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Ocho personas que trabajaron en la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, en el 2021, afirmaron bajo juramento que nunca firmaron contrato ni les pagaron cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni póliza de riesgos del trabajo. Solamente tenían un “contrato verbal”, dijeron.
Se trata de Álvaro Picón, exjefe del centro de contacto de la campaña de Chaves; Crystal Castillo, Mariana Villalta, Rohan Barrios, Karla Mora y Fanny Garita, quienes realizaban y atendían llamadas; así como Margarita Parra, que fungió como miscelánea, y Kathia Calvo, que administró la sede del fideicomiso Costa Rica Próspera y hoy es jefa de despacho de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Adilia Caravaca.
Ante los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, estas ocho personas confirmaron que trabajaron entre julio y setiembre de 2021 sin seguro, pólizas ni vacaciones. Todos ellos eran subordinados de Sofía Agüero, exasistente personal de Rodrigo Chaves e hija del actual diputado, Waldo Agüero.
Mariana Villalta explicó que ella trabajaba de 11 a. m. a 8 p. m. en la sede de campaña, pero no le pagaban jornada mixta ni horas extra si laboraba fuera del horario.
Recordó que ganaba aproximadamente ¢170.000, pero no especificó si era la remuneración era quincenal o mensual. De este mismo dinero debía pagar “impuestos” a un contador que la propia campaña les asignó, dijo.
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Esta misma situación les ocurrió a Crystal Castillo, Karla Mora y Fanny Garita, quienes recordaron que, al ser despedidas, les dieron “una plata” a modo de liquidación, aunque no les desglosaron cuánto correspondía a vacaciones, preaviso, cesantías o aguinaldo.
En el caso de Parra, ella laboró sin pago de cargas sociales entre junio y setiembre de 2021. Posteriormente, su situación laboral se regularizó, cuando el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) asumió la campaña. Ella se mantuvo laborando sin interrupciones hasta la segunda ronda electoral.
“A nosotros nos despidieron porque en un momento llegó el Ministerio de Salud a comprobar si teníamos seguro, pero nos despidieron para no pagarlo porque éramos muchos. Nos contrataron por servicios profesionales. Al final de mes pagábamos Hacienda y teníamos un contador”, aseveró la madre soltera de una niña de cinco años, quien tomó el trabajo luego de año y medio de estar desempleada.
La sede de campaña estaba en el barrio La California, en San José.
Encargado del centro de contacto
Álvaro Picón era el encargado del “centro de contacto de la campaña de Rodrigo Chaves”, según sus propias palabras. Ahí tenían siete personas empleadas, una por cada provincia. Ellos llamaban a ciudadanos para recabar su información, consultarles si querían colaborar con la campaña y ofrecerles ser fiscales de mesa durante las votaciones.
Picón reconoció que él también trabajó bajo un “contrato verbal”, sin pago de cargas sociales ni póliza; tampoco le pagaron liquidación cuando dejó el puesto.
Añadió que su jefa era Sofía Agüero, aunque el depósito de su salario y el de sus colaboradores lo realizaba la sociedad ATA Trust Company, firma vinculada al actual canciller, Arnoldo André Tinoco, que se encargaba de administrar el fideicomiso que financió la campaña de Chaves.
Los diputados indagan, precisamente, si ese fideicomiso captó recursos y ejecutó gastos electorales al margen de las cuentas del PPSD, como una estructura paralela, sin reportes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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Rohan Barrios también trabajó en el centro de llamadas. Sin embargo, su vínculo laboral no terminó en setiembre del 2022, debido a que posteriormente fue contratado por la hoy vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, como fotógrafo y diseñador gráfico.
Para el periodo comprendido entre diciembre del 2021 y abril del 2022, Barrio sí firmó un contrato con el PPSD, y estuvo bajo las órdenes de Emmanuel Figueroa, exjefe de campaña, y Federico Cruz, asesor de imagen del presidente Chaves.
Barrios aseguró que su contrato terminaba el domingo 3 de abril de 2022, fecha de la segunda ronda electoral. Al día siguiente, el empresario y financista de campaña, Calixto Chaves, le pidió continuar su colaboración.
“Trabajé dos meses más para la creación de lo que es hoy por hoy la línea gráfica de Casa Presidencial, el logo, todo eso. Nadie me pagó eso, de gratis. Éramos varios colaboradores, a ese grupo de personas sí les pagó Federico Cruz, pero yo no trabajaba para él, según lo que dice él, entonces no hay a quién cobrarle, regalé mi tiempo”, lamentó el compareciente.
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Kathia Calvo administró la sede del fideicomiso Costa Rica Próspera, posteriormente fue candidata a diputada por el PPSD y hoy es jefa de despacho de la presidenta ejecutiva del Inamu.
Ella admitió que su contrato también fue verbal y no le pagaron seguro ni otras cargas sociales. Sin embargo, desmintió que las trabajadoras del centro de llamadas fueran despedidas para evitar el pago del seguro.
“Cuando llegó Salud, fue a hacer la inspección que es requisito para la inscripción del espacio de un partido político. A ellas no les continuaron el nombramiento porque a partir de la ratificación de don Rodrigo como candidato de PPSD, el tema financiero pasó al partido, ya no al fideicomiso; entonces, el partido decidió cuál personal se dejaba y cuál no”, justificó Calvo.
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Diputados pedirán investigar abusos laborales
Los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales aprobaron de forma unánime una moción para pedir al Ministerio Público y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que se investiguen los abusos laborales y la evasión de cargas sociales expuestos en la comparecencia.
El diputado liberacionista, Francisco Nicolás, fue quien redactó y presentó la propuesta.
“Me conmueve esto. Estamos discutiendo en el congreso la explotación por las jornadas esclavizantes de 12 horas, y estamos oyendo testimonios de personas de carne y hueso que han sufrido jornadas extraordinarias, no les pagan cargas sociales, las liquidan como les da la gana y ni siquiera les pagan la póliza de riesgos”, criticó el verdiblanco.
Por su parte, la legisladora socialcristiana y presidenta de la comisión, Vanessa Castro, reconoció los abusos laborales expuestos e invitó a las comparecientes a reclamar sus derechos laborales.
“Se cometieron arbitrariedades en lo laboral, porque no se puede hacer mezcla de dos figuras: servicios profesionales y jornadas donde hay horario y subordinación. Todavía tiene posibilidad de reclamar sus extremos laborales, me siento en la obligación de decírselos como mujer. Hay un abuso en materia laboral”, declaró la congresista.
Finalmente, el frenteamplista Ariel Robles resaltó la valentía de las comparecientes para denunciar ante los legisladores lo ocurrido durante su relación laboral con el fideicomiso Costa Rica Próspera.
“Llevar palo es trabajar por necesidad, es trabajar porque uno no tiene otra opción, y tiene que aguantar las condiciones. Esto es absolutamente vergonzoso, esta es la Costa Rica real, muchas gracias por la valentía. Que paguen los que tengan que pagar ante hechos tan lamentables y vergonzosos”, aseveró Robles.
