El exdiputado socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez consultó a la Contraloría General de la República (CGR) si podría pertenecer, al mismo tiempo, a las juntas directivas del Banco Popular y del Cuerpo de Bomberos.
Sánchez fue designado en el 2022 por el mandatario Rodrigo Chaves como representante del gobierno en el máximo órgano del Banco Popular y, el pasado 26 de setiembre, fue nombrado como presidente de dicho foro.
Debido a este último nombramiento, el tres veces exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se vio obligado a renunciar a la Junta Directiva de Popular Fondos de Inversión (SAFI), de la que también era parte desde hace un año.
Ahora, Sánchez también aspira a ocupar un puesto en el Consejo Directivo de la institución de socorro. Por ello, según confirmó a La Nación, envió una consulta a la Contraloría.
Dicha entidad indicó a este medio, el pasado jueves, que recibió la gestión el 14 de setiembre y que el asunto es tramitado por la División Jurídica. Agregó que al solicitante se le pidió que “acompañe información complementaria para atender lo solicitado”.
En la actualidad, Bomberos tiene abierto un proceso electoral interno para designar a los sustitutos de dos directivos cuyo nombramiento se vence en este mes de octubre.
El exlegislador manifestó que la Ley 8822, en su artículo 17, permite a personas que no sean funcionarias públicas integrar hasta tres juntas directivas diferentes y devengar sus respectivas dietas.
Dicha normativa solicita que, si un ciudadano requiere integrar más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados, debe contar con el visto bueno de la CGR.
“Por iniciativa propia he procedido a solicitar a la CGR su criterio o aval para poder participar en ambas instancias y acataré lo que el órgano contralor resuelva”, manifestó.
El pasado mes de setiembre, el exdiputado del PUSC se rehusó a confirmar a este medio su participación en el proceso electoral.
Mónica Araya, presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), afirmó que, siempre que no exista superposición horaria y no se pertenezca a más de tres juntas directivas, no hay prohibición específica para integrar el Consejo Directivo de Bomberos.
“En cuanto a las limitaciones para la remuneración de los miembros de juntas directivas, el artículo 43 de la Ley de Salarios de la Administración Pública establece que no podrá superar por mes el equivalente a diez salarios base mensual de la categoría más baja de la escalada de sueldos de la Administración”, agregó.
La dieta que recibe un directivo del Banco Popular por sesión es de ¢210.365. Debido a que sesionan dos veces a la semana sus pagos mensuales pueden llegar a los ¢1.680.000, monto que se reduce a ¢1.430.000 por el impuesto de renta.
En el caso de Bomberos, su reglamento establece que las dietas para los miembros del Consejo serán el 50% de las percibidas por los directivos del INS, por lo que el monto final es de ¢45.000 por sesión. Esta directiva sesiona, en promedio, dos veces al mes.
Denuncia de favorecimiento a candidatos
La participación de Jorge Eduardo Sánchez en el proceso interno de Bomberos se ha visto rodeada de cuestionamientos ante una denuncia por supuesto uso de recursos institucionales para reunir firmas en favor de su postulación y la de otra figura del PUSC.
Según la denuncia de un grupo de funcionarios, la cual está en manos de este medio, se han utilizado vehículos institucionales, personal y combustible de ese cuerpo de socorro.
Esa denuncia fue recibida el pasado 12 de setiembre por la presidenta del Consejo Directivo de Bomberos, quien confirmó a La Nación que internamente se investiga el caso.
El escrito presentado ante Araya denuncia que los recursos institucionales habrían sido empleados para recoger firmas en favor de las postulaciones de Sánchez y Eduardo Antonio Vílchez, también militante del PUSC.
La denuncia señala que varios funcionarios de la entidad se desplazaron, en horario laboral y utilizando vehículos institucionales, a varias sedes de país para recolectar firmas en favor de ambas aspiraciones.
Una vez que un funcionario da su firma a un aspirante a la directiva no puede apoyar a ningún otro, por lo que los denunciantes alegan que la administración ha interferido para colocar a sus candidatos favoritos.