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“No sean majaderos, no voy a dar declaraciones. Cualquier cosa que quieran saber, pregúntele al abogado". Así reaccionó el exdiputado de Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, cuando la prensa le consultó esta mañana por lo ocurrido en la audiencia privada en la que un juez separó “de manera inmediata” del proceso a su defensor.
El juez penal suspendió la audiencia porque el abogado Guido Núñez no se presentó. En consecuencia, el juzgador decretó el abandono de la defensa y le dio a Esquivel plazo hasta el próximo lunes para conseguir otro defensor. Si no lo presenta, tendrá defensa pública.
La audiencia fue convocada para definir si Esquivel irá a juicio por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. También están acusadas su esposa, Xinia Cortés y su hermana Wray Esquivel, supuestas beneficiadas de este cobro.
El fiscal a cargo del caso, José Pablo Miranda, aseguró que la defensa de Esquivel había presentado una solicitud de suspensión de audiencia porque no podría asistir, pero dicha solicitud fue rechazada.
Aunque su abogado no lo acompañó, Esquivel sí se presentó a los tribunales del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.
Insistió en que cualquier consulta debe hacérsele a su defensor.
Esta es la tercera ocasión en que la audiencia es suspendida, y la segunda ocasión en que la razón es la ausencia del abogado del exdiputado, quien en la primera convocatoria estuvo incapacitado.
La nueva audiencia se programará una vez definido el representante de Esquivel.
El proceso pretende determinar si Esquivel va a juicio por supuestamente haber cobrado arbitrariamente una cuota de su salario a tres funcionarios de su despacho en la Asamblea Legislativa.
Esquivel argumenta que usó ese dinero para el partido.
Sin embargo, según la acusación del Ministerio Público y una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no existe rastro de ese dinero en las cuentas de Renovación Costarricense.
Asimismo, la Procuraduría de la Ética Pública, apersonada en esta causa, encontró suficientes elementos para denunciar a Esquivel por este caso.
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Esta causa por concusión y enriquecimiento ilícito se suma a otro proceso contra Esquivel por tráfico de influencias que se elevó a juicio el pasado 27 de marzo.
En este otro expediente, se acusa a Esquivel de haber solicitado al exministro de Justicia Marco Feoli sacar de la cárcel a un pastor que fue condenado por la violación de una menor de edad con discapacidad.
La denuncia de este último caso la interpuso el mismo Feoli un año atrás.
Investigación
Tanto la Fiscalía como el TSE acusan a Abelino de haber cobrado una fracción de salario a sus funcionarios sin ningún fin justificado ni evidente.
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En setiembre del año pasado, el TSE concluyó en una investigación que el dinero cobrado a los funcionarios no llegó a las cuentas del partido, mientras los testigos relataron al órgano electoral que se lo dieron a su hermana y jefa de despacho Wray Esquivel.
Los tres empleados afectados detallaron al TSE la forma, el monto y el supuesto destino que tenía la cuota que les exigió de su salario el exdiputado, mientras trabajaron en su despacho. Era un requisito para el puesto y no les dieron mayor explicación.
Cuando el asunto detonó públicamente, el diputado argumentó que pidió el dinero como donaciones a su partido.
Según testimonios y comprobantes de pago en el informe del TSE, Esquivel y su hermana habrían recibido cerca de ¢4,2 millones.
En junio del año pasado, la Procuraduría de Ética Pública, que defiende los intereses del Estado en este caso, encontró pruebas suficientes para denunciar penalmente a Esquivel por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y concusión.
También, lo denunció por haber gestionado el nombramiento de su esposa como asesora, aunque esta no se presentaba a laborar.
La PEP reclama al diputado y sus familiares ¢66 millones por daño moral y patrimonial.
