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El exdiputado del PASE Óscar López solicitó al Directorio de la Asamblea Legislativa, en una carta enviada el 7 de mayo, que se le nombre en una plaza vacante de profesional 2B del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Además, la excongresista Marta Arauz, del Partido Liberación Nacional (PLN), busca un puesto dentro del Departamento de Participación Ciudadana, según consta en nota enviada por el director de esa oficina.
López, quien acaba de ser acusado penalmente por supuestos nombramientos fantasma en el Congreso, alega que la Asamblea debe cumplir con una cuota de plazas para personas con discapacidad.
El Ministerio Público acusó a López y a otros tres exdiputados de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) por un presunto peculado. Les achaca haber nombrado en plazas de asesores de la Asamblea Legislativa a familiares o amigos, quienes no se presentaron a trabajar.
“La otra conducta tiene que ver con el uso de dos plazas de asesores para que trabajaran con el señor López, en momentos en que él no era diputado de la República”, agregó la Fiscalía.
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En la nota enviada y conocida ya por el Directorio legislativo, para pedir un puesto, Óscar López dice que es licenciado en Derecho con una maestría en Derechos Humanos, y asegura que tiene 11 años de experiencia parlamentaria.
Los 11 años suman, según el exparlamentario, sus dos periodos como legislador (2006-2010, 2014-2018) y tres años como asesor ad honorem de la bancada que tuvo su agrupación entre el 2010 y el 2014.
Alega que esos 11 años le han permitido alcanzar con precisión y dominio el conocimiento detallado del Reglamento Legislativo, de la jurisprudencia constitucional aplicable al trámite de los proyectos de ley y de la legislación pública que acompaña el cotidiano trabajo de la Asamblea Legislativa.
Pero el argumento principal que usa el excongresista del PASE es el de la cuota del 5% de las plazas que se les debe reservar para personas con discapacidad, según la ley 8862.
“Señala de manera respetuosa, que nuestra Asamblea Legislativa mantiene un pendiente con la ley 8862”, dice López en su carta.
También, incluye cómo parte de su experiencia la de asesor presidencial de Abel Pacheco en materia de discapacidad y presidente del Patronato Nacional de Ciegos entre el 2003 y el 2005.
En el caso de Arauz, se conoció la petición del director de Participación Ciudadana, Juan Carlos Chavarría, en sesión del Directorio del 16 de mayo, pero aún está por resolverse si se acoge la petición.
En el oficio de Chavarría, enviado el 3 de mayo, dice que Arauz, con un bachiller en Educación y “experiencia en gestión cultural”, se ajusta al perfil para “fortalecer el área de formación cívica”.
Juan Carlos Chavarría era asesor parlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y accedió al puesto de director de Participación Ciudadana a instancias del Directorio que presidía Henry Mora, junto con los socialcristianos Jorge Rodríguez y Luis Vásquez.
Además de López y Arauz, que buscan ser funcionarios legislativos de planta, también se quedaron trabajando en la Asamblea el liberacionista Michael Arce, como jefe de asesores del PLN, y la socialcristiana Rosibel Ramos, en la oficina de María Vita Monge, diputada del PUSC oriunda del mismo cantón que Ramos.
La tendencia a que los diputados salientes busquen trabajo en el Congreso no es nueva, pues ya al cierre del periodo 2010-2014 se quedaron varios congresistas en puestos de confianza y de planta.
Agnes Gómez, Sianny Villalobos, Annie Saborío y Juan Bosco Acevedo, todos del PLN, se quedaron como asesores de diputados, así como Walter Céspedes, del PUSC, quien por un tiempo fue jefe de asesores de la Unidad y, luego, laboró solo para Rafael Ortiz, hasta que le dejaron vencer su nombramiento y no se lo renovaron.
Edgardo Araya Pineda, quien fue jefe del PLN durante una legislatura, encontró un cargo en el Departamento de Servicios Parlamentarios, igual que lo hizo por un tiempo el expresidente parlamentario liberacionista Luis Fernando Mendoza, hasta que logró la alcaldía de Cañas.
El expresidente legislativo Víctor Emilio Granados, quien llegó en el 2010 al Congreso de la mano del PASE y luego se declaró independiente, también buscó un escritorio de Servicios Técnicos, como abogado de planta con labores de análisis de proyectos y asesoría para las comisiones legislativas.
En el caso de Gómez, se quedó para este nuevo periodo como directora administrativa de Liberación, el máximo puesto al que puede aspirar un asesor de confianza partidario.
Sianny Villalobos labora ahora para el diputado limonense David Gourzong y Annie Saborío, quien trabajaba para Rolando González, se jubiló.
Acevedo había vuelto a la política municipal, para el periodo 2016-2020.
