“En el primer día, con el traje puesto y todo, me sale con eso. El tema es que no fueron dos o tres quincenas que le tuve que dar mi dinero, que ya eso estaba mal, verdad, sino que se prolongó”.

Según el productor audiovisual y publicista Andrés Monge, así empezaron las dificultades que experimentó durante los cuatro meses que laboró en el despacho del diputado Otto Roberto Vargas, del partido Republicano Socialcristiano, a quien denunció penalmente por haberlo obligado a entregar el 50% de su salario.

Monge cuenta que la noticia se la dio Vargas el 1.° de mayo del 2018: la candidata a diputada por el segundo lugar de San José y tesorera del partido, Mariana Fernández, no había alcanzado la diputación; entonces él debía entregarle la mitad de su salario al esposo de ella, Marco Montenegro, quien también empezó a colaborar ese día con la bancada del Republicano como asesor ad honorem.

“Y me dijo que sería por unas dos o tres quincenas que yo le tendría que dar la mitad de mi salario, que no era gran cosa. Lo que me llegaban finalmente creo que eran ¢206.000 por quincena. Yo tenía que darle ¢103.000 y con los otros ¢103.000 vivía yo.

“Yo le dije que ni modo, me dijo básicamente: tómelo o déjelo”, contó Monge.

El exasesor, graduado de Producción de Medios Audiovisuales Digitales por la Universidad Creativa, relató a este medio que el dinero se lo solía entregar a Montenegro en efectivo, aunque alguna vez lo hizo a través de transferencia electrónica.

“El muchacho todos los viernes de quincena me ponía el mensaje de texto de WhatsApp: ‘¿Andrés, ya está lo mío? Vamos al cajero’, y luego por la noche yo le mandaba pantallazos”, dijo Monge.

El denunciante mostró a La Nación varias capturas de pantalla de conversaciones en las que Montenegro le pide el dinero, así como otras en las que él les expone al asesor ad honorem y al diputado las dificultades que experimenta por tener que desprenderse de la mitad de su salario.

Monge pidió que dicho material no sea publicado, debido a que el caso está en manos del Poder Judicial.

La Fiscalía General de la República confirmó que Otto Roberto Vargas es investigado en el expediente 18-000175-0033-PE, por aparente concusión. El Código Penal establece que incurre en esa falta “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

La comisión de dicho delito se pena con prisión de entre dos y ocho años.

Este medio solicitó una reacción de Vargas; no obstante, al cierre de edición, el diputado no respondió los mensajes que se enviaron a su celular. El legislador republicano socialcristiano se encuentra de gira por China, junto a congresistas de otras bancadas.

Tampoco Fernández atendió los intentos que hizo La Nación para contactarla, vía telefónica y por mensaje de texto.

Despido en setiembre del 2018

Monge contó que después de cuatro meses consecutivos de entregarle su salario a Montenegro, le externó su preocupación a Otto Roberto Vargas.

De acuerdo con el exasesor, el 3 de setiembre, el diputado lo llamó al plenario legislativo, donde le dio una orden:

“Otto Roberto me empieza a decir, primero de buen modo, pero imperativamente, que le saque el teléfono y borre las conversaciones de WhatsApp, de todo lo que él tiene conmigo y con Marco. Yo me quedé perplejo”, afirmó Monge.

El comunicador afirma que le expresó al legislador su desacuerdo con tal exigencia, y que el encuentro terminó cuando el diputado le dijo “lárguese, lárguese, lárguese”, lo cual afectó su salud, al punto de que necesitó atención médica y una incapacidad de tres días.

Monge recordó que al regresar al trabajo pidió ayuda de Dragos Dolanescu, el otro diputado de la fracción republicana socialcristiana, para gestionar los documentos que requería con el fin de interponer una denuncia penal por las irregularidades que había experimentado hasta el momento.

Según dijo, realizó gestiones hasta el 12 de setiembre, cuando la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa le comunicó su despido.

Dolanescu confirmó que el exasesor se le acercó para contarle su situación en esos días, aunque él procuró no involucrarse por tratarse de un tema interno del despacho de Vargas, con quien tiene una relación distante. No obstante, corroboró que tuvo que firmar el documento de despido.

“Se estaban aseverando cosas en el despido que yo no había visto y no había vivido (...) entonces se hizo de tal manera en que yo salvo responsabilidades, pero le di la firma porque don Otto Roberto ya no lo quería en el despacho”, afirmó Dolanescu.

En los registros del Congreso se registran pagos de salario a nombre de Marco Montenegro, como asesor de Vargas, a partir de octubre del 2018, un mes después del despido de Monge. Los pagos registrados entre ese mes y diciembre oscilaron entre ¢406.000 y ¢609.000.

Fernández, por otra parte, aparece destacada en el despacho de Dolanescu, a modo de préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), donde la funcionaria está en planilla. Así consta en el acta de la sesión del directorio legislativo del 19 de setiembre del 2018. El acuerdo interinstitucional establece que el préstamo de la plaza se puede extender hasta el 30 de abril del 2022.

Reclama inacción de la Dirección Ejecutiva

Según Monge, quien le comunicó su despido fue Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso, a quien él escribió días atrás con una solicitud de intervención ante su situación. El exasesor afirmó que esperaba que la administración de la Asamblea pusiera en conocimiento del caso a la Procuraduría General de la República y al Tribunal Supremo de Elecciones, al haber de por medio dineros estatales.

No obstante, el productor afirma que no obtuvo respuesta de Ayales hasta que este le comunicó su despido, fundamentado en un supuesto abandono de labores.

“No menciona ni por asomo don Antonio Ayales el tema de la denuncia penal ni laboral, ni el de las plazas; no consideró oportuno preguntarme quién era el beneficiado con esos dineros, no me dejaron presentar testigos, pese a que el abogado presentó una lista, y formó el cese argumentando además una serie de cosas que eran desconocidas para todos, que dan a entender prácticamente que tengo problemas mentales”, afirmó Monge.

Consultado por este medio, Ayales afirmó que la atención del caso se realizó “oportunamente”.

“Lo cierto del caso es que al llevar su denuncia ya el asunto queda sometido a esa instancia y no vamos a discutir en esa vía administrativa lo que se esta discuta en sede judicial y, de alguna manera, siento que eso fue lo que se le respondió", indicó Ayales.

Freddy Camacho, director del departamento legal del Congreso, afirmó que se atendieron en los tiempos señalados por la ley dos documentos que presentó Monge, hasta enero de este año.

En uno de ellos, con fecha del 12 de febrero, la Asesoría Legal le explica a Monge que “no conoció razón, justificación o documento alguno relacionado con su caso a nivel administrativo”, dado que ningún jerarca le solicitó criterio en ninguna fase.

“Por lo que no podemos indicar, como lo requiere en su pliego, cuál fue la razón o el fundamento jurídico que dio origen a la decisión adoptada por la Fracción del Partido Republicano Social Cristiano y tramitada por el Directorio Legislativo a pedido de dicha Fracción”, dice el documento.