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La exdiputada libertaria Mireya Zamora demandó a la Asamblea Legislativa con la intención de ser elegida como la nueva defensora de los Habitantes, luego de que una comisión parlamentaria la dejó fuera del concurso por presentar sus atestados fuera del plazo.
Zamora llevó al Congreso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al cual exige una medida cautelar que frene el concurso público que se desarrolla en Cuesta de Moras.
Ella alega que, aunque presentó sus documentos a destiempo, el exdiputado socialcristiano Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión de Nombramientos, le firmó un "visto bueno" a una carta en la que ella pedía que se le permitiera concursar.
Los hechos ocurrieron en el periodo anterior. El plazo para presentar los atestados vencía el 19 de abril a las 4 p. m. Zamora entregó sus documentos a las 7:46 p. m. de ese día y se los recibieron porque las funcionarias de la Comisión estaban trabajando horas extra.
La exlegisladora alega que cuatro días después, el 23 de abril, ella obtuvo el visto bueno de Jorge Rodríguez en una carta escrita por ella misma que viene las letras VB junto con la firma del excongresista cartaginés.
Esta carta consta en el expediente del concurso para elegir al nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes. La misiva estaba dirigida a Rodríguez y fue fechada el 23 de abril.
En ella, le pide al expresidente de Nombramientos que la autorice para que su nombre se mantenga dentro de la lista de aspirantes y que sea citada a audiencia.
No obstante, el 31 de mayo, la nueva Comisión de Nombramientos la excluyó del concurso al igual que a otros dos postulantes que presentaron sus atestados fuera de plazo, uno lo hizo el 30 de abril y otro el 7 de mayo.
La exlibertaria Mireya Zamora acudió el Tribunal Contencioso alegando un perjuicio.
Al respecto, la Procuraduría General de la República se opuso a la medida cautelar y enfatizó que la exdiputada no aporta prueba de que se le haya generado un daño grave.
Es más, en la oposición presentada por la procuradora Grettel Rodríguez Fernández se establece que, como accionante, le corresponde a Zamora demostrar "cuál es el daño grave que supuestamente sufriría", pues considera que no lo ha podido demostrar ni ha aportado una sola prueba de ello.
"Olvida la parte que, a pesar de la existencia de las presunciones, al menos debe demostrar los elementos generales que podrían permitir la aplicación de estas presunciones", dice el argumento de la PGR.
"Se limita a indicar que no podría participar en el concurso, participación que no le asegura de ninguna manera la posibilidad de ser nombrada en el puesto", explicó el abogado del Estado.
Acceso a expresidente de Nombramientos
Respecto al alegato de Zamora de que ella tiene una carta con el visto bueno dado por Jorge Rodríguez, la Procuraduría asegura que esa actuación está lejos de conformar un interés legítimo de la excongresista.
Básicamente, ella tuvo un privilegio al que ningún otro concursante tuvo acceso: a conversar con el presidente de la Comisión de Nombramientos.
"Esta actuación (...) demuestra el interés público de mantener la negativa de participar en el concurso de defensor de los Habitantes. Adicionalmente se reitera que, en este caso, existe el interés de las personas que sí cumplieron con el requisito máximo de entrega y que probablemente no tengan acceso al anterior presidente de la Comisión para que les exonerara de ese requisito", dice la PGR.
De acuerdo con la Procuraduría, hay "un interés particular que debe privilegiarse en relación con el interés de la parte actora".
Consultada sobre la demanda presentada por Zamora, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, respondió que aún no ha sido notificada sobre el contencioso administrativo.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que aún no se ha tomado una resolución sobre la medida cautelar solicitada por la exdiputada.
Afectación al interés público
Ante el reclamo de Zamora, la Procuraduría General manifestó que suspender el concurso para nombrar al jerarca de la Defensoría sí afectaría el interés público, porque ese nombramiento "es de suma importancia para el país".
"Representa parte del sistema de control sobre la actividad administrativa en defensa del administrado. (...) La Defensoría de los Habitantes defiende a un sector de la población vulnerable, generalmente de escasos recursos para acceder a fuentes formales de defensa", dice la PGR.
La Procuraduría también alegó que el reclamo de Mireya Zamora ni siquiera debería tramitarse en el Tribunal Contencioso Administrativo, porque este se refiere a asuntos relativos a la Ley General de la Administración Pública y el concurso se rige por las potestades que la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa atribuyen a los diputados de la República.
En ese sentido, Zamora pretende la derogación singular del Reglamento legislativo o la preminencia de la Ley de la Administración Pública sobre ese cuerpo reglamentario.
"Pero el Reglamento de la Asamblea es parte del parámetro de constitucionalidad", explica la procuradora en su oposición.
El proceso para nombrar un nuevo jerarca de la Defensoría continúa su curso en la Asamblea, donde el lunes pasado se hicieron las últimas entrevistas a los candidatos al puesto.
Para este viernes, los congresistas de la Comisión de Nombramientos definirán cuál será el postulante que recomendarán al pleno del Congreso.
Entre los candidatos a defensor de los Habitantes se encuentran Carlos Hidalgo, exvocero del Ministerio de Seguridad Pública; Pablo Barahona, exembajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D. C.; y Angie Cruickshank, miembro del Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN), hija del ex precandidato presidencial Clinton Cruickshank y sobrina del diputado del Partido Restauración Nacional Eduardo Cruicshank.
