ocupado y que él tenía un mandato general, por lo que no le informaba del detalle de sus acciones.
“El presidente sabía lo que usted hacía, de lograr los objetivos porque ministros se sentaban en una reunión y usted canalizaba los insumos y lograba que alguien gestara los desembolsos”, sentenció el congresista.
El economista refutó las aseveraciones y subrayó que solo realizaba consultas que “nada le costaba realizar” y que aunque no seguía órdenes de otros ministros, atendió las solicitudes hechas por el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, de preguntar sobre los giros de dinero, por cuestiones de cordialidad.
“Si el asesor de confianza del presidente llama a decir cuándo me van a girar esta plata, se puede entender como una forma de presionar”, aseveró el diputado del Frente Amplio, José María Villalta en una de sus intervenciones en relación al mismo tema.
Durante su participación inicial, el exasesor repitió en al menos tres ocasiones que no conoce a los dueños de MECO y H Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís y que nunca recibió dádivas de parte de estas empresas.
En su defensa, además insistió en que el faltante de recursos del Conavi no tiene vínculo con los hechos denunciados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Los faltantes que motivaron las modificaciones presupuestarias no se generaron porque alguien se robara los recursos, o por alguna acción ilícita, sino por el atraso en el marchamo 2018, la caída en el impuesto a los combustibles y por medidas aprobadas por esta Asamblea como los recortes o la disminución del marchamo. No hubo una afectación a la Hacienda Pública por ¢78.000 millones como se ha afirmado. Todo lo contrario, los recursos no salieron de Hacienda”, recalcó.
Villalta, cuestionó a Saldarriaga sobre las donaciones hechas a su nombre al Partido Acción Ciudadana y apuntó que tenía información de que servía como mediador para transferir esos aportes, que provenían de otros contribuyentes, lo cual el compareciente negó.
Según dijo, las donaciones que realizó al partido provenían de sus ahorros y posteriormente de deducciones salariales que pidió que se le realizaran a partir de que entró a trabajar en el Gobierno en abril del 2018.
Saldarriaga, renunció a su cargo como asesor del presidente el mismo 14 de junio, día en que trascendieron los hechos del Caso Cochinilla, tras el allanamiento simultáneo en instalaciones del Conavi, casas de empresarios, funcionarios de ese consejo y su oficina en Casa Presidencial.
